Acaba de formarse un nuevo Gobierno y en él ha tomado posesión una nueva ministra, Mónica García que tiene como médica una amplia experiencia en el sistema sanitario, y que se ha caracterizado por su apuesta decidida por la Sanidad Pública y por su implicación personal en las movilizaciones para defenderla. Todo ello es esperanzador, pero conviene reflexionar sobre el papel del Ministerio de Sanidad en un país donde la gestión está tan descentralizada y sobre las probabilidades reales que tiene este de cumplir con los compromisos que sobre sanidad se incluyen en el pacto de gobierno.
Durante los últimos años, especialmente con los dos últimos titulares de la cartera, el Ministerio de Sanidad ha mantenido un perfil bajo y con escaso compromiso práctico con el funcionamiento del sistema sanitario público, y siendo cierto que las competencias de las CCAA sobre sanidad hacen la labor del Ministerio muy compleja, no lo es menos que la Ley General de Sanidad otorga competencias al Ministerio que no se han ejercido y que el derecho constitucional a la protección de la salud supone que el Gobierno tiene que garantizar su aplicación y no puede quedar al albur de las actuaciones de las distintas Comunidades Autónomas, debiendo el Ministerio garantizar aspectos claves como la cartera de servicios, la accesibilidad de la población a la misma, el cumplimiento de Ley, de acuerdo con la lo establecido en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que conviene recordarlo señala en su artículo 2. a) que: La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad…; en su artículo 23 que Todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en esta ley en condiciones de igualdad efectiva. Y en el artículo 76 señala las funciones y actividades de la Alta Inspección: 76.1 El Estado ejercerá la Alta Inspección como función de garantía y verificación del cumplimiento de las competencias estatales y de las comunidades autónomas en materia de sanidad y de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, en los estatutos de autonomía y en las leyes.
Durante los últimos años, el Ministerio de Sanidad ha mantenido un perfil bajo y con escaso compromiso práctico con el funcionamiento del sistema sanitario público
Es decir, aunque el Ministerio hasta el presente ha hecho poco ejercicio de sus competencias para velar sobre el cumplimiento de las leyes y la actividad asistencial de las CCAA, las tiene bien establecidas por la legislación vigente y puede y debe ejercerlas, bien directamente o por acuerdos del Gobierno, lo que por cierto ya ha realizado en algún momento, por ejemplo paralizando la intención de la Junta de Castilla y León de obligar a las mujeres que quieren abortar a escuchar el latido fetal o cuando se anuló la tasa de 1 euro por receta impuesta por las CCAA de Cataluña y Madrid. Simplificándolo mucho, se podía pero no se quería actuar para evitar conflictos. Esta actitud debe de cambiar si realmente se quieren avanzar soluciones para los graves problemas del sistema sanitario público.
Las promesas realizadas por este Gobierno en temas como la Atención Primaria, la Salud Mental, las listas de espera o la incorporación de nuevos servicios dentales y de salud visual se enfrentan a lo que hasta ahora ha sido la actitud del Ministerio. Por ejemplo, en Atención Primaria y en Salud Mental se han aprobado planes bastante concretos y básicamente aceptables, pero sin una financiación apropiada y sin mecanismos de control de su implantación se han quedado hasta ahora en un listado de buenas intenciones, loables en sí mismas, pero sin efectividad práctica, recuérdese que el Plan Integral de Atención Primaria se aprobó nada menos que en 2019 y después en 2021 se aprobó un plan para 2022-2023 y desde entonces las cosas no han mejorado por no decir que han continuado empeorando.
Si se quiere que estas cuestiones avancen se precisa de una financiación finalista y condicionada que obligue a las Comunidades Autónomas
Si se quiere que estas cuestiones avancen se precisa de una financiación específica para las mismas, y una financiación finalista y condicionada que obligue a las CCAA que quieran adherirse a cumplir objetivos concretos que estén vinculados a un reforzamiento de la Sanidad Pública, a la ampliación de las plantillas y a la mejora de las condiciones laborales, porque si no se hace así volveremos a quedarnos en el ámbito declarativo sin incidencia en la realidad de los servicios sanitarios.
Por supuesto, la consolidación y equidad del Sistema Nacional de Salud por ley tiene un ámbito distinto que precisa de fraguar una mayoría parlamentaria que la sustente, lo que parece cuando menos complicado.
Control y racionalización del gasto farmacéutico que crece en los últimos diez años por encima de lo que lo hacen los presupuestos sanitarios
La necesidad de una financiación suplementaria para abordar los compromisos adquiridos puede obtenerse por dos vías: la primera es incrementar los presupuestos sanitarios públicos, aumentando los Presupuestos Generales del Estado; la otra es redistribuir el gasto, que en el tema sanitario es posible mediante dos opciones que pueden ser complementarias, como la eliminación de las desgravaciones de los seguros privados contratados por las empresas para sus empleados (generalmente los cargos directivos) y sobre todo el control y racionalización del gasto farmacéutico que crece en los últimos diez años por encima de lo que lo hacen los presupuestos sanitarios, lo que puede realizarse mediante una serie de medidas bien conocidas: acabar con los numerosos conflictos de interés en el sector, promocionar los genéricos (en España los genéricos suponen el 46% del volumen del mercado farmacéutico frente al 54% de promedio de la OCDE y el 83% de Alemania) y biosimilares, promocionar las subastas de medicamentos y poner en funcionamiento una empresa pública farmacéutica (que además acabaría con los vergonzosos episodios de desabastecimiento). Todo ello permitiría redirigir esos fondos que acaban beneficiando a empresas privadas, hacia el beneficio de la población.
Por supuesto, hay que ser conscientes de que la coalición de la derecha y la ultraderecha se opondrá a todo, y además existen poderosos intereses económicos, de las multinacionales de tecnología y aseguramiento que intentarán condicionar la política sanitaria. Por todo ello, no será fácil su implementación pero parece razonable pensar que si hay un compromiso serio con la Sanidad Pública los nuevos titulares del Ministerio pueden abordar la mejora del sistema sanitario público con una razonable probabilidad de conseguirlo. Todos les deseamos el mayor éxito en esta tarea.
