La Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD) saluda con satisfacción la sentencia de la Sala V del Tribunal Supremo que cancela la sanción por falta muy grave y expulsión (por acumulación de dos faltas graves) del que fuera Cabo del Ejército de Tierra D. Marco Antonio Santos Soto.
El tribunal aprecia lo que ya advertimos algunos de nosotros en informes periciales que fueron aportados en su momento para su defensa: nada de lo que hizo puede considerarse como ruptura de la neutralidad política ni supone merma de la disciplina y la cohesión de los ejércitos.
El Tribunal ha señalado lo que ninguno de los componentes de la cadena de mando implicados en los procedimientos disciplinarios ha sido capaz de advertir: las acciones sancionadoras suponen una injustificada limitación a la libertad de expresión de los militares.
Buena nota deben tomar desde el Ministerio de Defensa, cuya titular parece desentenderse de su deber de velar por la adaptación de los militares a un funcionamiento verdaderamente democrático y que con su inhibición solo alimenta las salidas de tono de ciertos mandos militares que no han sido capaces de asumir los valores democráticos y que continúan pensando que Franco fue un gran militar, merecedor de todos los honores.
La sentencia del TS resulta impecable, con argumentos estrictamente jurídicos y primando sobre todo el respeto al derecho fundamental a la libertad de expresión; que es cierto que hay limitaciones especiales al ejercicio de tal derecho para los militares, pero que nada de lo que hizo supone exceder esos límites, que están determinados por su eventual efecto negativo sobre la debida disciplina en la institución militar.
La sentencia del TS supone una importante lección de calidad democrática para la ministra de Defensa
La sentencia del TS supone una importante lección de calidad democrática para la Ministra de Defensa, Margarita Robles, quien con su ratificación de las sanciones, parece no haber entendido el efecto pedagógico que provoca sobre los militares el uso sesgado por algunos de sus mandos del régimen disciplinario de las FAS para reprimir las expresiones de convicción democrática y antifranquista.
La sentencia debería servir de modelo en la revisión de otros casos de sanciones disciplinarias o penales relacionadas con las críticas al franquismo en las FAS.
Desde la AMMD exigimos una revisión profunda de los criterios utilizados con harta frecuencia por un número no desdeñable de cuadros de las FAS, que tienen interiorizado que el franquismo no solo es una opción política tan válida como cualquier otra, sino que cuestionar su legitimidad de origen merma la necesaria cohesión de las FAS en lugar de reforzarla.
Y dado que la reincorporación al Ejército del ex-cabo Santos Soto ya no es posible debido a su edad, confiamos en que el Ministerio de Defensa sepa encontrar las vías para una reparación visible y adecuada a una situación en la que ha sido colocado por la desidia o la mala fe de algunos mandos militares y la condescendencia de un Ministerio de Defensa que parece no tomarse en serio la imperiosa necesidad de eliminar el franquismo de nuestras fuerzas armadas.
Por cierto que la sentencia desestima también el uso de la expresión “salud y república” como algo atentatorio y ofensivo contra las instituciones del estado, como en mucha ocasiones ha sido alegado por agentes de la ley, incluso frente a civiles: la república es una opción legítima y, como tal, su reivindicación está también amparada por la ley, aunque su mera enunciación por un militar no representa propiamente la expresión pública de su lucha partidaria por esta forma de gobierno.
La AMMD se permite recordar cómo la Segunda República supo arbitrar medidas para garantizar la lealtad de los militares, purgando de su interior a aquellos oficiales que se negaron a la promesa de fidelidad de la Ley Azaña (promesa que sería, no obstante, violada por los que se rebelaron el 18 de julio de 1936). Nada semejante se ha hecho desde las instituciones surgidas de la reforma política que condujo a la extinción de la dictadura del general Franco. Sin pretender que algo así se acometa a estas alturas, es preciso reconocer la imperiosa necesidad de que los responsables políticos de las fuerzas armadas adopten las medidas necesarias para dejar establecida con claridad meridiana, en cuantas ocasiones se presenten, la primacía de los valores democráticos entre sus componentes sobre cualesquiera otras consideraciones.
En consecuencia, la AMMD exige el cese de los mandos militares responsables de las sanciones hoy impugnadas, así como la dimisión de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, quien por su historial de jueza debiera conocer que estaba refrendando limitaciones indebidas a la libertad de expresión de nuestro compañero Marco.
Asociación por la Memoria Militar Democrática
