jueves. 28.03.2024
GOBIERNO PSOE

Frente a la austeridad y la devaluación salarial, se avanza, aunque tímidamente, en un aumento del gasto público y sobre todo en la mejora de los salarios

Han pasado once meses desde la moción de censura que acabó con el gobierno de Rajoy, tiempo suficiente para hacer un primer balance de como evolucionó la economía y el empleo en este periodo. En breve síntesis, la economía española está creciendo al 2,4%, el doble que la media de la eurozona; hay 600.000 personas más trabajando, con el empleo creciendo a una tasa del 3,2%; la inflación está en el 1,5%, por debajo de la media de la Unión Europea; el déficit público se redujo hasta situarse en el 2,5%, su nivel más bajo desde la crisis y la deuda publica bajó al 97,5% del PIB.

Es sin duda un balance positivo en las variables macroeconómicas básicas, pero una lectura más profunda revela que tiene graves carencias, tanto en el modelo de crecimiento como en la forma en la que se reparte la riqueza.

En el modelo de crecimiento, porque el número de personas trabajando aumenta más que la producción ––el 3,2% el empleo frente al 2,4% del PIB–– lo que significa una productividad negativa solo explicable porque crecemos sobre empleo precario en actividades de bajo valor añadido.

En cómo se reparte este mayor crecimiento, porque en 2018 la participación de los salarios en el PIB es cuatro puntos inferior a la de antes de la recesión, una cifra equivalente a más de 45.000 millones de euros.

En todo caso son apenas diez meses frente a diez años de austeridad y de recortes de los derechos laborales que provocaron una enorme desigualdad social, una insoportable precariedad laboral, un grave deterioro de los salarios y del resto de condiciones laborales, un aumento de la pobreza, incluida la laboral, una mayor desprotección social y un deterioro de los servicios públicos.

Volviendo al balance del último año, y como orientación para el nuevo gobierno que sale de las elecciones, hay que preguntarse por qué la economía española está evolucionando mejor que la media de la UE. Es un debate complejo, con múltiples variables, que va más allá de la extensión de este artículo, pero sin duda el principal factor es la rectificación parcial de la orientación de la política económica, que había empezado a producirse en 2018 pero que se intensificó con el cambio de gobierno. Frente a la austeridad y la devaluación salarial, se avanza, aunque tímidamente, en un aumento del gasto público y sobre todo en la mejora de los salarios.

Aumenta el gasto público porque en el acuerdo firmado por el gobierno y los sindicatos en abril de 2018 se contempla un incremento de las retribuciones y un aumento de las plantillas al servicio de las administraciones públicas, lo que supone una mayor renta para casi 3,2 millones de personas que trabajan en el sector púbico.

Hay más gasto público porque la movilización de los pensionistas obligó al gobierno a incrementar sus pensiones un mínimo del 1,6% ya para 2018, frente al 0,25% de 2017, un aumento del que se beneficiaron cerca de 9 millones de personas.

Aumentan los salarios en general porque los sindicatos y la patronal firmaron un acuerdo marco de negociación colectiva ––el AENC 2018-2020–– con un incremento de los salarios de hasta el 3% y, atención, se comprometieron a que en ningún convenio colectivo se paguen salarios inferiores 1.000 euros mensuales a partir de 2020.

Pero la medida más emblemática del cambio de orientación es el incremento del 22% del salario mínimo interprofesional hasta situarlo en 900 euros mensuales. Esta fue la principal demanda de Unidos Podemos en el acuerdo con el Gobierno, que se materializó en el mayor incremento de la historia que benefició de forma directa e inmediata a 1,3 millones de personas del Régimen General a las que hay que añadir 400.000 del Sistema de Empleadas de Hogar y 800.000 del Agrario.

Un aumento del salario mínimo que se convierte en un instrumento privilegiado para combatir la pobreza laboral, la brecha salarial de género, la desigualdad, los bajos ingresos de las personas más jóvenes, de las más precarias y de todas las que sufren algún tipo de vulnerabilidad en el mercado de trabajo.

Esta es la clave, porque nueve de cada diez hogares españoles tienen en los salarios y las pensiones la fuente principal de sus ingresos. Aumentar la renta del 90% de la gente no solo mejora su nivel de vida sino que impulsa la demanda interna, que es el factor clave en el crecimiento económico. Es un círculo virtuoso: más salarios, mejores pensiones, más bienestar, mayor crecimiento y más empleo. Esta es la senda por la que tiene que avanzar el nuevo gobierno, que debe venir acompañada por una apuesta decidida por mejorar la calidad del empleo, empezando por la derogación de las últimas reformas laborales.

Un cambio (parcial) en la política económica que impulsa el crecimiento y el empleo