Menos de dos horas tardaron los principales directivos de Repsol, accionista mayoritaria en YPF, en ser desalojados de sus despachos en la sede de la empresa, en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero. Roberto Baratta, el único representante que el estado argentino tenía hasta ahora en el directorio de YPF, fue el encargado de comunicar a los directivos, casi todos españoles, que debían sacar sus pertenencias de los despachos y desalojarlos.
Inmediatamente después llegó el ministro de Planificación, Julio de Vido, nombrado interventor de la empresa por un plazo de 30 días, hasta que se concrete la expropiación. Lo acompañaba el viceministro de Economía, Axel Kicillof, que será el que realmente se encargue de gestionar los primeros pasos de la nueva YPF, y que en estas últimas semanas fue el encargado de negociar con los directivos de Repsol. También llegaron a la torre de Puerto Madero casi todos los gobernadores de las provincias petroleras, que según el decreto presidencial se repartirán con el Estado nacional las acciones recuperadas, 51 % para el Estado, 49 % para las provincias
La expropiación del 50,01% de las acciones de YPF era un asunto anunciado. Se daba por hecho la semana pasada, antes de que la presidente, Cristina Fernández, viajara a la cumbre de las Américas, en Cartagena de Indias, Colombia. Pero algo sucedió y se suspendió momentáneamente, alentando las esperanzas de que fuera posible un acuerdo. El regreso anticipado de la mandataria de su viaje a Colombia, se interpretó como una muestra de desagrado por la falta de apoyo de los presidentes americanos a una declaración de apoyo por Malvinas. La causa real es que tenía una reunión en Buenos Aires para ultimar los detalles de la expropiación.
Si la ocupación física de la empresa fue rápida, no fue menos veloz el comienzo del trámite parlamentario para concretar el anuncio presidencial. El decreto ley entró en el Senado horas después, dando una idea de que se quiere agilizar todo lo posible el trámite. En un mes podría estar aprobado por las dos cámaras, en las que el oficialismo tiene mayoría propia, además de que se descuento el apoyo de otros grupos parlamentarios.
La medida recibió apoyos más allá de las propias filas del gobierno. El apoyo más entusiasta vino del diputado del Proyecto Sur, el cineasta Fernando “Pino” Solanas, que ha hecho de la defensa del petróleo y los ferrocarriles la razón de ser de su actividad política. “Es un día trascendente para todos los argentinos, de cualquier condición o pertenencia partidaria, porque se da vuelta la página de una historia nefasta que comenzó con la privatización de YPF”, afirmó.
Desde el Frente Amplio Progresista, que encabeza el ex candidato presidencial Hermes Binner, se apoyó la recuperación de YPF, aunque alertó para que no se reproduzcan errores del pasado o se favorezca a empresarios amigos del poder.
La UCR rechazó la expropiación y anunció un proyecto propio “integral” para YPF, cuestionando que el proyecto presidencial nada dice sobre los fondos necesarios la expropiación. Más dura aún fue la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aunque dicha agrupación quedó reducida a la mínima expresión en las últimas elecciones.
La decisión de asumir el 51 % de las acciones de YPF afectará solo a Repsol, no al 25 % del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, cuya entrada en la compañía fue prácticamente impuesta por el fallecido presidente Néstor Kirchner. De hecho, el ingreso de este socio argentino fue en parte la causa de que en los últimos años se girasen al exterior la casi totalidad de los dividendos, restando así fondos a las inversiones.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación será el encargado de fijar el valor de la compañía y por tanto del pago de las acciones expropiadas. Para Repsol, el valor de YPF era de 16.000 millones antes de que el acoso del estado argentino y de las provincias petroleros hundiera sus acciones. El gobierno de Cristina Fernández apela al “valor de libro”, que cifra en no más de 8.000 millones.
En cualquier caso todavía no se sabe de dónde saldrán estos fondos. Teniendo en cuenta, además, que para reactivar la actividad industrial harían falta inversiones que Fausto Spottorno, director de la consultora Ferreres & Asociados, estima en 10.000 millones de dólares en los próximos dos años.
YPF es la empresa más importante de la Argentina. Su expropiación marca un nuevo paso en la política de los ´90, cuando el entonces presidente Carlos Menem, privatizó todas las empresas en poder del Estado. El actual gobierno ya recuperó algunas, siendo hasta ahora Aerolíneas Argentinas la más destacada.
La agrupación juvenil La Cámpora, que está siendo cada vez más favorecida por la presidenta en el reparto de poder, controla ya la compañía aérea. Ahora, al situar al viceministro Kicillof en la intervención de YPF, se confirma esta tendencia.
La “causa YPF” es un hito en el imaginario del nacionalismo argentino. Y es un movilizador social para el gobierno de Cristina Fernández, que terminó su discurso con el inevitable recuerdo a Néstor Kirchner: “Vamos a seguir trabajando por la Argentina que él siempre soñó”, afirmando que el fallecido presidente “siempre soñó con recuperar YPF para el país”.
Claro que el 17 de septiembre de 1992, siendo ella diputada y su marido gobernador de la provincia de Santa Cruz, la misma Cristina impulsó un proyecto de declaración para que los diputados que representaban a su provincia en el Congreso votaran a favor de la privatización de YPF, impulsada por un Carlos Menem que hoy es kirchnerista por interés.
