Los españoles somos muy olvidadizos. Santiago Alba Rico señala que un país sin memoria es un país a merced del viento, en el que puede ocurrir cualquier cosa. Como que gane unas elecciones un partido con la palabra libertad y el slogan “que te vote Txapote”. O que quiera combatir el cambio climático poniendo macetas en los balcones. Una auténtica gilipollez. Lo que es muestra incuestionable del nivel de madurez política alcanzado en la sociedad española. Por ello, me parece pertinente recordar una serie de políticas de los gobiernos socialistas: de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Supusieron la puesta en marcha de un Estado de bienestar con sus limitaciones, así como grandes avances de derechos. El contraste con las políticas de la derecha, con los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, es total, ya que siempre estos trataron de impedirlas. Luego, en el gobierno algunas no las han derogado, al estar muy asumidas por la sociedad española. Lo cual es todo un ejercicio de hipocresía y cinismo.
Ernest Lluch fue el responsable de la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986, que puso las bases legales para la universalización de la atención sanitaria. Un cambio trascendental en el modelo de asistencia sanitaria, ya que se pasó de un sistema de Seguridad Social financiado con las cuotas de trabajadores y empresarios, a uno integrado por todas las redes existentes, y financiado directamente a través de los Presupuestos Generales del Estado. Descentralizó los servicios sanitarios en comunidades autónomas.
La Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, con el objetivo de garantizar un nivel mínimo de rentas a aquellos jubilados que se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Los únicos requisitos exigidos para el derecho a las pensiones no contributivas fueron, con carácter general, la residencia en territorio nacional y la insuficiencia de recursos; y, con carácter específico, la edad de sesenta y cinco años, para la pensión de jubilación, y la edad de dieciocho años y el grado de minusvalía establecido, para la de invalidez.
En aplicación de la LOGSE, de 1990, la enseñanza por primera vez en la historia fue obligatoria, gratuita y universal para todos los españoles de 6 a 16 años, al ampliarse la escolarización dos años más, de los 14 a los 16 años.
La Ley Orgánica 9/1985 despenalizó el aborto en tres supuestos: riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada (supuesto terapéutico), violación y malformaciones. La gestante podía interrumpir el embarazo en centros públicos o privados en las primeras 12 semanas en el caso criminológico, en las 22 primeras semanas en el eugenésico, y en cualquier momento del embarazo en el caso terapéutico. Más tarde también con gobierno socialista llegó la ley de plazos de 2010.
Con gobiernos de Suárez, Francisco Fernández Ordóñez, de tendencia socialdemócrata, ya que formó parte de gobiernos de Felipe González, fue responsable en 1977 de la reforma fiscal, con la introducción del impuesto de la renta, y de la Ley de divorcio de 1981.
Las reformas en el ejército de Narcís Serra como los pases voluntarios a la reserva, castigos por opiniones políticas, disminución de la edad de jubilación, sirvieron para desactivar el problema militar, no en vano en 1981 se produjo el golpe del 23-F. También hay que recordar la entrada en la Unión Europea en 1986.
Con Rodríguez Zapatero se aprobaron leyes muy importantes. Concediendo más derechos a más españoles, a los colectivos más desfavorecidos, como mujeres, homosexuales o dependientes, y sin quitar nada a nadie. Están impregnadas de valores de justicia social, de solidaridad, de igualdad y de ampliación de las libertades. Ahí van: LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, la LEY 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio entre homosexuales, la LEY 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, la LEY 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio (divorcio exprés) y la LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Esta última Ley supuso la implantación del cuarto pilar del Estado de bienestar. Una ley como esta, impregnada de sensibilidad social y solidaridad es inconcebible que pudiera surgir de la derecha española. La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto de esta Ley no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. En cuanto a su necesidad, cabe mencionar que en el año 2008 se estimaba que podría haber en España dos millones de personas dependientes sobre una población total, ese mismo año, de unos 46 millones de habitantes. Cabe recordar, que esta Ley se tramitó desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyo titular era Jesús Caldera.
