Germinando consciencia y conciencia

En el 20º Congreso de Seguridad alimentaria y calidad de AECOC, celebrado el 28 febrero 2023, los agentes implicados en la cadena alimentaria, reunidos allí, se hacían eco del último estudio del TrustTrucker elaborado por el European Food Information Council, estudio en el que participaron 23.000 consumidores de 18 países europeos, de él se desprende que los españoles puntúan con un 4,8% sobre 7 a los diferentes agentes que la conforman, con nota tan solo inferior a la que otorgan los finlandeses y notablemente superior al 4,4 que registran el conjunto de países europeos. Igualmente en el análisis de la confianza de los alimentos, los españoles puntúan con un 4,5 sobre 7 la integridad de los alimentos que consumen, la media europea se sitúa en 4,3 y está tan solo por detrás de las que otorgan los finlandeses, británicos y daneses.

CONFIANZA parece la palabra clave, y parece que, en este momento, los consumidores españoles, a la vista del comportamiento de los precios en el sector alimentación, están empezando a desarrollar cierta desconfianza hacia un sector que mostró su fortaleza y compromiso durante la pandemia Covid 19.

1. Milmillonarios
2. Precios al alza
3. Hábitos de compra
4. Observatorio de márgenes empresariales
5. Antecedentes legislativos
6. Seguridad alimentaria
7. Estrategia NAOS y código PAOS
8. La necesaria información al consumidor
9. Clarificación de las normas
10. Los consumidores demandan empresas y marcas responsables con la sostenibilidad
11. Desperdicio alimentario
12. Servicios de atención al cliente
13. Plano internacional
14. Derecho a la información

Veamos el contexto.

Milmillonarios

Según Franc Cortada, Director de Oxfam-Intermón:

“Por cada dólar de nueva riqueza global que recibe una persona del 90% más pobre de la humanidad, un milmillonario crece a un ritmo de 2800 millones de dólares diarios. Esto se suma a una década de ganancias históricas en la que el número de milmillonarios y su riqueza se han duplicado. Desde 2020, el valor conjunto de la riqueza de los milmillonarios españoles ha aumentado en casi 3000 millones de dólares, lo que equivale a un aumento de aproximadamente 3 millones de dólares al día. Mientras, los hogares más vulnerables sufren para llenar la nevera o mantener una temperatura adecuada, el extraordinario crecimiento de los beneficios empresariales en sectores como el de la energía y la alimentación ha disparado de nuevo los patrimonios de los más ricos. Los milmillonarios españoles se recuperan con rapidez de las embestidas de la pandemia y de las subidas de precios. En 2008, el 1% con mayor riqueza concentraba el 15,3% de la riqueza neta total, pero en 2021 ya representaba un 23,1, aproximadamente 1 de cada 4 euros. La evolución de la desigualdad en España es un fenómeno preocupante, mientras los salarios pierden peso y capacidad de poder adquisitivo, las grandes empresas aumentan beneficios y la riqueza en España sigue concentrándose en manos de unos pocos. Entre enero y noviembre de 2022, la inflación ha reducido el poder de compra de los hogares en peor situación, un 26% más que el de aquellos con mayores ingresos. Al mismo tiempo los salarios en términos reales, caen a niveles similares a los vividos durante los peores años de la gran crisis iniciada en 20087 y son ya un 4% inferiores a los de entonces. Al mismo tiempo los beneficios, especialmente de las grandes empresas, se han mantenido e incluso han crecido. En 2021, el beneficio de las empresas del IBEX 35 en su conjunto fue ya un 63% superior al de 2019 e incluso un 55% por encima a la media de los resultados de los cinco años pre-pandemia (entre 2015 y 2019). Esta tendencia se ha acelerado en el último año, tan solo en el tercer trimestre de 2022 anunciaron resultados un 30% superiores a los del mismo periodo del año anterior. A finales de 2022, los márgenes de las empresas eran ya un 60% superiores a los de finales de 2019, mientras los salarios apenas habían crecido un 4%. La actual crisis inflacionaria podría suponer un importante canal por el que se transfieren rentas salariales hacia rentas del capital, perjudicando doblemente a los hogares más pobres y vulnerables, dada su escasa participación de los beneficios empresariales”.

Sigamos con más datos.

Precios al alza

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha hecho público en el Anuario Alimentación en España 2021 que el gasto total en alimentación y bebidas ascendió en 2021 a 102.552,10 millones de euros, la participación de los hogares en este gasto se cifra en 74.543,60 millones de euros (72.7%), igualmente se señala en el estudio aportado por el Ministerio que los consumidores españoles siguen demandando productos frescos: carne, un 19,9%, patatas, frutas y hortalizas frescas un 18,5%, pescados 13,1%, pan 4,4%. Al mismo tiempo, la leche y derivados lácteos alcanza un 11,3%, bollería y pastelería 4,1, aceite de oliva 1,6% o los plantos preparados 4,6%. Interesantes son los datos derivados del Anuario sobre la elección del lugar de compra, destacando la importancia de los supermercados, incluyendo a las tiendas descuento, con un 62,9% de cuota de mercado que han crecido en detrimento del comercio especializado (12,7% de cuota) que sigue tendencia decreciente. Los hipermercados cuentan con una cuota del 13,2, y se estima que el comercio electrónico representa un 2,4% en el total de la alimentación con tendencia creciente.

La cotización internacional de los alimentos acumula doce meses de caídas consecutivas, de forma que los alimentos son, a cierre de marzo 2023, un 20,5% más baratos que hace un año, y cuestan un 2,1% menos que en febrero, según publicó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Sin embargo, esta tendencia a la baja en el precio de los alimentos no se observa en los supermercados, ya que queda diluida a lo largo de toda la cadena alimentaria. Los alimentos eran un 16,6% más elevados que en febrero 2022, y en los datos adelantados de marzo los precios son un 3,3% más elevados que hace un año. Los costes energéticos, de producción y de transporte, el impacto de los márgenes comerciales, las escasas cosechas por la climatología y el desfase temporal que se produce desde que los precios empiezan a caer en el mercado internacional hasta que se traslada la bajada a la cesta de la compra doméstica, hasta ahora, ¿han impedido que los consumidores no hayan visto resultados a la baja en su compra habitual?

