martes. 19.03.2024
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Isabel Díaz-Ayuso junto a Javier Fernández-Lasquetty.

En el contexto de la huelga de los Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid, que tras dos meses y medio sigue sin acuerdo alguno entre los huelguistas y el gobierno autonómico, se hace necesario efectuar una serie de reflexiones. 

Las reivindicaciones de los facultativos según han manifestado públicamente, suponen en el aspecto retributivo un montante de alrededor de 42 millones de euros (cifra ínfima en el presupuesto sanitario), y en el aspecto asistencial conseguir unas agendas que permitan dedicar diez minutos por paciente (tiempo mínimo necesario).

Resulta incomprensible que, viendo la razonabilidad de esas peticiones, el gobierno de la Comunidad de Madrid no haya puesto fin al conflicto pues es el responsable de garantizar que la asistencia sanitaria a los madrileños no se deteriore aún más de lo que ya lo está. Conviene recordar que a fecha de hoy hay un millón de madrileños sin médico asignado (de ellos 200.000 niños).

¿A qué puede deberse la obstinada persistencia del dúo Ayuso-Lasquetty en no poner fin a la huelga, sabiendo que se está dañando seriamente la prestación asistencial a los madrileños?

El gobierno Ayuso está superando a los de su mentora Esperanza Aguirre en la forma de ejercer el poder político

En relación a la pregunta que planteo, creo oportuno indicar en primer lugar que la Consejería de Sanidad y primordialmente su titular, Sr. Ruiz Escudero, no tienen ninguna credibilidad ante los facultativos en huelga. La Consejería de Sanidad y su titular han incumplido de forma sistemática los acuerdos alcanzados en fechas anteriores. 

Asimismo, indicar que las declaraciones de la presidenta Díaz Ayuso expresando que los profesionales en huelga, lo están para devolver favores políticos anteriores, son de una irresponsabilidad y zafiedad mayúscula y absolutamente impropias de quien ostenta una Presidencia autonómica. Estas declaraciones son esperpénticas y ridículas.

La Sra. Ayuso parece olvidar que en la Comunidad de Madrid gobierna el Partido Popular desde hace casi tres décadas, y en consecuencia cabría deducir que esos pretendidos favores políticos, los profesionales los habrían recibido de personas de su propio partido.

Sra. Díaz Ayuso, los médicos en huelga no son peligrosos izquierdistas, son en muchos casos votantes de partidos conservadores y prioritariamente del Partido Popular, y quiero pensar que estando viviendo en sus propias carnes el maltrato y desprecio que usted y su gobierno les dedican, ninguno de ellos la votarán en las próximas elecciones autonómicas. Seguir apoyando a su partido y a usted como candidata, podría acarrear a los profesionales en huelga que lo hiciesen algún problema en su salud mental.

Efectuando un mínimo ejercicio de memoria histórica reciente, actividad siempre necesaria, podemos ver como este comportamiento del gobierno Ayuso en este y otros temas, no es por desgracia, nada novedoso en la Comunidad de Madrid.

Las acusaciones e insultos por parte de miembros de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid a personas o colectivos, que han osado enfrentarse a sus políticas han sido frecuentes; la por ahora exonerada judicialmente, Sra. Esperanza Aguirre, siendo presidenta de la Comunidad, profirió declaraciones claramente ofensivas contra profesionales y representantes sindicales, ninguneó de manera reiterada a los grupos de la oposición en la Asamblea madrileña. Por ninguna de estas acusaciones absolutamente gratuitas ha pedido perdón a día de hoy, siguiendo quizá el ejemplo del Sr. Aznar respecto a las imaginarias armas de destrucción masiva en Irak.

Tiene sentido recordar aquí el intento de muerte civil que el consejero de Sanidad del gobierno Aguirre, Sr. Lamela, propició en la figura del Dr. Luis Montes dando pábulo a una denuncia anónima y falsa acusándole de haber cometido cuatrocientos homicidios. La Sra. Aguirre expresó públicamente que si se demostraba que ello era falso como así ocurrió, pediría perdón. A fecha de hoy estamos esperándolo.

Sólo a veces, la historia pone a cada cual en su sitio. Hoy el Dr. Montes es recordado en el imaginario colectivo, como un defensor del derecho de las personas a morir dignamente, respetando sus valores. Su nombre lo llevan algunas calles y centros de nuestro país.

Como contrapartida la Sra. Aguirre, imputada o no, será recordada como quién siendo la máxima responsable del Partido Popular madrileño y presidenta del Gobierno Autonómico, permitió, por acción u omisión, que las contrataciones públicas estuvieran repletas de irregularidades y, que la corrupción fuera la seña de identidad de su partido político. 

