La Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD) ha solicitado al Ministerio de Defensa que retire todas las medallas y condecoraciones que fueron concedidas a Franco desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936.
El colectivo, integrado por militares de reserva, en situación de retiro o separados del servicio y algunos otros en situación de actividad, considera que las Fuerzas Armadas Españolas (FAS) no están cumpliendo con la Ley de Memoria Democrática que obliga -entre otros preceptos-, a las administraciones públicas a la “revisión de reconocimiento, honores y distinciones” que “resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista” (Art. 40).
“Las Fuerzas Armadas Españolas quedan obligadas a ser fieles cumplidoras del mandato de las leyes en asuntos que son de su competencia, siendo una ellas la Ley 20/2022 de la Memoria Democrática”, afirman en su escrito.
El pasado 25 de septiembre, la AMMD envió una carta a la ministra Margarita Robles trasladándole la necesidad de que el Gobierno proceda a la revocación de “todas las distinciones, honores, menciones, recompensas y condecoraciones” que fueron concedidas por las FAS y los Institutos Armados al dictador. En la misiva, aluden al articulado de la ley aprobada en 2022, al ya mencionado art. 40 y al art. 42 que precisa aún más al asegurar que “las condecoraciones y recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, podrán revisarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista, hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos, así como con los requisitos para su concesión”.
La misiva, a la que ha tenido acceso Nuevatribuna, también se remitió al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López y al director General de este departamento, Diego Blázquez Martín. A día de hoy, según ha podido saber este periódico, la AMMD no ha recibido contestación alguna por parte del Gobierno.
La asociación manifiesta su “satisfacción” por la resolución aprobada por el Consejod e Ministros el pasado 12 de septiembre para la retirada de la Gran Cruz del Mérito Militar al general Augusto Pinochet, coincidiendo con el 50 aniversario del golpe en Chile de 1973. “Ningún referente más apropiado que este para rogarle tome en consideración las razones del presente escrito”, señalan.
Los militares firmantes de esta iniciativa recuerdan además que según el real decreto 1040/2003 de 1 de agosto -aún vigente-, por el que se aprobó el Reglamento de recompensas militares, “… las recompensas militares revisten gran trascendencia en los aspectos moral y orgánico de las Fuerzas Armadas, al constituir tanto un estímulo permanente para la superación en el cumplimiento del deber y del servicio –junto con los sacrificios, riesgos y dedicación inherentes a la vida militar– como un factor importante de selección para la organización militar, al destacar a los miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil en el ejercicio del mando y demás funciones militares que legalmente les corresponden por acreditar las condiciones morales, físicas e intelectuales que se requieren para su concesión”.
El colectivo cree que, precisamente por ese valor moral y ejemplarizante que las FAS otorgan a sus condecoraciones, es por lo que la Ley de Memoria introduce en su articulado las referidas consideraciones: “Los legisladores no perdieron de vista la necesidad de introducir en su articulado medidas encaminadas a corregir la anomalía que supone que las FAS de un Estado de Derecho como es la España actual, mantenga vigente la concesión de las máximas distinciones y condecoraciones militares a uno de los principales protagonistas del golpe de estado y el levantamiento militar del 18 de julio de 1936”, aseguran, de la misma forma que el Gobierno reconoció la “incoherencia” de mantener la medalla al dictador Pinochet.
Panteón de marinos ilustres de la Armada
No es la primera vez que la AMMD se dirige al Ministerio encabezado por Robles para hacer una petición de esta naturaleza. Hace justo un año, en septiembre de 2022, el presidente de la AMMD, Manuel Pardo de Donlebún, se dirigía por escrito a la ministra para expresarla la “incongruencia” que, a su juicio, suponía la presencia en el Panteón de Marinos Ilustres de la Armada (en la Escuela de Suboficiales de San Fernando, Cádiz) de los restos de tres oficiales que fueron actores principales de la rebelión militar contra la legalidad vigente: los Almirantes Francisco y Salvador Moreno Fernández, artífices de la sublevación militar en la Base y Arsenal de Ferrol y del Almirante Juan Cervera Valderrama, Jefe del Estado Mayor de la Marina de las fuerzas rebeldes, durante la guerra española.
El ministerio, por voz del director de Gabinete, respondía a esta misiva, asegurando que había que esperar a la aprobación definitiva de la Ley de Memoria Democrática, lo que ocurrió el 19 de octubre de este mismo año. A raíz de la normativa, se constituyó un Comité de Seguimiento en Defensa para elaborar un primer inventario de actuaciones antes del 31 de enero de 2023. Sin embargo, la situación se mantuvo en stand by y los tres almirantes en cuestión continúan reposando en el Panteón, sin que haya forma de conocer -denuncia la asociación- “cuáles son las actuaciones que tiene pendientes el Ministerio en aplicación de la Ley”.
En opinión de la AMMD, y así se lo expresó su presidente a la ministra, el retraso en la toma de decisiones “parece una acción retardatoria por parte de algunos mandos de la Armada en la ejecución de la Ley”. Y añadía en su carta: “Como ya hemos reiterado, consideramos que dejar al criterio de los mandos en activo qué acciones concretas es preciso adoptar para eliminar los vestigios de la rebelión militar, la guerra y la dictadura no parece la mejor manera de garantizar el deseable efecto pedagógico que se espera de esta Ley”.
Entre otras cuestiones, el colectivo propuso que el referido comité de seguimiento incorporase a profesionales, académicos y expertos memorialistas para colaborar en las tareas de identificación de los elementos a eliminar. Asimismo, solicitaban un encuentro con la ministra para trasladarle personalmente las actuaciones que habría que ejecutar en el seno del Ejército y en cumplimiento de la Ley de Memoria.
Críticas a la ministra
Por todo ello, y ante la falta reiterada de respuesta por parte del Ministerio, la asociación cree que la ministra “no tiene intención alguna” de atender a las peticiones, y como “carece de argumentos con los que justificar la respuesta”, ha optado por “el silencio administrativo” con el objeto de “escurrir el bulto”, afirman.
Por otro lado, la AMMD también lamenta el “insignificante papel” que juega el secretario de Estado de Memoria Democrática en la promoción de los efectos de la Ley en el ámbito de Defensa.
