En cualquier análisis electoral, bien sea de sus resultados y para efectuar un diagnóstico, o bien sea con fines predictivos, han de identificarse con acierto las variables de mayor incidencia en la formación del voto y en la traducción de éste en la composición del órgano a elegir. En ambos casos -diagnóstico y predicción- el análisis es indispensable para el correcto diseño de las estrategias electorales.
No es infrecuente que algunas de esas variables presenten una fuerte correlación pero conviene poner especial atención en aquellas que no solo contienen mayor valor explicativo o cognitivo sino sobre todo mayor capacidad de tomarse en cuenta en el referido diseño de estrategias.
En el caso que nos ocupa -España- la variable territorial es probable que sea la de mayor relevancia y sin embargo es a la que menor atención suele dedicarse en los análisis convencionales al uso, ya sean de los resultados, ya sean de los sondeos y encuestas. Tal importancia reside en un doble motivo, en primer lugar por la marcada diversidad en el comportamiento electoral de los diferentes territorios; pero no solo, sino también y quizás sobre todo por las peculiaridades del sistema electoral español a cuya explicación hemos dedicado las precedentes entregas de esa serie de artículos reseñados al principio del presente.
Hay 26 circunscripciones en las que el número de diputados que se eligen es menor de 6 y envían al Congreso el 28 % de la totalidad, con una población de solo el 18% del total nacional
Partiendo de esa base, en lugar de los análisis o las prospecciones -incluidos sondeos y encuestas- referidos a la totalidad del cuerpo electoral o sea al conjunto de las 52 circunscripciones en que queda dividido como consecuencia del sistema electoral [1], resulta indispensable proceder al agrupamiento intencionado de distintas circunscripciones.
Cuatro son los grupos que a este respecto parecen presentar máximo interés [2], en cuanto revelan un suficiente grado de homogeneidad en el interior de cada uno y en cambio una marcada diferenciación entre ellos. Además de esto la referida agrupación como en seguida se verá añade la ventaja adicional de que tales grupos presentan un peso equilibrado en cuanto al número de escaños que les corresponden en el Congreso. Y por último, tal subdivisión permite evidenciar el enorme desequilibrio entre el referido peso y el que representa el respectivo cuerpo electoral.
Hay 26 circunscripciones [3] en las que el número de diputados que en cada una se elige es menor de 6 (dos circunscripciones de 1; una de 2; 8 de 3; 8 de 4 y 7 de 5) y que en su conjunto envían 95-96 diputados al Congreso, es decir el 28 % de la totalidad del mismo. La población -o mejor aún los electores de dicho conjunto- representa sin embargo solo el 18% del total nacional.
Hay otras 13 circunscripciones en las que se eligen entre 6 y 9 diputados. (En 4, 6; en 5, 7; en 3, 8 y en una 9). Entre todas ellas suman otros 92 diputados es decir el 26% del total. En términos de población suponen el 25 %.
Por sí solas otras 6 provincias con 10 o más diputados cada una eligen a otros 97 diputados que representan el 28% del Congreso. Aportan el 35 % de la población española.
Po último, hay otras 7 provincias pertenecientes a las Comunidades Autónomas en que el sentimiento nacional -es decir el del deseo o voluntad de constituirse soberanamente en naciones federadas, confederadas o independientes-, es más fuerte y quizás mayoritario. En cualquier caso su comportamiento electoral con respecto al resto es muy distinto. Nos referimos, claro está, a Euskadi y Catalunya [4]. En conjunto eligen a 66 diputados (el 19%) y su población supone un porcentaje similar (el 21%)
El “coste” medio por diputado es muy diferente en cada una de ellas, como lo es, por lógica, el grado de distorsión o de ajuste en la proporción entre votos y escaños o dicho de otro modo, la altura de la barrera efectiva para que un partido pueda entrar en el Congreso; en prácticamente todas ellas muy por encima de ese 3% legal que en sentido estricto solo es efectivo en una - Madrid- y casi ni eso. En el primer grupo de las 26 menores el umbral o barrera se sitúa en torno al 15%.
El “coste” medio por diputado es muy diferente en cada provincia. En el primer grupo de las 26 menores el umbral o barrera se sitúa en torno al 15%.
Tales costes medios se sitúan en los siguientes entornos: en el primer grupo 50 mil votos por diputado, en el segundo 65 mil, en el tercero 85 mil y en el cuarto y último 72 mil.
Esa subdivisión por lo demás presenta otra característica de naturaleza política que supone una fuerte diferenciación entre sus grupos como consecuencia del perfil político dominante de sus electores. Tales características pueden presentar y de hecho presentan una intensa correlación con otras variables explicativas del distinto comportamiento de sus electores, tales como las demográficas (peso generacional relativo, niveles de instrucción, religiosidad etc). De todo ello, sin necesidad de profundizar demasiado, lo que si cabe afirmar es el carácter conservador que domina en el primero de los grupos o sea el de las 26 provincias (la mitad del total), y que por evidente nos ahorra extendernos aquí con pruebas que lo acrediten de modo fehaciente.
Ese carácter conservador se refiere y expresa en un doble aspecto: la mayor resistencia al alejamiento o abandono del bipartidismo turnista; y la mayor propensión al apoyo al partido más a la derecha de los dos que conforman el turno. Para la preservación de ambos aspectos el sistema electoral resulta ser un refuerzo decisivo.
Desde que la crisis del bipartidismo se manifestase de forma abrupta en 2015, la evolución posterior en lo que se refiere al propio bipartidismo como sobre todo en su resistencia en tanto obstáculo al acceso al Congreso merced a los votos conseguidos en esas circunscripciones, resulta muy reveladora. Tanto al cuantificar esa resistencia, como y sobre todo en la explicación del relajamiento o más bien abandono de la pujanza impugnatoria y deconstituyente que al principio tuvo -entre uno de los nuevos partidos emergentes- esta intolerable discriminación que condena a cientos de miles de electores a la condición de excluidos propia de un sistema censitario [5].
