El objeto de estas líneas no es otro que resaltar algunos hechos concretos de la reciente visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, los pasados 23 y 24 de noviembre, al área del conflicto israelo-palestino centrado en la Franja de Gaza, que nos pudieran dar alguna pista o algo de luz sobre eso que los expertos en estos temas denominan el estado de la cuestión.
La primera pregunta que se nos suscita es, ¿quién ha visitado la zona, el presidente del Gobierno español o el presidente pro tempore del Consejo de la Unión Europea? Porque el presidente Sánchez es, en estos días, ambas cosas. Y los medios de comunicación unas veces hablan de su primera visita al exterior tras su nombramiento, rompiendo la “tradición” de que ésta fuera a Marruecos de todos sus antecesores, y, por otra, que ha ido acompañado del primer ministro belga, Alexander de Croo, su sucesor en el próximo semestre en la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, siguiendo asimismo una también ya asentada “tradición” de la Unión Europea de que “el que ocupará la silla acompañe en lo posible al que la dejará para asegurar la continuidad de las políticas comunitarias”.
¿Quién ha visitado la zona, el presidente del Gobierno español o el presidente 'pro tempore' del Consejo de la Unión Europea?
Una circunstancia que se da cuando España encabeza en la Unión Europea, fundamentalmente apoyada por Portugal e Irlanda, lo que podríamos llamar la postura menos condescendiente con Israel, hasta el punto de que llegaron a aparecer, en los días previos a la visita, noticias de prensa aludiendo, se supone que debido a la presión de los más adictos a la protección de Israel, Alemania, Austria y Croacia, a que “el Consejo advierte a Sánchez que diferencie las posturas nacionales de la comunitaria representada por el Consejo”. ¿Se unió el primer ministro belga De Croo a la visita por este tipo de razones o estaba así previsto: una visita comunitaria y no la primera visita al exterior del nuevo presidente del Gobierno español? Sea cual sea la respuesta y aunque no fuera necesaria, lo que estas posibles dudas manifiestan es la no unanimidad en el Consejo Europeo, tan inquebrantablemente unido en relación con la guerra en Ucrania, sobre el delicado tema del conflicto israelo-palestino.
Otro punto de posible interés son las respuestas que ambos dirigentes recibieron de sus dos principales interlocutores, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a las consideraciones que se les exponían, que se pueden resumir como: condena de los ataques terroristas (así expresamente denominados) llevados a cabo el 7 de octubre por el grupo terrorista (así expresamente denominado) Hamas; legitimidad del derecho de Israel a defenderse; inaceptable violación del Derecho Internacional, del Derecho de la Guerra y del Derecho Internacional Humanitario de los bombardeos indiscriminados contra civiles y contra instalaciones sanitarias y hospitalarias y del desplazamiento forzoso de la población gazatí residente al norte del wadi Gaza; y exigencia de, progresivamente, pausas humanitarias, alto el fuego definitivo, Conferencia Internacional de paz y solución de Dos Estados (que implicaría el previo reconocimiento oficial de Palestina como Estado). Última consideración (la vieja solución de Dos Estados) no coincidente con la postura oficial actual del Consejo Europeo ( y de la Comisión).
Desmesurada es la política israelí a largo plazo de borrar de las bíblicas tierras de Judea y Samaria cualquier vestigio de presencia no judía
La respuesta israelí, más diplomática en el cara a cara entre los tres dirigentes, pero desmesurada posteriormente, como desmesurada está siendo su respuesta a los ataques del 7 de octubre y como desmesurada es su política a largo plazo de borrar de las bíblicas tierras de Judea y Samaria cualquier vestigio de presencia no judía, ha sido la de calificar la postura de los dos países (¿de la Unión Europea también?) como de apoyo a Hamas y al terrorismo: “No olvidaremos quienes estuvieron a nuestro lado en estos momentos y quienes apoyaron a una organización terrorista”, considerándola además como ingenua porque “si no se destruye el terrorismo en Gaza, el terrorismo acabará con todos nosotros” y negando que cualquiera de sus acciones en Gaza haya violado el Derecho Internacional, el Derecho de la Guerra o el Derecho Internacional Humanitario. Interpretación de las propuestas hispano-belgas que se ha materializado en una convocatoria a capítulo de los embajadores español y belga en Tel Aviv y en la llamada (retirada temporal) de sus respectivos embajadores en España y Bélgica. Y en negarse a participar en la Cumbre de la Unión por el Mediterráneo (UpM), que se celebra hoy 27 de noviembre en Barcelona alegando “ser un foro contrario a nuestros intereses” Toda una crisis en lenguaje diplomático.
