Canal de Isabel II, en sus cuentas anuales de 2017, afirma que la dirección y los administradores no han podido determinar el valor razonable de la inversión en Triple A, ni en ese momento, ni cuando se registre la pérdida de control
Los propios auditores de Canal, en su último informe de auditoría publicado, reconocen que el Grupo Canal está expuesto a los eventuales riesgos que pudieran derivarse de las investigaciones que se están efectuando en las Diligencias Previas 91/2016 del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional en el marco de la operación Lezo.
Adicionalmente, la Fiscalía de Colombia ha resuelto el embargo y secuestro del 82% de las acciones de la sociedad Triple A de Barranquilla, que pertenecen a INASSA, una filial de Canal de Isabel II, S.A., las cuales están valoradas en 67 millones de euros. En relación con este hecho, la propia Fiscalía ha acordado también dejar sin efecto el contrato de asistencia técnica, por el que INASSA proveía servicios a Triple A. Y el motivo no es otro que la sospecha de que INASSA haya estado cobrando por asistencias técnicas que nunca ha prestado por un importe estimado en 75 millones de euros. El propio responsable de Canal en Latinoamérica, imputado en la operación Lezo, Edmundo Rodríguez Sobrino, reconoció en sede judicial que INASSA había cobrado por asistencias técnicas falsas como plan oculto entre los accionistas para no pagar impuestos.
Todos estos datos son ampliamente conocidos en la medida en que han sido ofrecidos por la Fiscalía de Colombia y publicados en distintos medios de comunicación. Sin embargo, Canal de Isabel II, en sus cuentas anuales de 2017, afirma que la dirección y los administradores no han podido determinar el valor razonable de la inversión en Triple A, ni en ese momento, ni cuando se registre la pérdida de control. Este comentario obliga a los auditores a incluir un párrafo de énfasis en la memoria y a destacarlo en su informe. Manifiestan que se trata de una cuestión clave, pero no se atreven a considerarlo siquiera una salvedad. Pero, lo que supone, es un elemento clave que demuestra lo que la Plataforma contra la privatización del Canal viene denunciando. Es decir, un atentado a la transparencia. ¿Cómo es posible que en sus propias cuentas anuales los administradores de la empresa y sus directivos digan que no pueden determinar el valor razonable de la pérdida de control de una de sus principales inversiones en Latinoamérica cuando ya se lo da calculado la propia Fiscalía Colombiana que se lo incauta y la prensa que se hace eco de ello?
Queda claro que la empresa está incurriendo en una omisión grave de información que tiene, a su vez, graves implicaciones. La omisión de información se demuestra, aparte de en lo ya manifestado, en el hecho de que tampoco se exponga en la memoria de cuentas un test de deterioro de la inversión en Triple A de Barranquilla. En aquellas cuestiones que no tienen tanta implicación negativa para Canal se detallan en la memoria pruebas de deterioro relativas a la cifra de negocios, periodos medios de cobro y tasas de descuento, con variaciones de hipótesis en rangos que van del +5% al -5% para la cifra de negocios, del +10% al -10% para los periodos medios de cobro, etc. Y, sin embargo, no hay ninguna mención ni test alguno para el deterioro de la inversión en Triple A, que ya ha sido confiscada. Aunque no haya sentencia firme una mínima información en aras de la transparencia e, incluso, del mismo cumplimiento de la legislación contable, sería incluir un test deterioro de la inversión y del impacto en las cuentas que tendría la definitiva pérdida del 82% de las acciones de Triple A. Pero esta información, sorprendentemente, se oculta en las cuentas anuales de 2017.
Las consecuencias de la no incorporación en las cuentas de dicha hipótesis son que el resultado de la empresa se calcula sin tener en cuenta un más que probable quebranto, cuanto menos en el corto plazo, porque mientras esas acciones están secuestradas por la Fiscalía Colombiana no están produciendo rendimiento al Canal. Es decir, se trata de un resultado ficticio y engrosado por la omisión de provisiones de impacto muy negativo en el patrimonio del Canal. Y, sin embargo, el comportamiento de los administradores y directivos es el mismo que si estos hechos no se hubieran producido, porque acuerdan el reparto de esos resultados inflados entre los accionistas, en forma de dividendo. No sólo se calcula un beneficio mayor del que el principio de prudencia supondría, sino que se saca de la empresa para financiar a la Comunidad de Madrid y a los Ayuntamientos.
Este comportamiento que los administradores y directivos ven correcto y que a los auditores no les lleva a más, que a mostrar un simple comentario en su informe, tiene un grave riesgo para la situación financiera y patrimonial de Canal de acuerdo con la agencia de rating, Moody’s, que califica a la empresa como consecuencia de la emisión de bonos, que también criticó la Plataforma contra la Privatización del Canal, y sobre la que ya advirtió de sus riesgos, que ahora estamos viendo. Por ejemplo, fondos buitre como Pimco y Schroders han pedido información más exhaustiva a Canal (porque evidentemente las cuentas anuales no la proporcionan) para valorar si ejercen su opción de rescate anticipado de los bonos. Opción ésta que tendrían sólo por el hecho de la confiscación de las acciones de Triple A, que, evidentemente, altera la situación patrimonial y financiera de Canal. Como se puede comprobar, no deja de resultar sorprendente que la decisión de la Fiscalía Colombiana dé opción a los bonistas a pedir el rescate de los bonos antes de su vencimiento, pero no sea suficiente para los directivos de Canal como para detallar en la memoria el impacto que podría tener en dicha situación patrimonial y financiera, y decidan repartir el beneficio como si nada hubiese sucedido.
Tanto es así, que, para evitar cualquier comentario negativo de Moody’s o incluso una rebaja de la calificación crediticia de Canal, la Comunidad de Madrid ha optado por aplazar el cobro del dividendo que los administradores de Canal han decidido alegremente repartir.
En resumen, se ponen de manifiesto las consecuencias negativas de la gestión de Canal basada en términos privatizadores, que siempre ha denunciado la plataforma, que son la falta de transparencia (ocultación de información clave en las cuentas anuales) y la mercantilización de las decisiones (como la emisión de bonos privados que compran fondos buitre unida a las inversiones en Latinoamérica hechas de forma opaca y fraudulenta).
Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II