Según Miguel Sebastián (El Español 21 mayo 2023) el peso relativo del sector alimentación en la cesta de la compra, se concreta en:

• “Primero: La importancia relativa del Grupo Alimentos y Bebidas no alcohólicas en el IPC , un 22,6%, en 2023, un 19.6%
• Segundo: Se comprueba la importancia de Alimentación en el IPC, es importante porque se puede renunciar a sustituir unos bienes por otros, pero no a la alimentación, los hogares más vulnerables se ven más afectados por la subida de los precios de la alimentación.
• Tercero: Se puede decir, sin exagerar, que los alimentos no es que tengan el mayor protagonismo de la evolución reciente de los precios, sino que son prácticamente los únicos responsables de nuestra tasa de inflación actual
• Cuarto: ¿se pueden identificar en qué punto o puntos de la cadena se4 producen márgenes excesivos que expliquen la resistencia a bajar la inflación de los alimentos, tal y como ha ocurrido con el resto de los grupos del IPC? La respuesta es muy complicada, por la ausencia de datos.”

Hábitos de compra

Los consumidores españoles están modificando sus hábitos de compra debido a la inflación de los precios, según el Informe elaborado por Capterra y publicado en mayo 2023. Un 85% de los mismos ha modificado su comportamiento de gasto y solo un 15% afirma que gasta como siempre, en el caso de alimentación, el 63% afirma que ahora compra menos que antes, mientras que el 31% asegura que compra igual y el 4% que ahora compra más. Igualmente un 73% de los consumidores admite que busca más descuentos, el 53% asegura que investiga más antes de comprar, el 52% dice que aprovecha más los descuentos, el 27% admite que participa en programas de fidelización con más frecuencia y el 16% dice que compra más productos de segunda mano, y dentro de su comportamiento de ahorro, el 65% de encuestados compra productos más baratos, el 57% compra marcas blancas, el 52%  ha retrasado o dejado de hacer compras grandes y el 22% de encuestados reserva más dinero para ahorrar. Una conclusión final evidencia la desconfianza de los ciudadanos, el 48% respondió que cree que las empresas no están haciendo lo suficiente para ayudar a los consumidores.

Un 48% de los ciudadanos cree que las empresas no están haciendo lo suficiente para ayudar a los consumidores

Hay que tener en cuenta que las medidas adoptadas por el Gobierno de España para ayudar a las familias (bajada del IVA en algunos productos de alimentación) parece que han ido a engrosar los márgenes comerciales de la cadena alimentaria, sin que los consumidores hayan visto, con carácter general, los efectos de las mismas. Además las medidas adoptadas por los establecimientos comerciales para no desglosar la bonificación del IVA en el ticket o factura de compra a los consumidores ha hecho que esta medida no haya podido ser contemplada por los ciudadanos como ayuda en estos momentos difíciles; se ha diluido sin que se pudieran apreciar las mismas por la población.

Observatorio de márgenes empresariales

En abril 2023, la entonces vicepresidenta Nadia Calviño anunció la creación de un Observatorio de Márgenes empresariales con el objetivo de mantener la competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios y una distribución “adecuada” de las rentas, un Observatorio que debería preservar la competencia empresarial y conocer los márgenes empresariales, ante un escenario de volatilidad, elevada inflación e incertidumbre económica a nivel global. Este Observatorio, según las noticias de prensa, dará seguimiento a los trabajos de análisis de márgenes empresariales que ya viene realizando el Banco de España y utilizará los datos y las estadísticas tanto de la entidad como del Ministerio de Hacienda o del Instituto Nacional de Estadística, entre otros. CCOO valoró de forma “muy positiva la creación del Observatorio para preservar la competencia y evitar el abuso de las empresas, igualmente solicita que se sumen al Observatorio la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo. Igualmente CCOO solicitó la publicación de información actual e individual a partir de los registros tributarios sobre las empresas energéticas y las que forman parte de la cadena alimentaria debido a su potencial inflacionario". A recordar que desde el año 2010 Francia tiene en marcha un observatorio sobre la formación de precios y márgenes de los alimentos. El Presidente de la CEOE ha afirmado este año,  que no apoyará el observatorio si lo que supone es más intervencionismo en las empresas.

El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, confirmó el 18 de mayo 2023, que el Observatorio para vigilar los márgenes empresariales comenzaría a operar en junio 2023 con los datos del primer trimestre de ese año, que serían analizados de manera agregada y por sectores, sin señalar a empresas concretas. Sus resultados habrá que irlos valorando en la medida en la que sirvan para introducir mayores niveles de información y transparencia en sectores a veces opacos, información y transparencia que pueden transformarse en CONFIANZA en los sectores que vayan avanzando en esos criterios.

Recordemos que ya existe un Observatorio de la Cadena Alimentaria, en la reunión de este órgano, celebrada el 29 marzo 2023, no se alcanzó ningún acuerdo para frenar el encarecimiento de los precios de los productos alimentarios. En este Observatorio están presentes el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General de Industria Alimentaria, las CCAA y la FEMP, MERCASA, las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas (ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España) La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la Distribución Comercial: ANGED, ASEDAS, ASOMAFRUT, CEDECARNE, COEMFE y FEDEPESCA) y los consumidores (HISPACOOD y UNAE). Los asistentes no han logrado alcanzar el consenso y se han emplazado a crear diferentes grupos de trabajos a partir de abril para avanzar en los estudios de la cadena de valor de determinados alimentos (aceite de oliva virgen extra, leche líquida, melocotón, nectarina, patatas, tomate, cítricos y miel). Los agricultores comentaron en la reunión que “la distribución mantiene el margen, mientras que al sector primario se le redujo un 8,5% su margen neto”. Este Observatorio no parece que vaya a encontrar la causa del incremento de precios que se traslada al consumidor, aunque puede ser un elemento interesante que pueda ayudar al Observatorio de Márgenes empresariales en alguno de sus trabajos.

Antecedentes legislativos

La Constitución Española de 1978 en su artículo 51 establece:

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la Ley establezca.
3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la Ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

La Ley 26/1984 General para la defensa de los consumidores y usuarios de 19 de julio concretó los derechos de los consumidores y la defensa de los mismos. En la actualidad, esta Ley se ha ido ampliando, incorporando las Directivas Europeas y adaptándose a las fluctuaciones en el mercado de las actuaciones empresariales, garantizando, con carácter general, los derechos de los ciudadanos.

