Javier M. González | @jgonzalezok |
Gabriela Máximo | @gab2301 |
A pocos días del 50º aniversario del golpe militar, la Corte Suprema de Chile confirmó las condenas en dos casos emblemáticos de crímenes de la dictadura, el del diplomático español Carmelo Soria y el del cantante Víctor Jara. En el primer caso, el del funcionario de la Cepal (Comisión Económica para América Latina), secuestrado el 14 de julio de 1976, condenó a seis ex agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) y dos exmilitares a penas que van de los 4 a los 15 años de cárcel. Soria fue llevado a una casa operativa de la llamada Brigada Mulchén, y torturado hasta morir. Su cuerpo fue puesto dentro de su propio coche y arrojado a un barranco con una botella de pisco para aparentar que la víctima estaba ebria.
En el caso de Víctor Jara, fueron condenados siete militares en retiro a penas de entre 8 y 25 años de prisión. Uno de ellos, el brigadier retirado Hernán Chacón Soto, se suicidó cuando fueron a su casa a detenerlo y llevarlo a la cárcel. El popular cantante había sido detenido pocas horas después del golpe y trasladado al Estadio Chile, donde fue salvajemente torturado. Su cuerpo se encontraría poco después en un baldío con 44 balazos y más de 50 fracturas óseas. Su rostro y sus manos estaban totalmente destrozados.
También estos días, el gobierno lanzó el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que tiene como objetivo esclarecer las circunstancias y destino de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. De las más de 3.000 víctimas mortales con que se saldó el gobierno militar, se estima que los desaparecidos pueden ser 1.469, de los que 1.092 corresponderían a detenidos desaparecidos y 377 a ejecutados políticos sin entrega de los cuerpos a los familiares.
Muchos de los principales responsables de los crímenes cometidos en los 17 años de dictadura escaparon al castigo
En este camino de reparación y justicia, muchos de los principales responsables de los crímenes cometidos en los 17 años de dictadura escaparon al castigo. Esto se debió, en gran parte, a la forma como se produjo el final del régimen militar. A diferencia de otras dictaduras, Augusto Pinochet, no se retiró de escena. Traspasó el mando a los civiles, pero reteniendo una cuota importante de poder. Dejó una Constitución en la que las Fuerzas Armadas tenían un papel tutelar y él mismo seguiría como comandante en jefe del Ejército durante ocho años más, para convertirse luego en senador vitalicio. Dejó, además, una ley de amnistía que durante años benefició a los criminales.
El principal militar impune fue el proprio Pinochet, que se jactaba de que “ni una hoja” se movía en Chile sin que él lo supiera. En 1998 llegó a ser preso en Londres a petición de la Justicia española. Casi fue extraditado a España a pedido del juez Baltasar Garzón, pero logró engañar a la justicia británica, que dictaminó que estaba demente y no podía afrontar el juicio que le esperaba en Madrid. Al regresar a Chile tuvo que enfrentar por primera vez a la justicia de su propio país. Fue acusado, debió presentarse a un juez, pero al final lo salvó la Corte Suprema, que volvió a invocar una supuesta demencia, que nunca fue confirmada.
Otro caso resonante de impunidad fue el del general Sergio Arellano Stark, responsable de la Caravana de la Muerte. En los primeros días de la dictadura, Arellano Stark recorrió Chile por casi un mes a bordo de un helicóptero, dejando un rastro de 72 opositores fusilados. El general llegó a ser condenado a seis años por este caso, pero fue sobreseído por estar con Alzheimer.
El primer gobierno de la democracia, presidido por Patricio Aylwin, era consciente de las dificultades, por eso habló de justicia en la medida de lo posible. Su gran contribución fue la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida popularmente como Comisión Rettig, por el nombre del jurista que la presidía. Su misión era establecer un cuadro lo más completo posible sobre la violación a los derechos humanos durante esos años, antecedentes y circunstancias, así como recomendar medidas de reparación. Compuesta por ocho miembros, cuatro de derecha y cuatro de centro izquierda, contó incluso con un ex ministro de Pinochet, Gonzalo Vial.
Excepto unos pocos casos de jueces valientes, a partir del 11 de septiembre de 1973 la Justicia chilena estuvo al servicio incondicional de la Junta Militar
Antes de abandonar La Moneda Pinochet había advertido: “Yo no amenazo, no acostumbro a amenazar. Solo advierto una vez, el día que me toquen alguno de mis hombres se acabó el estado de derecho”. Por eso las expectativas eran pocas: “No había esperanzas de justicia, el Poder Judicial había sido enteramente cooptado por Pinochet”, dijo recientemente el abogado Jorge Correa Sutil, que fue secretario de la Comisión Rettig a la periodista Mirna Schindler, en entrevista para el diario chileno “El Mostrador”.
La Corte Suprema, complacida con la dictadura
Excepto unos pocos casos de jueces valientes, a partir del 11 de septiembre de 1973 la Justicia chilena estuvo al servicio incondicional de la Junta Militar, reservándose para los jueces y fiscales dudosos de lealtad al nuevo régimen la depuración. Según un estudio de 1986 del Colegio de Abogados, entre 1973 y 1975 más de 250 magistrados y funcionarios fueron trasladados, removidos u obligados a renunciar.