Retomo ahora la pregunta que planteaba anteriormente, en relación a la obstinada persistencia del gobierno Ayuso en no llegar a un acuerdo para cerrar una huelga tan prolongada y perniciosa para los ciudadanos madrileños.

Repetir una vez más lo escrito en numerosos artículos anteriores sobre el proceso de desmantelamiento de la sanidad pública madrileña llevado a cabo por los distintos gobiernos de la Comunidad de Madrid durante las dos últimas décadas, no es necesario; en consecuencia que el Gobierno Ayuso no tenga ninguna preocupación por el mayor deterioro que la asistencia sanitaria está sufriendo por esta prolongada huelga, es fácil de entender ya que forma parte de su política de desmantelamiento de la Sanidad Pública. 

La preocupación prioritaria del dúo Ayuso-Lasquetty sigue siendo favorecer al sector privado, bien a través de procesos aberrantes, despilfarradores, ineficientes y de altos sobrecostes, como ejemplo paradigmático de estos, el hospital-almacén Zendal, y al unísono seguir aumentando el flujo de actividad hacia los centros privados que, hoy han configurado gracias a las privatizaciones unos gigantes empresariales con beneficios enormes.

El Partido Popular nunca ha sido defensor del Sistema Nacional de Salud. Su predecesor en el tiempo, Alianza Popular, votó en contra de la LEY GENERAL de SANIDAD en el pleno del Congreso de los Diputados donde se aprobó en 1986. Sus políticas, particularmente de manera más abierta, en la Comunidad de Madrid, han mostrado una aversión a lo público que ha materializado en un debilitamiento progresivo e incesante de los centros públicos y una irrupción en tromba del sector privado en la sanidad pública. Por ello, prolongar la huelga y erosionar más la situación dramática de la Atención Primaria desmotivando aún más a sus profesionales, no parece sea algo ajeno a las directrices de su política sanitaria. 

Expresada mi opinión desde el punto de vista sanitario, creo que la obstinación del gobierno Ayuso para no negociar y prolongar la huelga hasta el total desgaste (fundamentalmente económico) de los profesionales tiene que ver con su forma de ejercer el poder político. 

En este punto, la forma de ejercer el poder político, el gobierno Ayuso está superando a los de su mentora Esperanza Aguirre. 

Ejercer el poder sin el debido respeto a los adversarios políticos, maltratando y poniendo en duda la legitimidad de organizaciones, tales como los sindicatos, que se consideran esenciales en el texto constitucional, no respetando a quienes disienten tratando de estigmatizarlos, no asumiendo responsabilidad alguna por la gestión de temas de su competencia, supone en mi opinión una deriva de corte autoritario muy preocupante. 

Esa forma de ejercer el poder político lleva al gobierno Ayuso, no a intentar llegar a un acuerdo, sino a mantener una postura rígida que dificulta extremadamente la negociación, y que realmente busca la rendición sin condiciones del adversario.

La totalidad de madrileños tenemos el deber cívico de llenar las calles de Madrid para de manera clara y contundente, defender lo común, lo público, en este caso nuestro sistema sanitario

El lamentable papel del gobierno Ayuso en la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia, la puesta en marcha de los protocolos de la vergüenza que dejaron sin asistencia médica a miles de residentes en ellas, muchos de los cuales murieron. La falta de empatía con los familiares que legítimamente exigen justicia, es otra muestra más de ejercicio del poder político que se aleja mucho de los mínimos estándares democráticos.

El próximo día 12 de febrero, está convocada una gran manifestación en defensa de la Sanidad Pública y su Atención Primaria. La sociedad civil, los vecinos/as de los barrios y pueblos de Madrid son los convocantes. Una ciudadanía que ha tomado conciencia de la destrucción que se está llevando a cabo en un sistema sanitario que les pertenece, nos insta a levantarnos y exigir el cese del acoso y derribo de la sanidad pública que Ayuso y su gobierno está efectuando.

La totalidad de madrileños tenemos el deber cívico de llenar las calles de Madrid para de manera clara y contundente, defender lo común, lo público, en este caso nuestro sistema sanitario.

No podemos fallar, el 12 de febrero tiene que ser una respuesta contundente la que Madrid tiene que dar, indicando al gobierno Ayuso que no será la última si persiste en su política de tufo autoritario y de destrucción de lo público. Nos vemos en Cibeles.

La peligrosa deriva autoritaria del Gobierno de Díaz-Ayuso