La Ley Antitabaco de 2005, de la ministra Leire Pajín. ¿Cuántas vidas ha salvado esta ley? Conviene recordar que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que la prohibición de fumar "evidentemente se cambiará" para favorecer la inversión del magnate Sheldon Adelson en España con su proyecto Eurovegas. Esta actitud no es nada nuevo. Y el fin de ETA en 2011 con ZP. Y qué difícil se lo pusieron desde la derecha: Rajoy a ZP: “Usted está traicionando a los muertos y vigorizando una ETA ya moribunda”. La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Y el gobierno de coalición PSOE-UP, presidido por Pedro Sánchez: la reforma laboral, las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de las pensiones acorde al IPC; el tope al gas, los impuestos a las entidades financieras y a las empresas energéticas, la Ley de Memoria Democrática, el tope a los alquileres, la Ley Trans, La ley del ‘Solo sí es sí’ o el Pacto de Estado contra la violencia de género. El 25 de junio de 2021 entró en vigor en España la Ley Orgánica 3/2021 reguladora de la Eutanasia (LORE). La Ley de vivienda, la primera en nuestra democracia, ha sido aprobada en el Congreso el 27 de abril de 2023 y ahora mismo en el Senado. Haré una breve alusión a la LORE, por lo que recurriré al artículo de José Luis Trasobares, uno de los más grandes periodistas de Aragón, y presidente de Derecho a Morir Dignamente en Aragón, en el Periódico de Aragón de 18 de mayo, titulado el 28M y la muerte digna. Es para reflexionar. Ahí van sus palabras:
“El derecho a una muerte digna y a poder acogerse a la Ley de Regulación de la Eutanasia también estará en juego este 28M, especialmente en lo que se refiere a las comunidades autónomas, que administran la Sanidad y son por ello fundamentales a la hora de hacer verdaderamente efectiva tal posibilidad. Por eso, Derecho a Morir Dignamente quiere hacer un llamamiento a la ciudadanía para que ante las próximas elecciones…otorgue su voto a los partidos y coaliciones que reconocen expresamente el derecho a morir con dignidad y a una aplicación correcta de la LORE, y que por ello mismo nieguen su sufragio quienes lo rechazan o entorpecen. No se nos puede ocultar que ahora mismo, en España, la aplicación de la eutanasia, pero también de unos cuidados paliativos dignos de tal nombre y de una sedación terminal ceñida a los protocolos internacionales, está siendo boicoteada sistemáticamente por fuerzas políticas reaccionarias cuya ideología asume el sufrimiento y degradación de los enfermos hasta límites terribles en nombre de un pretendido respeto a la vida”.
Quiero hacer especial énfasis en el tema territorial. El Gobierno de Coalición heredó un problema territorial envenenado en Cataluña. Insisto, lo heredó del gobierno de M. Rajoy. Y ha tenido que tomar medidas muy arriesgadas para encauzarlo, que han sido muy criticadas mediáticamente y políticamente; y con la oposición judicial. Pero, la realidad es la que es. Comparemos la situación de Cataluña de 2017 con la actual. E incluso, el PSC votó los presupuestos de la Generalitat presidida por Pere Aragonès. Y estupefacto oigo a Feijóo que el PSC es ya anticonstitucionalista. Esta paranoia de patrimonializar la Constitución produce hartazgo.
Claro que en el debe de los gobiernos socialistas hay aspectos negativos. La corrupción, con Filesa, Roldán y los Eres. El Gal. La reforma del artículo 135 de nuestra Carta Magna. Y el abandono reciente de la causa saharahui. Pero, la contribución socialista a la construcción de nuestra democracia ha sido incuestionable.
La contribución socialista a la construcción de nuestra democracia ha sido incuestionable
Frente a estas aportaciones a la consolidación de nuestra democracia por parte de los gobiernos del PSOE, y el último en coalición con Unidas Podemos, hagamos un breve repaso a las aportaciones de la derecha española. Si hubiera que calificar su actuación en estos 40 años, ha sido la de entorpecer todos estos avances del socialismo. Estuvo en contra del divorcio, del aborto, de la LOGSE, contra la ley de antitabaco, contra el matrimonio de los homosexuales, contra la ley de eutanasia, contra las leyes de Memoria Democrática… Ha sido una derecha con el freno de mano echado. Sus gobiernos se han caracterizado por privatizar toda empresa pública para beneficiar a amigos de colegio; liberalizar el suelo propiciando una burbuja inmobiliaria con secuelas gravísimas; la entrada en la guerra de Irak; la puesta en marcha de unas políticas de austeridad con M. Rajoy. Y por supuesto, unos límites inconcebibles de corrupción. Lo cual contrasta con el discurso de Don José María Aznar, el Incorruptible, en la Sesión de Investidura, en el Congreso de los Diputados, el 3 de mayo de 1996, el 3 de mayo de 1996. Hay que leerlo detenidamente.
