martes. 19.03.2024

En las elecciones del pasado domingo los españoles no sólo votaron para elegir a los alcaldes y presidentes de sus respectivas localidades y comunidades, sino para decantarse por quienes nos representarán en Europa durante los próximos años.

La nueva composición del Parlamento Europeo mantiene una mayoría europeísta como consecuencia de la subida de los liberales y de Los Verdes, frente al “pinchazo” que sufrieron los partidos más euroescépticos, más allá de las victorias que cosecharon en países como Francia, Italia y Reino Unido. Al final, el PP europeo continúa como primera fuerza en la Eurocámara, por encima del grupo socialdemócrata, que ha perdido peso por la caída del SPD alemán, aunque amortiguado por el avance en España.

Sea como fuere, la aprobación de los presupuestos para los próximos siete años es sólo uno de los desafíos de esta nueva Eurocámara, que también tiene ante sí el tan importante reto de trabajar en la armonización del Impuesto de Sociedades para todos los Estados miembros.

Y es que una elusión de las grandes empresas de entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales en Europa, según revela el comisario de Economía y Finanzas, Pierre Moscovici, justifica sobradamente que deba ser un reto importante para la UE porque las diferencias de los regímenes del impuesto sobre sociedades entre los Estados miembros están permitiendo a las transnacionales “trasladar sus beneficios” a jurisdicciones de baja tributación (con la intervención de los conocidos “regímenes fiscales preferenciales”) en perjuicio de los Estados.

Por otro lado, esas prácticas de planificación fiscal agresiva de las multinacionales generan una competencia desleal con las PYMES, ya que éstas, entre otras cuestiones, no pueden pagar los elevados honorarios de una consultoría internacional.

Y esa armonización pasa por que se aprueben, de una vez por todas, unas normas para la consolidación de los beneficios y la distribución de la base imponible consolidada a los Estados miembros, tal como se concreta en un segundo proyecto de Directiva para una Base imponible consolidada común (BICCIS) que espera la aprobación unánime de los Estados miembros desde el 25/10/2016, después de que el Consejo rechazara hace ocho años la primera propuesta de 2011.

Es decir, contar con unas normas comunes para el cálculo de la base imponible del impuesto de sociedades en la UE, que reduzca la planificación fiscal agresiva y garantice que los beneficios de las empresas se graven en los países en los que se crea el valor. Justo para someter a tributación todas las rentas, salvo las que se determinen expresamente exentas, como los beneficios derivados de los establecimientos permanentes de una sociedad en el Estado del domicilio de dicha sociedad y las rentas procedentes de dividendos o venta de acciones de una empresa no perteneciente al grupo. Además, se dispone una lista de gastos no deducibles y también reducirá la deducibilidad de gastos profesionales entre otros.

Por tanto, dichas normas no pretenden la armonización de los tipos de gravamen ni de los posibles créditos fiscales en la UE, que seguirán siendo un derecho de los Estados miembros.

De aprobarse, estas normas BICCIS serían obligatorias para los grupos empresariales cuyo volumen anual de negocios consolidado supere los 750 millones de euros y estén establecidas en un Estado miembro de la UE o pertenezcan a un contribuyente residente en la UE.

El proyecto de Directiva BICCIS también contiene unas normas de lucha contra la elusión del impuesto de sociedades, que incluyen la limitación de los intereses, una norma sobre las sociedades extranjeras controladas, unas normas sobre asimetrías híbridas y una norma general contra las prácticas abusivas.

Entre otras ventajas de esta armonización europea del impuesto de sociedades estarían que los motivos fiscales no condicionarán la ubicación del domicilio social de las empresas y reduciría la actual competencia fiscal desleal entre los Estados miembros.

Y todo ello debería ayudar a mitigar la insuficiencia recaudatoria del sistema tributario español, cuya comparativa con la media ponderada de la UE refleja un agujero próximo a los 80.000 millones de euros.

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Carlos Cruzado.

Presidente de los Técnicos de Hacienda (GHESTA)                                           

¿Por qué es tan importante armonizar Sociedades en la Unión Europea?