El pasado jueves el Congreso de los Diputados invistió al candidato Sr. Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno de España, lo hizo en primera votación y por una holgada mayoría absoluta (179 votos). En consecuencia procede ahora la formación de un nuevo gobierno de coalición progresista.
Que vivimos tiempos inciertos y difíciles es un hecho prácticamente incuestionable, la irrupción de una pandemia que ha supuesto una enorme pérdida de vidas humanas en todo el planeta y colapsó la actividad económica, la permanencia de guerras y violencia en muchas zonas y la aparición de otras nuevas, Ucrania en territorio europeo y Palestina en Oriente Medio, la revolución tecnológica con las ventajas y los peligros que comporta, las respuestas urgentes a dar ante una emergencia climática que amenaza a la supervivencia del planeta, junto con el auge de movimientos y fuerzas políticas de extrema derecha que ponen en jaque a las sociedades democráticas, son retos que los gobernantes tienen que afrontar ahora y los próximos años, que se ven incrementados por la necesidad de reducir las enormes desigualdades que se tornan ya inasumibles y que exigen avanzar hacia una sociedad con mayor justicia social.
En España tras los años de gobierno del PP, con el Sr. M. Rajoy como Presidente, en 2018 y tras una moción de censura que salió victoriosa, el Sr. Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno de España; posteriormente en 2019 se formó el primer gobierno de coalición en nuestro país tras la reinstauración de la democracia quebrada por el golpe de estado fascista del general Franco.
La política debe ser el arte de hacer posible lo necesario, lo que debe significar conseguir unos niveles dignos de vida para el conjunto de la ciudadanía
En aquellas fechas y como consecuencia de la política austericida implantada en la Unión Europea y con el gobierno de M. Rajoy practicándola con la máxima dureza, la situación de las clases más desfavorecidas era muy preocupante, se habían incrementado notablemente los niveles de pobreza, los niños la sufrían en una intensidad y cuantía totalmente inadmisible, se habían dinamitado los derechos laborales y los trabajadores quedaban muy desprotegidos ante sus empleadores, el conjunto de trabajadores del sector público tenían que asumir trabajar en condiciones muy penosas como consecuencia de los brutales recortes que el gobierno llevó a cabo en el sector ( sanidad, educación, dependencia, servicios sociales) y la desigualdad se incrementó de manera obscena.
He pensado siempre que la política debe ser el arte de hacer posible lo necesario, lo que en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho debe significar conseguir unos niveles dignos de vida para el conjunto de la ciudadanía, garantizar a todos el respeto a sus derechos y libertades, caminar hacia máximos niveles de empleo, conseguir una cohesión social fuerte en el conjunto de la sociedad y entre sus distintos territorios. Todo ello en el marco de unas políticas redistributivas de la riqueza como única manera de reducir significativamente los insoportables niveles de desigualdad existentes.
En mi opinión la mejor manera de evaluar la gestión de un gobierno sería analizar las acciones que haya llevado a cabo para conseguir lo anteriormente expresado líneas arriba. Veamos:
Parece difícil de refutar que el primer gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español con Unidas-Podemos se encontró de bruces con la mayor crisis sanitaria de los últimos cien años y en sus primeras medidas ya se observaron unas directrices muy claras que implicaban poner en marcha una serie de acciones para proteger a la población más vulnerable, para garantizar en el mayor grado posible el mantenimiento de los puestos de trabajo así como para mantener a flote a un gran número de empresas; los ERTES fueron la herramienta utilizada para ello y hoy nadie discute lo beneficioso de aquella decisión. Era necesario hacerlo y la política del gobierno lo hizo posible
El incremento de las desigualdades que se produjo como consecuencia de la crisis financiera de 2008 y la respuesta neoliberal y austericida que a ella se dió, nos mostraba una sociedad con grandes bolsas de exclusión, con cifras muy altas de desempleo y puestos de trabajo en condiciones precarias y mal retribuidos, junto con una relación entre trabajadores y empresarios muy desequilibrada en favor de éstos. Era necesario actuar para modificar esa situación y la acción política del gobierno de coalición lo hizo posible; así la implantación del ingreso mínimo vital, las subidas del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral que permitió reducir de manera importante la temporalidad en el empleo, que volvió a poner en valor la negociación colectiva y el diálogo social, todo ello fue positivo para una amplia mayoría social. Era necesario hacerlo y la política del gobierno lo hizo posible.
La inacción del gobierno del PP dejando el conflicto en manos de las resoluciones judiciales, ha sido uno de los mayores ejercicios de irresponsabilidad política
Se hizo aún más constatable la debilidad de los servicios públicos esenciales como consecuencia de la irrupción de la pandemia, el gobierno de coalición consciente de ello aportó fondos adicionales en cuantías importantes para minimizar al máximo posible sus carencias producto de la política neoliberal del gobierno anterior y así poder afrontar las demandas de la ciudadanía. Era necesario y la política del gobierno lo hizo posible.
La Unión Europea contempló la necesidad de dar una respuesta frente a la crisis de la Covid y puso en marcha los fondos de recuperación para Europa (Next Generation), el gobierno de coalición de España presentó propuestas y programas de actuación que fueron aceptados y supondrán para España una ingente cantidad de millones de euros; esa consecución debe ponerse en el haber de la gestión del gobierno de coalición.
