La tributación de comunidades autónomas y municipios está pendiente de la modificación del caducado modelo de financiación autonómica y local
El domingo 26 de mayo los españoles tenemos otra cita con las urnas, de las que saldrán los próximos gobiernos autonómicos y locales. Las papeletas servirán para elegir a los alcaldes y presidentes de sus respectivas localidades y comunidades, así como a los políticos que nos representarán en Europa durante el próximo lustro.
Durante la campaña electoral hemos escuchado propuestas de todos los colores, signos y convicciones. De ámbito europeo, autonómico y municipal. Y en materia fiscal, que es la que nos ocupa, no hemos oído recordar que, de acuerdo con el último estudio del CIS sobre opinión pública y política fiscal, del pasado verano, los españoles se inclinan mayoritariamente por mejorar los servicios públicos, aunque haya que pagar más impuestos.
Sea como fuere, en los últimos días hemos visto cómo los distintos candidatos que concurren a los comicios han vuelto a enfrentar sus programas fiscales -dejando entrever vaivenes en los impuestos- en la búsqueda de votos de unos ciudadanos, y contribuyentes al mismo tiempo, que han de saber cuáles son los que dependen de las elecciones del domingo.
En este sentido, los principales impuestos cedidos a las comunidades son el de Sucesiones y el de Patrimonio, además del tramo autonómico del IRPF, que son los que más aportan en términos de recaudación. Asimismo, son estos tributos en torno a los que los gobiernos autonómicos están compitiendo a la baja en muchas ocasiones, poniendo contra las cuerdas los erarios públicos.
Por otra parte, entre los impuestos locales que dependen de los ayuntamientos, los principales son el IBI, el IAE, el de circulación y la plusvalía municipal; es decir, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Al margen de todo ello, conviene recordar que la tributación de comunidades autónomas y municipios está pendiente de la modificación del caducado modelo de financiación autonómica y local. Y a este respecto han llegado a constituirse dos comisiones de expertos, una para las autonomías y otra para los ayuntamientos y demás entidades locales, en las que, entre otras cuestiones, se han planteado medidas en aras de una mayor armonización de impuestos y competencias tanto en comunidades como en entidades locales, en la línea que venimos defendiendo los Técnicos de Hacienda para que la gestión de la política fiscal autonómica sea global.
En cuanto a armonización se refiere, y teniendo en cuenta que el domingo también se celebran las elecciones europeas, el reto de extender aquélla a la imposición directa, y especialmente al Impuesto de Sociedades, es quizás uno de los más importantes en este momento para la UE. Un impuesto sobre los beneficios de las empresas común, al menos en sus elementos fundamentales, contribuiría a generar un mercado único en el que los motivos fiscales no condicionaran la ubicación de las empresas, reduciría los incentivos a desviar los ingresos y acabaría con la actual competencia fiscal desleal entre los Estados miembros. Y ello ayudaría a mitigar la insuficiencia de nuestro sistema tributario, cuya comparativa con la media ponderada de la UE en términos de recaudación refleja un agujero en los ingresos próximo a los 80.000 millones de euros.
Por tanto, más allá de las promesas electorales que nos hagan en materia fiscal e independientemente de donde provengan, hoy es más necesario que nunca abordar una reforma completa del sistema fiscal que recaude lo suficiente para el mantenimiento del Estado social que establece nuestra Constitución y haga efectivos los principios de generalidad, igualdad, progresividad y capacidad económica contemplados en su artículo 31.1.
Carlos Cruzado