Igualmente el art. 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad, dio respuesta y desarrollo a estas previsiones de la Constitución. Los diferentes cambios normativos y organizativos desde esa fecha se han ido incorporando a nuestra legislación, prueba de ello es la aprobación de la Ley 11/2011 de 5 de julio por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Esta Agencia se crea con el objetivo general de promover la seguridad alimentaria, como aspecto fundamental de salud pública y de ofrecer garantías e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español. Igualmente, la Ley 17/2001 de 5 de julio se seguridad alimentaria es una buena prueba de ello, a la AESA se le añadió en 2006 la N de Nutrición, en línea con las directrices que iban desarrollándose en Bruselas. Durante un pequeño periodo de tiempo (2014-2018) la AESAN se fusionó con la Dirección General de Consumo, dando origen a la AECOSAN. Afortunadamente, el primer Gobierno de Pedro Sánchez retomó la situación anterior. Si bien es cierto que se comparten principios, no todos los objetivos son los mismos para la ASESAN y para la Dirección General de Consumo.

Las actuaciones en aspectos relacionados con la protección de la salud es uno de los ejes de actuación del Gobierno de España, todo ello al hilo de la incesante innovación que se está produciendo en el sector de la alimentación y para intentar resolver los graves problemas asociados a la obesidad en nuestro país, la obesidad y el sobrepeso está considerada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Seguridad alimentaria

El Libro Blanco de la Comisión Europea (12 enero 2000) sobre Seguridad Alimentaria diseña ya el concepto de seguridad alimentaria de una manera coordinada e integrada y sobre todo teniendo en cuenta todos los aspectos de la producción alimentaria, entendida desde el sector primario hasta el suministro y venta de alimentos al consumidor.

Las tendencias innovadoras en el sector de la alimentación pasan todas por una alimentación saludable, y teniendo en cuenta que el modelo alimentario actual tiene unos impactos importantes en el medio ambiente y la salud de los consumidores, se han establecido criterios para alcanzar ese objetivo en la Estrategia Europea “de la Granja a la Mesa” como una de las iniciativas derivadas del Pacto Verde Europeo (hoja de ruta de la UE para dotar a este espacio geográfico de una economía sostenible), a fin de contribuir al logro de la neutralidad climática de aquí a 2050. Es la primera vez en la política alimentaria de la UE, que se propone un programa integral para todas las etapas de la producción de alimentos. Esta Estrategia europea está en consonancia con la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2020, la Estrategia, a través de sus Objetivos y Propuestas, pretende hacer evolucionar el sistema alimentario actual de la Unión Europea hacia un modelo sostenible, reduciendo la huella ambiental y climática del sistema alimentario, liderando una transición mundial hacia la sostenibilidad, aprovechando las nuevas oportunidades para crear un sistema alimentario fuerte y resistente, por supuesto siempre teniendo en cuenta que la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos son fundamentales. Se contemplan medidas ambiciosas, entre otras: reducción del 50% de plaguicidas de aquí a 2030, rebajar como mínimo al 20% el uso de fertilizantes, disminuir un 50% las ventas de los antimicrobianos utilizados en la ganadería y la acuicultura, y alcanzar un 25% de tierras destinadas al cultivo de la agricultura ecológica. Igualmente se contempla el Desarrollo de un Plan de Contingencia para garantizar el suministro de alimentos en tiempos de crisis.

En octubre del 2020 el Consejo, refrendó el objetivo de desarrollar un sistema alimentario europeo sostenible desde la producción hasta el consumo.

Desde la perspectiva del consumidor, las Acciones para garantizar la seguridad alimentaria, las Acciones para promover el consumo sostenible de alimentos, en el que se incluyen las Propuestas sobre un etiquetado obligatorio armonizado sobre propiedades nutritivas en la parte frontal de los envases, la Propuesta de etiquetado de alimentos sostenibles y las Acciones para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, son las que adquieren mayor importancia, al permitirle identificar empresas y productos más sostenibles.

No se nos puede olvidar que la Estrategia “de la Granja a la Mesa” también es una estrategia de salud y prevención contra nuevas crisis, de nuevo se ha tenido en cuenta revertir las cifras de obesidad –en crecimiento en toda la UE-. Los consumidores estamos en el centro de esas políticas, y somos los que, con la información suficiente, podremos instalarlos en la práctica cotidiana.

El food marketing se enfoca en la creación de una imagen positiva para la marca y sus artículos, a través de todos los medios publicitarios a su alcance, incluyendo redes sociales

Una reflexión rápida. Al hilo de las regulaciones y objetivos propuestos en nuestro ámbito geográfico, hay que tener en cuenta otros aspectos, por ejemplo el marketing de alimentos, es decir el conjunto de estrategias y técnicas utilizadas por las empresas del sector para promocionar y vender sus productos. Según The Food Tech en enero del 2023, “el marketing de alimentos incluye la investigación del mercado, el desarrollo de productos, la publicidad, la promoción, la distribución y fijación de precios. Su objetivo es conectar con los consumidores y crear una relación de confianza con ellos para que sigan comprando sus productos. La Transparencia será clave para ganar la confianza de los consumidores y por supuesto la sostenibilidad será una tendencia en la industria. Igualmente la personalización será cada vez más importante en el marketing de alimentos (opciones como productos sin gluten o sin lácteos). El food marketing se enfoca en la creación de una imagen positiva para la marca y sus artículos, a través de todos los medios publicitarios a su alcance, incluyendo redes sociales.

Estrategia NAOS y código PAOS

La Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS) fue lanzada por el Ministerio de Sanidad y Consumo en febrero del 2005 “para intentar dar respuesta a la ascendente evolución de la prevalencia de la obesidad, mediante el fomento de una alimentación saludable y de la práctica de la actividad física y con ello reducir sustancialmente las altas tasas de morbilidad y mortalidad atribuibles a las enfermedades no transmisibles”. Recordemos que la Ley 17/2011 de 5 de julio de seguridad alimentaria y nutrición consolidó e impulsó la Estrategia NAOS.

También en el año 2005 se puso en marcha el Código PAOS (Código de Autorregulación de la Publicidad de Alimentos dirigida a Menores, Prevención de la Obesidad y Salud) firmado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, la AESAN, la FIAB, AUTOCONTROL y en el que participaban las Asociaciones de Consumidores Partía de la base de que los anuncios dirigidos a menores debían cumplir reglas diferentes a los de las personas adultas, ya que aquéllos se caracterizan por una menor experiencia y una mayor credulidad e ingenuidad y que, por consiguiente, mensajes publicitarios que en condiciones normales, resultarían claros y veraces para un público adulto, podrían ser considerados engañosos si el público destinatario fuera menor de edad. El Código PAOS establecía las reglas para el desarrollo, ejecución, y difusión de los mensajes publicitarios dirigidos a menores de 12 años. Este Código fue reforzado en 2009, mediante un Acuerdo con Operadores de Televisión –FORTA y UTECA- y con una ampliación en el 2012 que fue suscrita por la FIAB, por AUTOCONTROL, ANGED, ASEDAS y CES, FEHR, FEHCAREM, con la participación igualmente de las Asociaciones de Consumidores En esta revisión del Código, se amplió la obligatoriedad de los requisitos publicitarios a 15 años. El Código PAOS 2012 concretó lo establecido en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición (2011) que en los artículos 45 y 46 obliga a promover acuerdos de corregulación y códigos de conducta con los operadores económicos para regular la publicidad de alimentos y bebidas y promover hábitos saludables.