La respuesta palestina ha sido, por el contrario, más razonable, incluso de una lógica aplastante diría yo: si tan partidarios son de la solución de Dos Estados, por qué no empiezan reconociendo la existencia de un Estado palestino, estableciendo relaciones diplomáticas con él y presionando para normalizar su estatus en las Naciones Unidas (donde, a día de hoy, sólo tiene el estatus de Estado observador). Respuesta que puede haber inducido (o al menos impulsado) las posteriores declaraciones del presidente Sánchez, al día siguiente desde el paso de Rafah, de que España iba a promocionar en la Unión Europea el reconocimiento como Estado de la Autoridad Nacional Palestina, haciéndolo de forma unilateral si falta hiciera. Nada nuevo bajo el sol de todas maneras, ya que ya lo tienen reconocido ocho países de la Unión Europea: Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Malta, Polonia, República Checa y Rumania, es decir, antiguos miembros del bloque del Este de la Guerra Fría, que lo hicieron durante la misma, y Chipre y Malta, debido a sus especiales características. Países soberanos, pero no del núcleo duro de la Unión Europea.
Porque éste es el verdadero quid de la cuestión: la solución de Dos Estados, vieja aspiración de la comunidad internacional, amparada por la Resolución 338 (octubre de 1973), de dos Estados soberanos, Israel y Palestina, en el territorio del antiguo Mandato británico de Palestina, con frontera internacional reconocida en la línea de demarcación concretada por el resultado de la Guerra de los Seis Días de 1967 (razón por la cual también se le suele denominar como solución “de las fronteras de 1967”). Una solución en la que a Palestina le corresponde sólo un 22% del territorio del antiguo Mandato británico con capital en Jerusalén Este (cuando en el reparto inicial de las Naciones Unidas de 1947 le correspondía el 45%).
Una solución (y mandato de las Naciones Unidas) que Israel nunca ha estado dispuesta a cumplir, negándose a aceptar la evacuación de lo conquistado en la Guerra de Yom Kippur (1973) y manteniendo la ocupación de ese 22% de territorio que constituye Palestina a pesar del nuevo intento de solución que supusieron los Acuerdos de Oslo (septiembre de 1993) al finalizar la Primera Intifada (1987-1993), tras la evacuación de la Franja de Gaza por Israel (Acuerdo de Camp David, 1978) poniéndola bajo la jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina.
EEUU y buena parte de la UE se resisten a cumplir la legalidad internacional derivada de la Resolución 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de los Acuerdos de Oslo
Lo que se establece en estos Acuerdos de Oslo es que Israel mantendría el control y la jurisdicción del espacio aéreo, del mar territorial (12 millas) y del paso fronterizo de Rafah, que la une con Egipto, de la Franja de Gaza y que Cisjordania quedaría dividida en tres áreas: A (control político, administrativo y de seguridad palestino, 18% del territorio cisjordano), B (control político y administrativo palestino, control militar y de seguridad israelí, 25% del territorio cisjordano) y C (control político, administrativo, militar y de seguridad israelí, 57% del territorio cisjordano, incluyendo Jerusalén Este).
Aceptar la solución de Dos Estados, formato fronteras de 1967, supondría para Israel tener que desmantelar un buen número de colonias, la imposibilidad de crear otras nuevas o ampliar las actuales y perder jurisdicción y la posibilidad de control de Cisjordania a través del control de sus carreteras, así como perder el control y la jurisdicción sobre el espacio aéreo de Gaza y sobre sus aguas territoriales, las únicas que tendría el Estado palestino (la actual Cisjordania no tiene salida al mar).
Quizás por todo esto, los países protectores de Israel, Estados Unidos y un buen número de la Unión Europea y de eso que se conoce como OTAN+ u Occidente se resisten a cumplir la legalidad internacional derivada de la Resolución 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de los Acuerdos de Oslo, no reconociendo a Palestina como Estado soberano y miembro de pleno derecho de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que les permite argumentar que si la situación en la zona es que sólo hay un Estado internacionalmente reconocido (Israel) y lo demás son unas organizaciones terroristas (Hamas, Jihad Islámica, etcétera) y autoridades administrativas locales (la Autoridad Nacional Palestina en Ramala) con un control muy parcial del propio territorio administrado, cómo va a poder exigirse un Acuerdo de “Dos Estados”. La pescadilla que se muerde la cola. La solución perfecta.