La Corte Suprema de Justicia fue especialmente servil a los militares. El día siguiente del golpe, Urrutia emitió un comunicado señalando “su más íntima complacencia en nombre de la Administración de Justicia de Chile”. Dos semanas después, los miembros de la Junta, con sus uniformes de gala, visitaron la sede de la Corte. El 1 de marzo de 1974, en la primera ceremonia de apertura del año judicial bajo gobierno militar, el presidente del máximo tribunal afirmó que en Chile se respetaban los derechos humanos y denunció a quienes criticaban el estado de cosas en el país.
La Corte Suprema no reaccionó ni siquiera cuando la Junta decidió delegar en los comandantes jurisdiccionales la atribución de nombrar consejos de guerra -que dictarían numerosas sentencias de muerte. En El libro negro de la justicia chilena, la periodista Alejandra Matus Acuña afirma: “A pesar de que eso significaba sacar del ámbito de atribuciones de la máxima autoridad judicial los primeros procesos contra los opositores, las relaciones entre las máximas autoridades administrativas y el máximo tribunal de la República fueron desde un comienzo cordiales. La mayoría de los ministros (jueces) opinaba que ahora sí llegaba un gobierno que los entendía, que los respetaría y les daría el lugar que merecían en la sociedad. Se sentían alegres y agradecidos y, en vez de reclamar por la usurpación de funciones, la Corte Suprema inició inmediatamente el despacho de oficios pidiendo aumentos de sueldos”.
El sucesor de Urrutia, Israel Bórquez, pasó a la historia con la frase que pronunció en 1978: “Los desaparecidos, ya me tienen curco (harto), pregúntenle a la Vicaría”- refiriéndose a la Vicaría de la Solidaridad, creada por la Arquidiócesis para proteger los perseguidos. Como ejemplo de la pasividad de los reclamos por violaciones a los derechos humanos valga un informe de 1985 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estableció que entre 1973 y 1983 de 5.400 recursos de amparo (o habeas corpus) presentados solo se atendieron 10.
La autoamnistía decretada por los militares fue otro obstáculo para el castigo de los crímenes de la dictadura después de la vuelta a democracia
Para el ex abogado de la Vicaría, Roberto Garretón -ya fallecido-, luego del regreso de la democracia “absolutamente nada cambió” en el comportamiento del Poder Judicial y “las cortes siguieron consagrando la impunidad”. Entre otras razones porque, antes de irse, Pinochet había hecho una jugada maestra para asegurarse una Corte Suprema leal.
Poco antes de que asumiera el nuevo presidente democrático, Patricio Aylwin, se les ofreció a los integrantes de la más alta corte unas condiciones de jubilación imposibles de rechazar: una indemnización de 28 sueldos pagados al contado y muchos aceptaron, lo que le dio la oportunidad a Pinochet a nombrar nuevos jueces, más jóvenes e ideológicamente afines. La Corte Suprema nombraba a tres de los nueve senadores designados y su presidente integraba el Consejo de Seguridad Nacional. La dictadura confiaba en que esta Corte, que durante los 17 años de gobierno de Pinochet justificó y avaló todo, serviría para parar eventuales demandas por violaciones a los derechos humanos.
La autoamnistía decretada por los militares fue otro obstáculo para el castigo de los crímenes de la dictadura después de la vuelta a democracia. En 1978 el gobierno Pinochet promulgó el Decreto Ley 2191, que amnistiaba a los autores de delitos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 -período que concentró la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos. El decreto no hacía distinción entre delitos comunes y políticos. Solo quedó excluido el caso Letelier, por presión de los EE. UU. Además de haber ocurrido en Washington, el atentado mató también la ciudadana americana Roni Moffitt, que trabajaba con el excanciller chileno.
Como la represión continuó de manera brutal -aunque numéricamente menor- después de 1978, que cerraba el marco temporal de la autoamnistía, fue posible abrir procesos penales en casos especialmente graves aun antes de terminar la dictadura. Es el caso, por ejemplo, del asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, en febrero de 1982, o el degollamiento de tres militantes comunistas, en marzo de 1985. En estos dos casos hubo importantes condenas y se avanzó en el conocimiento de la forma de actuar de los grupos represivos, que serían importantes en futuros procesos.
A pesar de los obstáculos, cincuenta años después del golpe la Justicia logró avanzar. Establecida la verdad, el gran reto es llegar más rápidamente al castigo, como reclaman los parientes de las víctimas. Conspira en contra el paso del tiempo, que hace que muchos de los verdugos mueran sin castigo. Chile tiene hoy 2.040 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990, según la Oficina de Coordinación Nacional de Causas de Derechos Humanos de la Corte Suprema: 1.618 todavía están en etapa de investigación, 212 en plenario (etapa de juicio) y otras 212 con sentencias.