El Código PAOS ha supuesto un avance nimio en relación a los objetivos a conseguir y algunos estudios avanzan que no ha servido para nada

Mi valoración personal es que el Código PAOS ha supuesto un avance nimio en relación a los objetivos a conseguir y algunos estudios avanzan que no ha servido para nada. Es evidente que la autorregulación en España no funciona, es un hecho histórico, que hemos visto en todos los sectores de la económica. En este país los sistemas voluntarios no funcionan, se firman, pero no se cumple ninguno de los objetivos que se contemplan en los mismos, por ello es absolutamente necesario que haya una normativa legal que obligue a las empresas a poner en marcha las medidas que diferentes instituciones nacionales e internacionales exigen poner en marcha.

En la actualidad, estamos inmersos desde hace meses en una polémica interministerial derivada del anterior Ejecutivo. Por un lado del Ministerio de Agricultura que recoge con carácter general las reivindicaciones de la Industria y por otro el Ministerio de Consumo, recogiendo los intereses de los consumidores. El asunto en concreto fue la medida anunciada por Consumo de regular la publicidad de los productos ultraprocesados, a través de un Decreto y siguiendo las directrices europeas e internacionales, medida anunciada por el ex ministro Garzón en octubre de 2021 y que se concretó en una propuesta de Decreto en marzo del 2022.

Según Juan Revenga, en el Diario.es del 15 febrero 20923, “el Presidente del Gobierno se comprometió a atajar el problema de la obesidad infantil y pocos meses después, en junio 2022, apareció el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030. En la línea estratégica 5 garantizar la protección a la salud de la infancia, la medida nº 37 recoge textualmente la intención de “desarrollar regulación del marketing de alimentos y bebidas”. Es decir lo que el ex ministro Garzón había propuesto, frente a la postura del Ministerio de Agricultura, partidario de una autorregulación del sector. Estas diferencias han supuesto la no aprobación de un Decreto absolutamente necesario, y probablemente ya no se promulgará en esta legislatura.

El problema de la obesidad infantil en España es muy grave, según el mencionado Plan estratégico:

• El 41% de las niñas de 6 a 9 años tiene sobrepeso u obesidad, esta cifra es del 42% en el caso de los niños. Pese a ello, 7 de cada 10 escolares con exceso de peso, son percibidos por sus progenitores dentro de un peso normal
• La obesidad se ha duplicado en niños y adolescentes en los últimos 20 años.
• Las cifras de obesidad infantil son el doble entre los niños y niñas que viven en hogares con menos recursos.
• El 55% de los niños y niñas con obesidad serán adolescentes con obesidad.  A su vez el 80% de los adolescentes con obesidad serán adultos con obesidad.

En 2013, la entonces Directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, afirmó que "los intereses económicos de la industria alimentaria distorsionan las políticas de Salud Pública”.

Según el Jefe de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad en el Instituto de Salud Carlos III, Miguel Ángel Royo-Bordonada “los anuncios intensifican las preferencias, condicionan los hábitos de compra, petición y consumo de los menores”.

Entre 2014 y 2018, el sector pasó de invertir 32 millones de euros a gastar más de 53 millones, según los datos del estudio del Instituto de Salud Carlos III, un 66% más.

La exposición de los menores a los anuncios de alimentos insanos no ha disminuido nada en los 17 años del Código PAOS. El sistema de autorregulación como está ahora mismo, no funciona, sintetiza Mireia Montaña “la mayor parte de los anuncios no aluden a las propiedades intrínsecas al producto, como determina el marco normativo. Casi todos los anuncios son hedonistas, vinculan los alimentos a emociones positivas, como la felicidad o la posibilidad de hacer amigos, por lo que no se habla del producto y de sus características nutricionales. Ya en un estudio del año 2012, en el que también participaba el Instituto de Salud Carlos III, además de la Universidad Complutense y la de Tenerife, se concluía que el grado de incumplimiento del Código había pasado de un 49% en 2008 a un 88% en 2012. Los investigadores coinciden en que “los sistemas de autorregulación y corregulación de la publicidad alimentaria son ineficaces, solo los países con normas de rango legal han experimentado impactos positivos".

Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Consumo español proponía que el Decreto se basara en los perfiles nutricionales del a OMS publicado en el 2015, que definía 17 categorías de productos. El segundo modelo de perfiles nutricionales de la OMS se ha publicado en marzo del 2023. Su alcance, según la revista Consumer (Laura Corsl el 31 marzo 2023) “es igual al anterior, analiza los mismos nutrientes, añade un par de categorías, pero tiene una diferencia importante: en lugar de prohibir o permitir la publicidad de categorías enteras (como zumos, bollería o helados) establece umbrales de nutrientes para todas ellas, es decir, con este nuevo modelo, la posibilidad de promover los productos estará sujeta a su composición nutricional y no a la categoría a la que pertenezcan. Se definen 22 categorías de productos”.

La Alianza por una Alimentación Saludable (ONG) https://justiciaalimentaria.org/campana/dame/veneno) ha escrito al  Defensor del Pueblo para que interceda en el veto del Decreto (por parte del Ministerio de Agricultura) que debe regular la publicidad infantil, según fuentes de esta Alianza “el impacto de la publicidad en los hábitos de consumo es demoledor. Cuatro de cada cinco anuncios alimentarios dirigidos al público infantil son insanos y un niño recibe de media más de 1.000 impactos publicitarios al mes, de alimentos insanos solo por televisión o internet”. La campaña puesta en marcha por esta ONG ha recibido el apoyo de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, entre las que cabe destacar la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la Coordinadora de ONGD, el Consejo General de la Psicología y la Asociación Española contra el Cáncer.

La necesaria información al consumidor

El etiquetado de los productos es el principal medio para que los consumidores finales estemos informados sobre el producto. Aspectos como la presencia de ciertos aditivos en los alimentos, sus valores nutricionales o la procedencia de las materias primas, pueden y deben ser consultados a través de la información incluida en el producto.