“He expresado al principio de mi intervención mi confianza de que el 3 de marzo haya abierto una nueva etapa en la política española. No podemos, sin embargo, ignorar que fenómenos preocupantes y algunas conductas graves han causado en los últimos años un gran daño a nuestra democracia y han contribuido al desprestigio de la política entre los españoles. Abordo esta cuestión con la convicción de que el sistema democrático tiene capacidad para superar los errores, vicios y deficiencias que pudieran producirse. No podemos abandonar esta vigilante preocupación. Hemos de ser cuidadosamente fieles a las exigencias del imperio de la Ley; hemos de ser conscientes de que un Estado que maneja ingentes recursos públicos debe combatir el riesgo de la corrupción con procedimientos adecuados y controles eficaces."
En el Diario de Sesiones, junio de 2017, con motivo de la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy presentada por Unidas Podemos, Irene Montero expuso el listado de casos de corrupción —solo el listado— del PP.: Gürtel, Púnica, Lezo, Acuamed, Nóos, Andratx, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Bitel, Bon Sosec, Bomsai, Brugal, Caballo de Troya, Camps, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, caso de la construcción, caso del lino, el Roblecillo, Emarsa, caso Eólico Canarias, Faycán, Fitur, Funeraria, Guateque, Ibatur, Imelsa, Inestur, Lasarte, Líber, Madeja, Marchelo, Mercamadrid, caso Naseiro, Novo Carthago, Ópera, Orquesta, Over Marketing, Palma Arena, Patos, Piscina, Pokémon, Porto, Rasputín, Scala, Taula, Terra Natura Benidorm, Torres de Calatrava, Torrevieja, Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Zeta, Caso Parques Eólicos, Cooperación. Y continuó diciendo: Estos son los que han salido, ¡qué no habrá debajo!, cuánto habrán conseguido ustedes que prescriba y cuánto quedará por salir todavía….Se llenan ustedes la boca con la palabra España mientras se están metiendo su dinero en los bolsillos. Así que ya no basta con que nos pidan perdón. Pidan perdón, señorías, y devuelvan lo robado. ¡Hasta el último céntimo!
Observemos su actuación en la oposición. Al respecto me parece muy pertinente, el artículo Oposición responsable versus crispación en términos de rentabilidad electoral, de la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Teresa Mata López.
Numerosos trabajos, empezando ya por Dahl en 1966, han analizado la actuación parlamentaria de la oposición en las democracias occidentales, que tiene dos opciones. La del conflicto para marcar las diferencias con respecto al gobierno, y la de la cooperación, motivada por el deseo de participar e influir en las decisiones políticas. Si nos centramos en la actitud en la oposición del PP en nuestra democracia, observamos tres momentos claros en los que no sólo imposibilitó el consenso, sino que eligió, como han corroborado muchos, la crispación.
Así ocurrió en la última legislatura de González (1993-1996), en la primera de Rodríguez Zapatero (2004-2008) y en los gobiernos de Sánchez, el de después de la moción de censura y el posterior a las elecciones del 20-N en 2019. En estos tres periodos el PP ha desarrollado desde la oposición una estrategia que puede definirse como la búsqueda del enfrentamiento en cuestiones políticas fundamentales, mediante una campaña de destrucción del adversario político basada en la ofensa y en el insulto, así como en la exageración y el alarmismo. De manera que no sólo se niega la legitimidad de las acciones del adversario, sino también la del propio adversario, visto como enemigo. Durante el último gobierno de González, tras varios escándalos de corrupción económica y de guerra sucia con ETA, los ataques se centraron en la corrupción, la economía, la política antiterrorista y la capacidad del Gobierno. Pero en cuanto a la política antiterrorista, las críticas no se circunscribieron a los casos de guerra sucia, sino que hubo otras medidas, como las políticas de reinserción (empleadas posteriormente por los gobiernos populares), que generaron si cabe aún mayores críticas por parte del PP.