En efecto, en 2011 cuando el PP de Mariano Rajoy arrasa electoralmente y consigue por sí solo mayoría absoluta, el bipartidismo se halla todavía casi en la cima. Pues bien en las elecciones de ese año en el grupo de las 26 provincias (con menos de 6 diputados) los dos partidos de turno acaparan 97 de los 99 escaños correspondientes al mismo [6].
En cada voto perdido, detrás de él, ha habido un ciudadano estafado por un sistema electoral aceptado con sumisión
Años más tarde -en noviembre de 2019- cuando el bipartidismo lleva ya varios años en una crisis difícilmente remontable, los dos partidos dinásticos que solo han conseguido en ese grupo el apoyo del 61% de votantes, todavía reúnen el 77% de los escaños (76 diputados). Unidas Podemos (UP) con el 10,5% de los votos, solo consigue arañar 2 diputados [7]; y Ciudadanos con un porcentaje de votos menor (6,3 %) -aunque muy superior al umbral legal del 3%- se queda sin ninguno. Al tiempo VOX -el huevo de serpiente incubado en el seno del PP- ya ha irrumpido con fuerza y consigue arrancar a su progenitor 15 diputados. Se entroniza así la importancia del tercero en discordia, pero solo a condición de un muy significativo apoyo en las urnas (el 17% consignó VOX en ese grupo de provincias en las últimas elecciones generales celebradas en España). Consecuencia de los nimios resultados obtenidos por UP y C’s, de los 471 mil votos conseguidos por el primero, 376 mil correspondientes a 24 provincias fueron en directo a la basura (para pasar a continuación a engrosar los escaños de PSOE y PP.) Por su parte idéntico destino tuvieron, al completo los 285 mil de C’s. Esos 376 mil votos inservibles hubieran significado 7 diputados en términos proporcionales del voto.
Hubiera sido entonces la ocasión de tomar conciencia de que las expectativas de ‘sorpasso’ en 2015 -por los extraordinarios resultados de Podemos- habían alimentado la idea -que resultó ser mero espejismo- de que los rigores del sistema electoral eran cosa del pasado y que ya no eran para tanto o que incluso cabía esperar que pronto pasasen a jugar a favor en un ejercicio de justicia poética.
Así, los 12-13 escaños conseguidos por Podemos y por UP antes y después de su unión electoral con IU, nublaron la realidad de que todavía por entonces es decir después de esa unión, 245 mil votos (en 14 provincias) no habían tenido otro provecho que el de incrementar los que proporcionalmente hubieran correspondido a la eterna pareja PP y PSOE. Votos que representaban el 30 % del total obtenido. Votos que eran traducibles en 5 escaños.
Cierto es que antes de la unión (10- N 2015) fueron más los votos inservibles tanto de Podemos (371 mil en 15 provincias), como de IU (176 mil en las 26 provincias, es decir, sin representación en ninguna) y que su conjunto -550 mil-representaba un porcentaje todavía mayor (37%) de votos perdidos. Tan abultado número con su indudable perjuicio para los partidos afectados no debería sin embargo olvidar el daño principal: en cada voto perdido, detrás de él, ha habido un ciudadano estafado por un sistema electoral aceptado con sumisión.
[1] Como cabe deducir de lo hasta aquí escrito el reiterado uso en el presente artículo de la expresión “sistema electoral” en vez de ley electoral no es indiferente o casual.
[2] Alberto Penedés en el análisis del sistema electoral publicado bajo el título “El sistema electoral: diagnóstico y reformas” (nº 173 de Nueva Revista, 6 mayo 2020) sugiere una subdivisión y reagrupación en tres en lugar de cuatro ámbitos espaciales que en parte coinciden con los propuestos y descritos aquí en las páginas que siguen aunque con la importante diferencia de integrar dentro de dichos grupos las provincias de Catalunya y Euskadi. Lamentablemente dicho trabajo que contiene apreciaciones de interés (junto a errores conceptuales y políticos de grueso calibre), se mueve dentro de un marco mental meramente tecnicista (tecnocrático ) y sus conclusiones propositivas -meramente académicas sobre un asunto de gran calado político-, resultan casi sonrojantes por conservadoras y al mismo tiempo irrealizables-
[3] 24 provincias más las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
[4] Navarra con 5 diputados elegibles podría incluirse indistintamente en este grupo o bien el de las de menor número de diputados, sin que ello incida en el análisis o lo distorsione
[5] Aunque C’s (Ciudadanos) se ha lamentado a menudo de la antedicha discriminación jamás lo ha hecho -a diferencia del otro nuevo partido, Podemos- desde posiciones impugnatorias, sino de corte tecnocrático y en tono plañidero, incluso con estrambóticas propuestas (ver al respecto el documento titulado “El derecho al sufragio igual: la cuadratura del círculo” de publicación reciente -2022- de Jorge Urdánoz Ganuza, ya en plenos estertores menguantes de ese partido).
[6] EH Bildu y Gbai obtienen uno cada uno en una sola de esas provincias: Navarra. El PP se adjudica 64 y el PSOE 36. Entre ambos reúnen así el 98% de los escaños mientras que los votos obtenidos por ambos ‘solo’ alcanzan el 86%.
[7] Uno en Navarra, la provincia más atípica de este grupo solo incluida en él por su reducido número de diputados; y el otro en Castellón, donde en esa ocasión aventajó claramente a Compromís que presentó su propia lista