Por ello las iniciativas para garantizar información adecuada a los consumidores se multiplican, de interés es el Dictamen (de iniciativa) del Comité Económico y Social Europeo (CESE) de 11 octubre 2022, NAT/857 – eesc-2022-00878-00-00-AS-TRA (EN) “Hacia un marco de etiquetado de alimentos sostenibles que permita a los consumidores optar por alimentos sostenibles”. El ponente es Andreas THURNER.

En este documento se señala:

• “Las empresas tienen una gran responsabilidad a la hora de, por una parte, orientar a los consumidores hacia opciones saludables y menos perjudiciales para el medio ambiente, y, por otra, impulsar la transformación sostenible de los sistemas alimentarios mediante la adopción de prácticas agrícolas, de transformación y de envasado sostenibles.
• La sostenibilidad es un concepto pluridimensional que siempre debe tener en cuenta en igual medida las dimensiones económica, medioambiental y social. Según la definición de la FAO, un sistema alimentario sostenibles es “aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las personas de tal forma que no se pongan en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales de estas para las futuras generaciones”. En resumen: centrarse exclusivamente en los aspectos ecológicos de la sostenibilidad, como a menudo ocurre actualmente, o hacerlo solo en sus pilares social y económico, es por definición, no sostenible. El objetivo debe ser abarcar toda la cadena de valor en las tres dimensiones de la sostenibilidad”
• Se necesitan normas claras para mejorar la situación confusa del mercado. En la actualidad, esto se debe al abuso del término “sostenible” (una forma de “blanqueo ecológico”) Deben prohibirse las etiquetas o declaraciones de sostenibilidad que no se basen en un régimen de certificación ampliamente reconocido.
• Las declaraciones de sostenibilidad deben basarse en los siguientes principios: fiabilidad, transparencia, relevancia, accesibilidad y claridad (directrices de las Naciones Unidas para la presentación de información sobre la sostenibilidad de los productos). Por lo que respecta al sistema de certificación, es importante que se tenga debidamente en cuenta el contexto estructural para, por ejemplo, no penalizar a las estructuras pequeñas, como agricultores, pymes, venta en la propia explotación, mercados semanales, etc.
• La visibilidad y aceptación por parte de los consumidores y la claridad del mensaje son requisitos fundamentales para que el etiquetado de sostenibilidad de los alimentos  se vea coronado por el éxito. El propio etiquetado ha de ser comprensible, sencillo y  fiable. Paralelamente deben ponerse en marcha medidas de acompañamiento dirigidas a los consumidores que promuevan la educación y la información sobre la alimentación sostenible, refuercen la confianza en el sistema de etiquetado y su aceptación y fomenten un consumo más sostenible.

Solo el 44% de los españoles presta atención a la etiqueta cuando compra un alimento por primera vez

A principios de año la OCU realizó una encuesta a 921 consumidores de entre 18 y 79 años, cuya conclusión es deprimente: Solo el 44% de los españoles presta atención a la etiqueta cuando compra un alimento por primera vez; un 47% la miran por encima y un 9% nunca la leen. El principal motivo para no leer con atención la etiqueta de un alimento es la presencia de una letra demasiado pequeña (52% de los consumidores que reconocen que no suelen prestar atención). Se trata de una dificultad que afecta al 70% de los mayores de 60 años, el tamaño de la letra actual es de 1,2 milímetros. Otros motivos alegados por los encuestados son: porque revisar la etiqueta requiere demasiado tiempo (29%), porque no se tiene el hábito de hacerlo (29%), porque resulta difícil de entender (27%), porque cuesta encontrar la información que se busca (12%), porque no se fía de esa información (9%), o porque no le importa (3%). La información más consultada por los consumidores es la de la fecha de caducidad o de consumo preferente (82%). La encuesta también apunta que de 2 de cada 3 consumidores consideran que se hace un uso excesivo de la publicidad nutricional y de salir en los productos de alimentación, además solo el 35% cree que los alimentos que muestran este tipo de reclamos son más saludables que el resto.

La Comisión europea quiere evitar el blanqueo ecológico de las empresas e impedir que sus marcas parezcan más sostenibles de lo que realmente son, mediante la aprobación de una Propuesta de Directiva que ya anunció en  2019, en el marco del Pacto Verde Europeo.

Silvia Pérez Bou, analiza esta situación en Marcas Con Valores:

“En la Propuesta de Directiva de 30 de marzo 2022, de empoderamiento de los consumidores, el Parlamento Europeo considera que una alegación medioambiental es todo mensaje o representación voluntaria –incluida la representación textual, pictórica, gráfica o simbólica, en cualquier forma, incluidas las etiquetas, las marcas comerciales, los nombres de empresas o de productos– que, en el contexto de una comunicación comercial, indique o implique que un producto o una empresa cumpla alguna de estas condiciones:

• Tiene un impacto positivo o nulo en el medio ambiente
• Es menos perjudicial para el medio ambiente que otros productos o empresas
• Ha mejorado su impacto a lo largo del tiempo

En el estudio realizado por la Comisión Europea en colaboración con las Direcciones Generales de Consumo de los países miembros de la UE, en 2020, se constató que el 53,3% de las alegaciones medioambientales daban una información vaga o infundada.

La propuesta de Directiva publicada el 22 marzo 2023 va dirigida a las empresas pequeñas, medianas o grandes (más de 10 trabajadores o 2 millones € de ventas anuales) que operan en la UE, les exige que justifiquen cualquier alegación medioambiental, cada tipo de alegación exigirá un nivel distinto de sustanciación: desde certificaciones de terceras partes a análisis de ciclo de vida completo. El objetivo es lograr que las alegaciones sean fiables, comparables y verificables en toda la UE y así reducir el blanqueo ecológico.

Esta iniciativa ayudará a los consumidores y a los inversores a tomar decisiones más sostenibles y a aumentar la confianza de los ciudadanos en la información y las etiquetas ecológicas.

Esta propuesta legislativa forma parte del paquete de medidas del Nuevo Plan de Acción de Economía Circular adoptado por la comisión el 11 de marzo de 2020 bajo el marco del Pacto Verde Europeo de 2019.