En el primer gobierno de Zapatero, en uno de los momentos de mayor debilidad de ETA hasta la fecha, la crispación estuvo centrada en la política antiterrorista y la política territorial, hasta entonces dos supuestas cuestiones de Estado, alcanzando unas cotas de enfrentamiento, incluso mayores que las registradas bajo el último Gobierno de González.
Durante los gobiernos de Pedro Sánchez los ataques se han circunscrito en su mayoría al terrorismo y a la cuestión catalana, acusando a los socialistas, una vez más, de querer romper España. Ahora con la oposición a la reforma del delito de sedición. Unos ataques a los que se han incorporado también Cs y Vox.
Son tres escenarios con evidentes diferencias entre sí, pero con cosas en común. Los tres vinieron precedidos por una presunta victoria inesperada de los socialistas, la de 1993, la de 2004 y la 2019. Y las tres se han centrado en temas que están por encima o al margen de la habitual contraposición ideológica entre izquierda y derecha, como el terrorismo y la cuestión territorial, cuestionando la capacidad del Gobierno, y con una constante descalificación de éste y del presidente.
La actitud desarrollada por el PP ha sido muy dañina. Una oposición desleal, que no respeta ciertos límites, puede desgarrar el sistema político
Una actitud que ha sido retroalimentada y potenciada también por los medios de comunicación, muy politizados en España que no sólo han incurrido en el negativismo mediático –primar el ataque al rival más que la defensa del candidato o partido más próximo–, sino que han aprovechado esta polarización para aumentar sus niveles de audiencia; visto el incremento de las tertulias políticas, llegando a ocupar las franjas prime time, y la virulencia que suelen tomar. La actitud desarrollada por el PP ha sido muy dañina. Una oposición desleal, que no respeta ciertos límites, puede desgarrar el sistema político.
No obstante, esta estrategia de la crispación del PP basada fundamentalmente en estos temas (terrorismo y Cataluña), además de poco ética, le ha sido poco eficaz electoralmente. ZP venció claramente en las elecciones de 9 de marzo de 2008 y Sánchez en las del 20-N de 2019.
El PP siempre ha mantenido un discurso especialmente duro, e incluso beligerante, en el tema del terrorismo. Lo estamos viendo. Pedro Rollán, senador del Partido Popular, miembro del Comité de Dirección del partido y vicesecretario de Políticas Municipales, ha elevado aún más el tono de crispación que impera en la política española en plena campaña electoral de las elecciones del 28 de mayo. Ha dicho en el Senado que los cimientos de la ley de vivienda "se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor, con 21 muertos, cuatro de ellos niños". Rollán ha ido más allá y ha seguido su discurso para criticar la norma del Gobierno y las listas electorales de EH Bildu. "Se levantan sobre los escombros de la plaza de la República Dominicana donde fueron asesinados 12 guardias civiles, sobre los hierros retorcidos de la casa cuartel de Zaragoza donde se arrebató la vida a 11 personas". El dirigente popular ha dicho también que los pactos del Ejecutivo son "a prueba de bombas". "Es vergonzoso verles arrastrarse de manera tan humillante ante Arnaldo Otegi", añadió.
Mas, dejando sus declaraciones, la legislación antiterrorista desarrollada por PSOE y PP demuestra que las diferencias son solamente relativas. Ambos han negociado y han llevado a cabo traslados a Euskadi. Y lo más importante, que uno de los aspectos que los españoles más han valorado en este campo ha sido el acuerdo. Hoy ETA solo preocupa al PP. Manuel García-Margallo admitió en prime time televisivo cuando trasladó su confesión de un miembro del PP vasco: «Desde que no nos matan, no tenemos proyecto». En absoluto preocupa a la gran mayoría de la sociedad española, que se siente muy satisfecha de la desaparición de esa pesadilla.
