jueves 21/10/21
BRUSELAS AVISA QUE DEBE "PROTEGER A INVERSORES"

España pide ayuda para defenderse de Kirchner

El Gobierno ha mantenido contactos con los Ejecutivos de Estados Unidos, México y Colombia, anfitrión de la Cumbre de las Américas donde algunos de los países con inversiones en Argentina sacarán el debate sobre la seguridad jurídica.

El Gobierno español ha pedido ayuda a sus socios y aliados extranjeros para manejar el conflicto abierto por la amenaza de nacionalización a la petrolera argentina YPF, participada mayoritariamente por Repsol, si bien aún confía en que el problema se resuelva "a través del diálogo".

"Cualquier agresión violando el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerado como una agresión por parte del Gobierno español, que tomará las acciones que considere oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados"

Así se ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores y de cooperación José Manuel García-Margallo en declaraciones a los medios de comunicación tras recibir en el Palacio de Santa Cruz al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, a quien ha trasladado la "preocupación" del Gobierno por los acontecimientos en torno a YPF.

Eso sí, ha dejado claro al embajador que "cualquier agresión violando el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerado como una agresión por parte del Gobierno español, que tomará las acciones que considere oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados".

García-Margallo ha evitado detallar de qué manera reaccionaría España en caso de que esta crisis no se resuelva, porque esa hora todavía no ha llegado y es tiempo de hacer una "llamada al sentido común y al buen acuerdo", ha dicho.

No obstante, ha opinado que a Argentina "no le haría ningún favor tener un pleito de una cuantía no imaginada y volver a una Corte de arbitraje en Washington en la que ya ha estado presente demasiadas veces".

En este marco de la llamada al diálogo y a la negociación, el ministro ha corregido las declaraciones que esta mañana el secretario de Estado para la UE, Iñigo Méndez de Vigo, hizo en una cadena de radio, donde indicó que si Argentina nacionaliza YPF podría convertirse en un "apestado internacional".

García-Margallo ha respondido a un periodista argentino que no comparte esta opinión. "Creo que tendría dificultades internacionales, pero ése es un adjetivo que yo no utilizaría nunca", ha indicado.

El ministro ha recordado que en el año 2001 el Gobierno de José María Aznar salió al rescate de Argentina concediéndole un crédito de 1.000 millones de dólares, y ha advertido de que una ruptura entre los dos países por el caso YPF no se quedaría solo en el ámbito económico, sino que equivaldría a poner fin a una relación "fraternal de mucho tiempo". "Sería el peor de los escenarios", ha señalado.

"La protección de los intereses y empresas españolas en el exterior es importante para España"

García-Margallo ha afirmado que el Gobierno "comprende que la cuestión energética es un problema importante para Argentina", que "debe entender" a su vez que "la protección de los intereses y empresas españolas en el exterior es importante para España".

Las primeras noticias que tuvo el Gobierno sobre las diferencias entre Repsol y el Ejecutivo argentino se remontan a principios de febrero, cuando se revocó un acuerdo de distribución de dividendos y el Gobierno argentino intentó fijar una política distinta de inversiones por parte de la empresa, a lo que siguió la retirada de las concesiones petrolíferas por determinadas provincias argentinas, lo que ha devaluado las acciones de la compañía en un 40 por ciento.

El ministro ha admitido tener conocimiento de la existencia de un proyecto de ley que permitiría al Gobierno argentino tomar el control de la petrolera. Ese texto, según García-Margallo, puede ser remitido directamente por la Presidencia argentina a las Cámaras, pero ha indicado que no tiene constancia de que ya haya llegado al Parlamento.

El Gobierno defenderá los intereses de España en Argentina

"No nos consta que haya tomado una decisión"

El Gobierno español defenderá "con todos los instrumentos a su alcance" los "intereses generales" de España en Argentina en caso de que el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner intervenga YPF, filial de Repsol, anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros.

"No nos consta que haya tomado una decisión", señaló Sáenz de Santamaría en alusión al Gobierno argentino. "Si llega a adoptarse (la nacionalización), es muy negativa para los intereses españoles y es obligación del Gobierno defender con todos los instrumentos a su alcance los intereses generales de España", afirmó.

La vicepresidenta no adelantó qué medidas podría tomar el Ejecutivo. "Tomará las decisiones que corresponda, pero las medidas no se anuncian, se adoptan. Y espero que este Gobierno no tenga que adoptarlas, pero si tiene que adoptarlas, lo hará", aseguró.

"Invito a la reflexión al embajador y al país del que procede", señaló Saénz de Santamaría, tras aludir a la reunión entre el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el representante argentino en España.

"Este Gobierno no va a permanecer parado" y está "trasladando a todos los niveles" al Ejecutivo argentino su "preocupación" con la situación en el país y "la gravedad del momento actual", reiteró la vicepresidenta.

Sáenz de Santamaría también indicó que el Gobierno ha trabajado "intensamente" y "con discreción" en "este asunto" desde el mes de enero, cuando el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, viajó a Argentina para preocuparse de la situación de YPF.

Bruselas recuerda a Argentina que debe "proteger a inversores" extranjeros

"Esperamos que el Gobierno argentino asegurará el cumplimiento de sus cumplimientos internacionales en el trato y la protección de las inversiones extranjeras en su suelo. Y, por supuesto, estamos del lado de España en este asunto"

La Comisión Europea ha contactado con las autoridades argentinas para expresarles su "preocupación" por los planes del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar la empresa petrolera YPF, actualmente propiedad de la española Repsol, y les ha advertido de que Argentina debe cumplir con sus "compromisos internacionales sobre la protección de inversores extranjeros en su territorio".

"Esperamos que el Gobierno argentino asegurará el cumplimiento de sus cumplimientos internacionales en el trato y la protección de las inversiones extranjeras en su suelo. Y, por supuesto, estamos del lado de España en este asunto", ha dicho en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly.

Bailly ha confirmado que Bruselas "ha expresado su preocupación" por el caso a través de la delegación de la Unión Europea en Argentina y que tal contacto se ha producido entre el jefe de la delegación europea en Buenos Aires y un representante del Gabinete de Cristina Fernández y no al más alto nivel, como se había especulado.

El Ejecutivo comunitario ha subrayado la necesidad de que las partes "encuentren soluciones acordadas conjuntamente", pero también que cualquier decisión debe asegurar que "no daña el entorno de trabajo y las relaciones económicas entre la Unión Europea y Argentina".

El portavoz comunitario ha apuntado, además, que Bruselas seguirá "muy atenta" los acontecimientos y que permanece "del lado de España" en este asunto, aunque por el momento "no se han producido contactos" entre el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Barroso, y la mandataria argentina.

Bruselas advierte de que se trata de un problema "bilateral" para el que el actual acuerdo que rige las relaciones entre la Unión Europea y los países de Mercosur "no prevé disposiciones" específicas, aunque la entrada en vigor del Tratado de Lisboa concedió nuevas competencias a la Comisión para "defender" los intereses de las empresas europeas en el exterior.

Con ello, el portavoz ha explicado que Bruselas mantiene su compromiso para "avanzar y concluir" las nuevas negociaciones para un nuevo pacto comercial con el Cono Sur, pero que la Unión Europea cuenta con "instrumentos" alternativos si fueran necesarios.

Bailly no ha querido aclarar con qué tipo de instrumentos cuenta la Unión Europea para salvaguardar los intereses de las empresas europeas en el exterior y se ha escudado en que por el momento "no hay una decisión definitiva ni una decisión jurídica" por parte del Gobierno argentino.

España pide ayuda para defenderse de Kirchner
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