Clarificación de las normas

Es fundamental una clarificación de las normas en el mercado, para evitar competencia desleal entre las empresas y marcas, y para facilitar la decisión de elección del consumidor, no es fácil ser un consumidor responsable. Las etiquetas medioambientales confusas, vagas o engañosas en sus productos, derivadas de las acciones de blanqueo verde de las empresas, confunden a los consumidores. En el Estudio realizado en 2020 por la Comisión Europea y los países miembros, se detectaron 230 etiquetas distintas en la UE, sellos que siguen distintos criterios y que no siempre están respaldados por criterios científicos. El 53% de esas etiquetas, además, contenían declaraciones sin base fehaciente para respaldarlas.

El 23 de marzo 2023, en la Revista CLIMÁTICA se comentaba: “El movimiento de la Comisión Europea coincide con el Informe Feeding Us Greenwash de la fundación Changing Markets, organización que analiza soluciones sostenibles en el mundo empresarial. En su análisis, denuncian que más de 50 empresas del sector de la alimentación, utilizan credenciales ecológicas y sus objetivos climáticos como herramienta de marketing.

El blanqueo verde o greenwhasing “está muy extendido en el sector cárnico y lácteo. Proporciona un barniz de sostenibilidad a una industria que es responsable de un tercio de las emisiones mundiales de metano y es la principal causante de la pérdida de biodiversidad. Changing Markets Foundation solicita al Parlamento europeo prohibir afirmaciones engañosas como “positivo para el clima” o “neutro en carbono” cuanto vote la nueva legislación de protección de los consumidores.

Estas afirmaciones contradicen la realidad de lo que ocurre, por ejemplo, sus envases, que van a parar a los vertederos o se queman. Los envases multicapa, los de cartón o los envases hechos de PET coloreado o plástico opaco no encajan en una economía circular real porque su reciclabilidad es casi inexistente. Las próximas directivas de la UE sobre alegaciones ecológicas y protección del consumidor deben garantizar que dichas proclamas tengan en cuenta el ciclo de vida completo de un producto.

Recordemos algunos mensajes que aparecen en los envases de productos de alimentación: En la Revista Consumer (abril 2023) se hace un ejercicio de transparencia en cuanto a los reclamos de los envases, a saber:

• Para que un producto luzca el mensaje “light” “bajo contenido en grasa” o “sin azúcares añadidos” debe cumplir unos requisitos que están fijados por Ley, a saber:
• Light: si leemos light, ligero, contenido reducido de... significa que la cantidad del nutriente es, al menos, un 30% menor en comparación con la que encontraríamos en un producto convencional. Para micronutrientes como vitaminas y minerales, se admite una diferencia del 10%, para la sal, se admite una diferencia del 25%.
• Calorías: Si en el envase aparece “bajo en calorías –bajo valor energético) quiere decir que: En productos sólidos no contiene más de 40 kcal por5 100 gr. de producto, en Líquidos no más de 20 kcal/100 ml, si leemos “reducido en calorías –valor energético reducido- significa que tiene como mínimo un 30% menos de calorías que en el alimento de referencia y deben indicar las características que provocan esa reducción, cuando pone ·sin calorías” el producto no puede tener más de 4 kcal/100 ml
• Azúcares: Si leemos “bajo contenido de azúcar” sabremos que; en alimentos sólidos, no hay más de 5 gr. De azúcar por 100 gr. En líquidos, no hay más de 2,5 gr/100 ml, cuando se especifica “sin azúcares” quiere decir que no hay más de 0,5 gr/100 gr o 100 ml, si pone “sin azúcares añadidos” significa que no tiene ningún azúcar añadido ni ningún alimento utilizado por sus propiedades edulcorantes. Sin embargo, el producto si puede tener azúcares naturalmente presentes. Esto debe indicarse en el envase
• Grasas: Si leemos “bajo contenido en grasa” quiere decir que; en productos sólidos, no tiene más de 3 gr. De grasa por 100 gr. En líquidos no más de 1,5 gr. 100/ ml. Cuando se dice “sin grasa” significa que no hay más de 0,5 gr. De grasa por 100 gr. Si pone “bajo contenido en grasas saturadas”,  sabremos que en los productos sólidos, no hay más de 1,5 gr/100 gr, en los líquidos, no más de 0,75 gr/100 ml y que las grasas nunca supondrán más del 10% del valor energético. Cuando aparece en  el envase la expresión “sin grasas saturadas” significa que o hay más de 0,1 gr. De grasas saturadas por 100 gr. O por 100 ml.
• Sal: Si dice “bajo contenido de sal” el producto no contiene más de 0,3 gr. Por 100 gr o por 100 ml, en aguas minerales, no tiene más de 2 mg de sodio por 100 ml. Cuando pone “muy bajo contenido de sal” no contiene más de 0,1 gr. Por 100 gr. O por 100 ml, Si leemos “sin sal” significa que no tiene más de 0,0125 gr. Por 100 gr.

Como se puede apreciar después de lo expuesto anteriormente, no es nada fácil para un consumidor medio, saber lo que consume, incluso aunque venga expuesto de forma detallada en el frontal del envase.

De ahí la necesidad de un etiquetado que sin tantas trabas pueda informar de forma adecuada al consumidor sobre las características del producto, en la actualidad en la UE el sistema NutriScore es la que parece que puede implantarse, mientras que en otros países el sistema de Octógonos está ya en marcha, en ambos casos, las revisiones son periódicas, ya que no son ninguno de los dos sistemas totalmente fiables para todos los productos, al menos para los que forman parte de la cesta básica de la compra.

Si a estas dificultades de información para los ciudadanos, le añadimos las prácticas que algunas empresas realizan de ecoblanqueo, blanqueo verde o greenwashing, podemos afirmar que uno de los derechos básicos de los consumidores, el de la información, no se cumple como debiera.

Igualmente recordemos que la Comisión ha propuesto que se revisen las normas de comercialización vigentes aplicables a varios productos agroalimentarios, por ejemplo, frutas y hortalizas, zumos y confituras de frutas, miel, aves de corral y huevos. Las revisiones propuestas, según el Centro Europeo del Consumidor de España, deberían ayudar a los consumidores a optar con mayor conocimiento de causa por una dieta más sana y contribuir a evitar el desperdicio de alimentos.

Los consumidores demandan empresas y marcas responsables con la sostenibilidad

En el estudio “La comunicación de la sostenibilidad de las marcas de consumo”, elaborado por Estudio de Comunicación y la revista ControlPublicidad, y siguiendo la noticia elaborada por Puro Marketing el 3 abril 2023, se ha revelado que un 93% de los consumidores prefieren marcas que muestren responsabilidad en términos de sostenibilidad. El estudio también ha encontrado que el 67,4% de los consumidores toman decisiones de compra en función de si las marcas se esfuerzan por ser sostenibles y que el 25,6% prefiere marcas que cuidan la sostenibilidad si el precio y la calidad son similares a los de las marcas que no lo hacen. 