A pesar de los obstáculos, cincuenta años después del golpe la Justicia logró avanzar. Establecida la verdad, el gran reto es llegar más rápidamente al castigo
Entre los condenados por crímenes de la dictadura, el más célebre fue el general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, que entre 1974 y 1977 fue responsable de la mayor parte de los casos de opositores presos y desaparecidos. Contreras acumuló 526 años de condenas judiciales, hasta entonces la sentencia más extensa en la historia de la justicia chilena. Su primera condena ocurrió en 1995, cinco años después de la redemocratización: recibió una condena de siete años de prisión por el asesinato del excanciller Orlando Letelier en 1976, en un atentado con bomba en Washington. Liberado en 2001, enfrentó otros 36 procesos y volvió a caer preso en 2005. Murió en 2015, a los 86 años, habiendo cumplido solo 17 años de los más de cinco siglos de cárcel a que fue condenado.
En 1998 se produjo un cambio fundamental. La Corte Suprema empezó a considerar que, aun cuando se trate de hechos cubiertos por la ley de amnistía, las querellas deberían ser objeto de investigación para determinar las circunstancias del delito y las responsabilidades. Más importante aún, la Corte admitió que el delito de secuestro tiene carácter permanente en el caso de los detenidos-desaparecidos. Y además se empezó a considerar como preferente el derecho internacional humanitario. Habrá que esperar al 17 de noviembre de 2004 para que la Corte Suprema haga justicia en el caso de un detenido-desaparecido, en el que se estableció la tesis de secuestro permanente de la víctima. El caso en cuestión fue el de Miguel Ángel Sandoval, joven militante del MIR, que fue secuestrado y desaparecido en 1975.
La Justicia dejó de aplicar el Decreto-Ley de Amnistía de la dictadura después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Chile en el caso del profesor Luis Almonacid, por ser contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos.
EL PENAL DE PUNTA PEUCO, UNA CÁRCEL DE LUJO PARA GENOCIDAS
JGM y GM
Los gobiernos democráticos se encontraron con el problema de qué hacer con los militares y otros agentes del Estado que estaban siendo condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Encerrarlos en un penal común presentaba algunos riesgos, incluyendo la reacción de la propia institución militar, que solo a regañadientes admitía que sus compañeros de armas fueran juzgados. En 1995, siendo presidente Eduardo Frei, se decidió la construcción de un penal específicamente destinado a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos, llamado Punta Peuco. Nueva años más tarde, en 2004, con Ricardo Lagos en la Presidencia, se creó otro penal, Cordillera, que funcionaba en el interior de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército.
En Cordillera estaba internado Manuel Contreras, el todopoderoso jefe de la DINA. En total eran 10 presos, con 38 gendarmes para su custodia. En septiembre de 2013, con motivo del 40 aniversario del golpe, CNN Chile entrevistó a Contreras con una repercusión tal que el entonces presidente Sebastián Piñera decidió el cierre de la cárcel. No solo ofendió el negacionismo del ex jefe de la DINA, también el lujo en que vivían los militares presos.
En Punta Peuco hay actualmente 129 militares y antiguos integrantes de la DINA y del organismo que la sucedió, la CNI (Central Nacional de Informaciones)
No son diferentes las condiciones de reclusión en Punta Peuco, todavía abierto, aunque el presidente Boric podría anunciar en cualquier momento su cierre. El recinto tiene cuatro módulos en los que hay docenas de cabañas y en las que cada preso tiene una habitación individual con baño propio, cocina, comedor, acceso a un teléfono público y televisión, pudiendo abandonar cuando quieran su módulo.
Punta Peuco estuvo a punto de ser cerrado en marzo del 2018, al final del mandato de la socialista Michelle Bachelet -como se lo había prometido a Carmen Gloria Quintana, la joven quemada por carabineros-, pero a último momento el entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, no cumplió la orden presidencial. “No me hicieron caso” y prefiero no entrar en más detalles”, dijo al respecto hace unos días Bachelet a CNN Chile. Campos alegó que el documento que le presentaron para cerrar la cárcel “además de ser jurídicamente ineficaz” podría ser inconstitucional, con consecuencias políticas y penales para él y la presidenta, sin dar precisiones.
En Punta Peuco hay actualmente 129 militares y antiguos integrantes de la DINA y del organismo que la sucedió, la CNI (Central Nacional de Informaciones). Entre sus actuales inquilinos están el ex brigadier del Ejército Miguel Krassnoff, condenado a más de 800 años de cárcel y el ex teniente coronel del Ejército Álvaro Corbalán Castilla, condenado a más de 150 años. Otro destacado residente fue el ya fallecido ex fiscal militar y auditor del Ejército Fernando Torres Silva, conocido como el fiscal favorito de Pinochet.
Javier M. González | Corresponsal de RNE en América Latina y en Alemania. Cubrió información de Chile desde la transición hasta la muerte de Pinochet.
Gabriela Máximo | Periodista brasileña de política Internacional. Cubrió diversos acontecimientos en América Latina y África para Jornal do Brasil y O Globo.
