Jueves 20.06.2019
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

¿Otro 'default' en Argentina?

La presidente dice que es imposible pagar a los fondos buitre y califica de extorsivo el fallo de la Corte Suprema de EEUU.

Cristina Fernández durante la retransmisión de su mensaje por la cadena nacional. (Foto: Casa Rosada)
Cristina Fernández durante la retransmisión de su mensaje por la cadena nacional. (Foto: Casa Rosada)

@jgonzalezok | Argentina está al borde de una nueva suspensión de pagos -default, en el lenguaje financiero internacional- tras el fallo de la Corte Suprema de los EEUU, que decidió no considerar la apelación del gobierno de Buenos Aires, frente a una sentencia que ordenaba a Argentina pagar a los tenedores de bonos que no habían entrado en los dos canjes de la deuda.

Poco después de conocerse el fallo de la Corte, que supone una importante derrota política para el gobierno argentino, la presidenta Cristina Fernández usó la cadena nacional para dar un doble mensaje: dijo que Argentina “no va a defaultear su deuda consolidada”, pero añadió que es imposible pagarles a los fondos buitre. “Queremos cumplir nuestras deudas y lo vamos a hacer”, señaló, pero pidió distinguir una negociación de una extorsión.

“Esto no es una causa que involucre solo a Argentina, involucra a todo el sistema financiero global”, subrayó la mandataria argentina. Fue esta una de las razones por las que se apostó hasta el último momento a favor de un fallo favorable al país. La decisión de la Corte Suprema de EEUU pone en peligro futuros acuerdos para renegociar deudas soberanas. En el caso argentino, el 93% de los tenedores de bonos habían aceptado una renegociación que supuso una rebaja del 70 % en el valor de los mismos.

El principal beneficiario del fallo es Paul Singer, el principal responsable de NML Capital, un fondo de inversiones que compró bonos de la deuda argentina a precio de saldo –un 20 %, aproximadamente- y pretende cobrarlos a su valor nominal. Reclama 1.300 millones de dólares, pero si Argentina pagara se abriría la posibilidad de que otros fondos también reclamen lo suyo, y esto llevaría el total a pagar a los 15.000 millones de dólares, la mitad de las reservas en poder del Banco Central de la República Argentina y el 3 % del PBI.

Como recordó la mandataria sudamericana, si Argentina le pagase a los fondos buitre se abriría la vía para que aquellos que aceptaron los canjes, en 2005 y 2010, se sientan discriminados y también acudan a la justicia, donde encontraría un juez “que atienda su pedido y así se caería toda la reestructuración de la deuda argentina y se caería, en definitiva, la República”.

El mensaje presidencial no despejó, sin embargo, cuál es el curso de acción que se adoptará en Buenos Aires. The Wall Street Journal dio a conocer un memo confidencial de la firma de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP al gobierno argentino, en el que se sostiene que la mejor opción para Argentina sería ignorar el fallo de la Corte Suprema, ir a una nueva suspensión de pagos y reestructurar la deuda fuera de los EEUU.

En varios pasajes de su discurso, la presidente afirmó que Argentina tiene voluntad de pagar sus deudas y alentó al 7 % que no entró en las reestructuraciones a sumarse al canje, “así podemos pagarle al 100 % (de los deudores)”.

Los fondos buitre ya provocaron una crisis en Argentina cuando lograron, a fines de 2012, que la justicia de Ghana retuviera durante más de dos meses la Fragata Libertad, el buque escuela de la Armada argentina. La justicia del país africano respondió así al pedido de embargo de los fondos buitre. Esto provocó que la presidente no volviera a usar el avión presidencial en viajes fuera de la Argentina, por temor a que fuera incautado.

Diversas reacciones de las autoridades argentinas a las pretensiones de los fondos buitre podrían haber sido perjudiciales para su causa. “Mientras yo sea presidenta, se podrán quedar con la Fragata, pero con la libertad, la dignidad y la soberanía de este país, no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie”, dijo Cristina el 22 de octubre de 2012, que añadió. “no pagaremos a costa de que cada vez más argentinos vean postergados su acceso a la salud, a la vivienda, a la educación”.

“Argentina no va a cambiar de posición, no le vamos a pagar un solo dólar a los fondos buitre, no hay nada que negociar con ellos”, diría días después el entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Declaraciones que cayeron muy mal al juez Thomas Griesa, de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que fue quien dictaminó que Argentina debía pagar a los fondos buitre.  

Horas antes del fallo, el canciller Héctor Timerman echó más leña al fuego llamando a los fondos buitre “ladrones del asfalto” y “manga de especuladores (…) que dinamitan un sistema internacional económico, que ya de por sí es bastante débil”.

A pesar de estas declaraciones altisonantes, el gobierno argentino había iniciado en los últimos tiempos un nuevo rumbo que apuntaba a la reconciliación con los organismos internacionales, ante la inminente necesidad de financiación externa.

En este marco, acordó con Repsol la indemnización a pagar por la expropiación de YPF. También llegó a un acuerdo con cinco empresas ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo del Banco Mundial). Hace solo unos días se logró un acuerdo para el pago de la deuda con el Club de París. Y se están empezando a implementar medidas de ajuste del gusto del FMI.

Las consecuencias para Argentina del fallo adverso en la Corte Suprema de EEUU serán inmediatas. La principal es que sus posibilidades de acceso a los mercados internacionales de crédito se esfuman. Para Guillermo Nilsen, que fuera secretario de Finanzas en el gobierno de Néstor Kirchner, el principal afectado será la empresa petrolífera YPF, que necesita grandes fondos para invertir en Vaca Muerta, uno de los principales yacimientos del mundo de hidrocarburos no convencionales. 

El revés se sintió también en las bolsas. La de Buenos Aires, bajó un 10 % en la primera sesión posterior al fallo. Lo mismo sucedió con las acciones de empresas argentinas en Wall Street. Y el valor del dólar paralelo se disparó. Es decir, Argentina vuelve a estar en el ojo del huracán.

El país ya vivió esta situación en ocasiones anteriores. La primera vez que declaró suspensión de pagos fue en 1828. Lo mismo pasó en 1988, al final del gobierno de Raúl Alfonsín, y en 2001, inmediatamente después del colapso del gobierno de Fernando de la Rúa. Este último sería el mayor default de la historia: Argentina debía 95.000 millones de dólares, un 14 % del total de la deuda de los países en desarrollo. 

El 30 de junio próximo, Argentina debería pagar unos 900 millones de dólares a los bonistas que se acogieron a alguna de las dos renegociaciones, en 2005 y 2010. Pero como el pago está establecido en un banco de Nueva York, este dinero podría ser incautado por la justicia para pagar a los fondos buitre. Si no paga, estaríamos ante la cuarta suspensión de pagos en la historia argentina. Pero Cristina Fernández dijo que había dado orden a sus funcionarios para encontrar los mecanismos pertinentes para hacer efectivo el pago.