Según el estudio, el 54% de los encuestados dejaría de comprar una marca si recibiera denuncias en materia de sostenibilidad, como vertidos, incendios, despidos colectivos o trabajo esclavo, mientras que el 37,4% tomaría una decisión después de conocer los argumentos a favor y en contra de la queja.

Las marcas pueden y deben ser más responsables con la sostenibilidad mediante la implementación de prácticas empresariales justas y éticas. Esto implica tomar medidas para garantizar que sus productos y servicios sean producidos de manera responsable, con un enfoque en la reducción de impactos ambientales y sociales negativos. También implica el compromiso de trabajar con proveedores éticos y responsables y garantizar que los derechos humanos sean respetados en todas las etapas de la cadena de suministro., igualmente es necesario que las empresas adopten medidas dentro de una estrategia de economía circular. Esto significa reducir el desperdicio y la contaminación, mediante la reutilización y reciclaje de materiales y recursos. Finalmente una de las conclusiones de este estudio es la necesidad de que las. marcas sean transparentes y comuniquen sus prácticas empresariales sostenibles a sus consumidores.

La gran proliferación de información por parte de las empresas no ayuda a los consumidores a identificar sus prácticas responsables

Es evidente que la gran proliferación de información por parte de las empresas no ayuda a los consumidores a identificar sus prácticas responsables, la diferente terminología que utilizan las empresas confunde a los ciudadanos, por lo que deberíamos volver al origen de las siglas, a los conceptos y las ideas que han permitido ir evolucionando en la sociedad actual a un mayor nivel de información. Desde 2010, fecha de aprobación de la ISO 26000, todos los conceptos están definidos en esa Norma no certificable, los que tienen que ver con las diferentes dimensiones de las empresas tanto hacia el interior de las mismas como hacia el exterior, así como su definición, Derechos Humanos, Derechos de los Trabajadores, Derechos de los Consumidores, Aspectos medioambientales, relación con los grupos de interés…

Parece que a las empresas les interesa más hablar de ESG o de ODS, donde los criterios para la aplicación de los conceptos consensuados en el marco de la ISO 26.000 se diluyen y donde no aparecen por ningún lado (salvo en el caso del ODS 17 Alianzas y con un cariz light) la necesidad de que las empresas mantengan relaciones fluidas con sus grupos de interés, para incorporar en la acción empresarial aspectos que aquéllos consideran fundamentales para avanzar hacia una forma de producir mucho más responsable que la que se realiza en la actualidad.

Desperdicio alimentario

Me gustaría hacer una reflexión sobre algunos aspectos importantes relacionados con el desperdicio alimentario.

Es fundamental implementar acciones para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, los establecimientos comerciales van dando pasos, lentos, pero pasos que sirven para concienciar a los consumidores, el establecimiento de vitrinas y zonas en las que los alimentos más perecederos, o “feos estéticamente” pueden comprarse a precio inferior, es una de las iniciativas más valoradas por los consumidores. Igualmente los consumidores se van concienciando de que esos productos para consumo inmediato son tan buenos como los de fechas posteriores, ya que cumplen las normas legales y de esa forma, además, pueden ahorrar en su cesta de la compra. Es un proceso que será muy lento, salvo que exista una regulación legal, como en Italia o Francia, donde los Ministerios de Transición Ecológica y Cohesión Territorial y el Ministerio de Transición Energética han puesto en marcha el Sello nacional contra el desperdicio de alimentos. Francia ha incluido esta nueva herramienta en el artículo 33 de la Ley antidesperdicio para una Economía Circular, que se fija objetivos nacionales de reducción de desperdicio que alcanzarán el 50%. Se concretará en 2 niveles:

• Hasta 2025: distribución de alimentos y restauración colectiva
• Hasta 2030: consumo, producción, transformación y restauración comercial

La etiqueta será otorgada por organismos de certificación homologados por el Ministerio de Transición Ecológica y Cohesión Territorial. En el primer semestre del 2023 los objetivos previstos tienen como objetivo la creación del referente del sector de la restauración colectiva y comercial, seguidos de los trabajos relativos al referente al sector agroalimentario.

La etiqueta o logo garantiza el cumplimiento de los criterios, el logo es diferente según el nivel alcanzado en la lucha contra el desperdici0o alimentario:

• 1 estrella: compromiso
• 2 estrellas: dominio
• 3 estrellas: ejemplar

Los primeros actores serán las grandes y medianas superficies (de proximidad, supermercados e hipermercados), mayoristas y hostelería, seguidos de carnicerías, charcuterías,. panaderías, queserías, fruterías……

La solicitud se puede presentar de forma individual o a través de organizaciones empresariales.

En España las iniciativas en este sentido, sobre todo las concretadas en el Proyecto de  Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario aprobado por el Gobierno en junio 2022, van caminando también. Esta Ley fomentará las actuaciones para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde el campo hasta el consumo. El objetivo es reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de éstos. Durante el año 2020, los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona (unos 250 euros por persona) . La Ley regula el uso preferente de alimentos para consumo humano, favoreciendo la donación y por otro trata de “concienciar a la sociedad sobre la necesidad de disminuir el despilfarro de alimentos”, el Ministro Planas comentó en las presentación de este Anteproyecto de Ley que el desperdicio de alimentos representa una “ineficiencia” de la cadena alimentaria. Por ello la Ley establece que todos los agentes de la cadena alimentaria tienen la obligación de disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio. El objetivo es que las empresas de la cadena hagan un autodiagnóstico de  sus procesos productivos, identifiquen donde se producen las pérdidas de alimentos, fijen medidas para minimizarlos y se destinen a otros usos, para los que se fija una jerarquía de prioridades. La prioridad máxima será siempre el consumo humano a través de la donación (debiendo suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social u otras organizaciones sin ánimo de lucro o banco de alimentos) o redistribución de alimentos. Las entidades de iniciativa social que sean receptoras de donaciones deberán garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados. Sólo podrán destinar estos productos a la donación, sin que en ningún caso puedan comercializarlos y deberán realizarla sin ningún tipo de discriminación entre los beneficiarios. El 2º orden de prioridades es la transformación de los alimentos que no se hayan vendido, pero que mantengan sus condiciones óptimas de consumo, en productos como zumos o mermeladas, entre otros, la preferencia será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos, el uso como subproductos en otra industria ya como residuos y la obtención de compost o biocombustibles.