La caída del gobierno del Sr. M. Rajoy, dejaba al país con la crisis territorial más grave sufrida en nuestro país desde la reinstauración de la democracia, el conflicto con Cataluña. Una situación cuyo origen no conviene olvidar viene desde la sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó un buen número de artículos de un Estatuto cuyo proyecto había sido aprobado en el Parlament de Cataluña por amplísima mayoría, posteriormente y tras alguna modificación fue aprobado por las Cortes Generales. Los ciudadanos de Cataluña lo votaron después en referéndum habiéndose seguido así el trámite regulado para ello de manera correcta. Fue con aquella sentencia del Tribunal Constitucional consecuencia del recurso presentado por el Partido Popular cuando se inició el conflicto que estaba en fase muy tumultuosa cuando el nuevo gobierno accedió al poder.
El procés catalá con la declaración unilateral de independencia, el referéndum del primero de octubre y los hechos ocurridos ese día, el posterior juicio con la entrada en la cárcel con penas importantes de privación de libertad para una buena parte de líderes y cargos del gobierno de la Generalitat, la marcha al extranjero del entonces President Puigdemont, la situación de enorme tensión que en consecuencia se vivía en Cataluña, hacía imposible pensar que no debiera buscarse una solución al conflicto desde la política.
La inacción del gobierno del Partido Popular dejando el conflicto en manos de las resoluciones judiciales que pudiesen darse, ha sido en mi opinión uno de los mayores ejercicios de irresponsabilidad política por parte de unos responsables gubernamentales. Era necesario actuar desde la política y el gobierno realizó una serie de acciones que hicieron posible dar pasos para encauzar el conflicto. La puesta en marcha de la mesa de diálogo y particularmente los indultos consiguieron una importante normalización en la sociedad catalana. Era necesario afrontar el conflicto y el gobierno de coalición lo hizo posible. Hoy una amplísima mayoría de ciudadanos admite que los indultos han sido beneficiosos para avanzar en la solución del conflicto.
El gobierno de coalición ha transitado toda la legislatura teniendo enfrente una oposición que se ha opuesto a todo, incluso a aquello que era evidente mejoraba la vida de una mayoría social. El Partido Popular radicalizado por la presión de la ultraderecha trató de derribar al gobierno en plena pandemia, acudió a Bruselas a intentar impedir la llegada de los fondos europeos de recuperación, sus terminales mediáticas afines hicieron una campaña ininterrumpida de críticas feroces al gobierno que estaban repletas de mentiras y ocultaciones.
El 23-J pasado los ciudadanos españoles expresaron en las urnas que no querían un gobierno de la derecha extrema representada por el PP y la extrema derecha representada por VOX.
Una vez investido Presidente del Gobierno el Sr. Pedro Sánchez y a la espera de la formación del nuevo gobierno de coalición progresista, me parece oportuno exponer alguna consideración.
Los indultos antes y ahora la amnistía eran condiciones sine qua non para avanzar y llegar a un acuerdo
Soy plenamente consciente de las dificultades que el próximo gobierno va a tener que afrontar, más aún si se tiene en cuenta va a tener enfrente a una oposición que, por un lado(VOX) ni cree ni respeta nuestro sistema constitucional como estamos viendo estos días y por el otro lado un Partido Popular que no sabe perder, cuestión muy grave en democracia y con un candidato derrotado (Sr. Feijóo) que en su desesperación y soberbia olvida incluso las normas elementales de educación y protocolo al felicitar al Presidente Sánchez tras su investidura. Vaya tomadura de pelo eso de la moderación del Sr. Feijóo.
Dicho lo anterior y en la creencia que todas las formaciones que han apoyado la investidura del Sr. Sánchez y el propio gobierno van a asumir con responsabilidad sus compromisos mutuos, estoy convencido que la mayoría social que ha hecho posible este gobierno está esperanzada y espera que el gobierno sea valiente , aborde sin miedo, y frente al enorme ruido que los de siempre van a producir, los graves problemas que aún persisten en la sociedad española; la vivienda como derecho del ciudadano y en consecuencia profundizar en aumentar de manera rápida el parque de vivienda pública, conseguir con urgencia el poner coto a las subidas de los alquileres, seguir subiendo las pensiones con mayor intensidad en las pensiones mínimas y no contributivas, proseguir en las mejoras de las condiciones laborales particularmente en lo referente al despido, en las subidas del salario mínimo interprofesional, abordar una reforma fiscal valiente que haga realidad una verdadera progresividad en los impuestos, incrementar aún más la inversión en educación base de un futuro mejor para el país.
Para concluir quiero indicar que me posiciono claramente a favor de la futura ley de amnistía. El conflicto con Cataluña y las graves consecuencias que se derivaron, exigían entonces y exigen ahora, diálogo y acuerdos, ciertamente dentro del marco constitucional. Los indultos antes y ahora la amnistía eran condiciones sine qua non para avanzar y llegar a un acuerdo, quienes se oponen frontalmente a ello saben que no hay alternativa y por ello no pueden plantear ninguna alternativa desde la política. Es difícil conseguir que los debates sobre cuestiones tan controvertidas no supongan posicionamientos enfrentados en el conjunto de la ciudadanía, pero sí es exigible que quienes tienen responsabilidades como miembros de algún poder del Estado o como funcionarios públicos, se manifiesten con exquisito rigor y prudencia; no hacerlo pone en entredicho la neutralidad que se les debe exigir.
En estos días tendremos nuevo gobierno de coalición progresista, su trayectoria en la anterior legislatura permite en mi opinión, que una mayoría social de nuestro país pueda tener una mirada de esperanza cara al futuro.