Uno de los aspectos importantes (que ya se venía realizando en muchas ocasiones) es la obligación de las empresas de hostelería de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido –salvo en establecimientos tipo bufé libre o similares- Para ello deberán disponer de envases aptos para el uso alimentario, que sean reutilizables o fácilmente reciclables.

Otro aspecto con influencia directa en el consumidor y dentro del bloque de Buenas prácticas (por lo tanto no obligatorias) es la posibilidad de que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de productos “feos, imperfectos o poco estéticos”, la Ley también apela a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo a la jerarquía de prioridades de uso.

Servicios de atención al cliente

Y hablando de Leyes en nuestro país. En abril 2023 se aprobó en el Congreso la Ley de Servicios de ATENCIÓN AL CLIENTE, con fecha de entrada en vigor en enero 2024, con esta Ley se pretende mejorar los derechos de los consumidores al establecer para las empresas de algunos sectores (compañías que presten servicios de suministro y distribución de agua y energía, transporte de pasajeros en avión, ferrocarril, mar o vías navegables, autobús o autocar, servicios postales, comunicaciones electrónicas y telefónicas y servicios financieros) y para grandes empresas de más de 250 trabajadores, independientemente del sector:

• Límites a los tiempos de espera para recibir información general, reclamar o  solicitar algún servicio postventa. Además regula el uso de atención robótica y de contestadores automáticos, prohíbe su uso exclusivo y obliga a las empresas a que incorporen personal de atención con formación específica.
• Las empresas deberán admitir para la presentación de consultas, quejas o reclamaciones o incidencias la utilización del mismo canal a través del que captaron al cliente. Además, deberán disponer también a estos efectos una dirección postal, telefónica y un correo electrónico. En las oficinas físicas también se podrán registrar reclamaciones y el consumidor tendrá derecho a que se le entregue una clave identificativa sobre su reclamación
• Se fijan plazos máximos para solucionar incidencias
• Atención a la vulnerabilidad

Plano internacional

Los trabajos que se realizan a nivel internacional desde Consumers International (CI) para intentar ofrecer respuestas válidas a algunas cuestiones básicas relacionadas con el futuro de la alimentación, ya fue objeto de un artículo mío anterior (Consumidores y Cadena Alimentaria: la fuerza asociativa que favorece el progreso), donde comentaba los interrogantes sobre los que CI lleva trabajando desde hace más de 10 años, en concreto:

• ¿cómo se puede informar mejor a los consumidores sobre dietas saludables y sostenibles?
• ¿Cómo pueden contribuir los agentes del sistema alimentario a asegurar que las nuevas tecnologías satisfagan las necesidades de los consumidores y merezcan su confianza?
• ¿Cómo puede ayudar la tecnología –en materia de trazabilidad y etiquetado- a las empresas a tranquilizar a los consumidores sobre la inocuidad y sostenibilidad de los alimentos?
• ¿Cómo se puede garantizar la seguridad y equidad de la comercialización digital de alimentos?
• ¿Cómo pueden contribuir las tecnologías a un consumo más sostenible para todos y al cumplimiento de los ODS?
• ¿Cómo se puede impulsar la demanda de los consumidores en relación con la economía circular?
• ¿Cómo se pueden convertir las opciones de consumo responsable y sostenible en las únicas alternativas en los mercados?
• ¿Cómo se puede incentivar la producción sostenible y que significa esto para los consumidores?

Varios interrogantes se han despejado, otros se están despejando y quedan algunos en el horizonte inmediato, la contribución del movimiento organizado de consumidores, junto con Expertos en Consumo Responsable a nivel internacional, ha sido fundamental para influenciar los avances. Me gustaría recordar que la Nueva Agenda del Consumidor europeo (2020-2025) COM(2020 696 FINAL, habla de reforzar la resiliencia del consumidor, para una recuperación sostenible. Para ello introduce cinco ámbitos prioritarios principales:

1. La transición ecológica
2. La transformación digital
3. La tutela y el respeto de los derechos de los consumidores
4. Las necesidades específicas de determinados grupos de consumidores
5. La cooperación internacional

Es evidente que estos temas hay que ponerlos en relación con iniciativas previas de aplicación dentro de la transversalidad de las actuaciones legislativas que influyen en los consumidores, por ejemplo, la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia sobre Biodiversidad COM (2020) 381 final, en las que, como he intentado desgranar en este artículo, se establecen medidas e iniciativas que tienen como finalidad reducir la huella ambiental y climática de los sistemas alimentarios de la UE y facultan a los consumidores para tomar decisiones informadas y optar por alimentos saludables y sostenibles.

La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea puso como prioridad en relación con los consumidores “vincular el consumo a la transición ecológica”. Según el ex ministro Garzón: “se impulsarán iniciativas que, además de proteger a las personas consumidoras más vulnerables, visibilicen el impacto ambiental del consumo y cambien el paradigma”. Añadió que “el consumo no es sólo una relación técnica entre dos partes, es también una relación social que implica costes y que tiene consecuencias, por lo que los hábitos de consumo no se pueden analizar únicamente desde el lado de la oferta, sino también desde el de la demanda”. El ex ministro defendió que una “ciudadanía mejor informada” sobre el impacto ecológico que tienen los actos de consumo es también una ciudadanía que “toma mejores decisiones”. Por lo tanto el derecho a la información fue uno de los pilares que España impulsó durante su mandato al frente del Consejo de la UE.

Derecho a la información

No es fácil, el derecho a la información, uno de los derechos básicos de los consumidores no se concreta de forma clara en los productos, por ello y por algunas prácticas que intentan la manipulación del consumidor a través de información engañosa (ecoblanqueo), puedo afirmar que, todavía queda un largo camino por recorrer para conseguir que los consumidores podamos influenciar de forma eficaz en las políticas de las empresas. Hemos avanzado mucho en este siglo XXI, pero todavía los retos a los que nos enfrentamos los consumidores son inmensos, y mientras tanto la asimetría existente en el mercado hace que no seamos capaces de ejercer la función de balanza en las relaciones comerciales. Y cuando existe un desequilibrio, es evidente que los que pierden son los ciudadanos.

Quizás la palabra clave sea “esperanza”, avanzamos en el camino y recordemos siempre que como decía un proverbio japonés “Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar” y por supuesto sentir la vigencia del mensaje de una vieja canción latinoamericana “la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra”.

María Rodríguez | Experta en Consumo Responsable y RSE | Consejera del CERSE

Artículo publicado en la revista Distribución y Consumo