“Se trata de un nuevo acto de persecución”, insiste Cristina Kirchner, cuya única defensa hasta ahora es denunciar al gobierno, a los medios y a parte de la Justicia
@jgonzalezok / Finalmente, después de una frustrada maniobra de la Corte Suprema para aplazar el juicio, comenzó en Buenos Aires el primer juicio contra la expresidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por presunta corrupción. Es el que hace referencia a la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz, que tiene como acusados a la exmandataria, a su amigo y socio, Lázaro Báez y a la cúpula del ministerio de Planificación.
Cristina Fernández de Kirchner escuchó durante más de tres horas cómo desde el tribunal se la imputaba el haber tomado parte de una asociación ilícita, en calidad de jefe, “con el objeto de cometer delitos indeterminados para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos”. Frente a la teoría que han sostenido algunos dirigentes políticos próximos a la exmandataria, la Justicia afirma que el esquema, que se había iniciado con Néstor Kirchner, continuó durante su presidencia.
El principal beneficiado fue el empresario Lázaro Báez, que inició su carrera empresarial al mismo tiempo que los Kirchner llegaron al poder. Gracias a su amistad con la familia Kirchner, logró llevarse buena parte de las licitaciones de la provincia. Muchas de las obras no se terminaron, pese a lo cual cobró la totalidad de las mismas. Y fue el único empresario de obra pública que había cobrado la totalidad de lo adeudado por el Estado, al terminar el gobierno de Cristina Fernández.
Báez, a su vez, retribuía de diferentes formas estos favores. Por ejemplo, alquilando en bloque habitaciones en los hoteles de la familia presidencial, sin que fueran ocupadas. La acusación fue clara al respecto, al señalar que “una porción de ese dinero atravesaría el camino inverso en favor de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, a través de distintas maniobras de lavado de activos basadas en la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”.
“Se trata de un nuevo acto de persecución”, volvió a insistir Cristina Kirchner, cuya única defensa hasta ahora es denunciar al gobierno, a los medios y a parte de la Justicia, pero sin desmentir los hechos. Antes de presentarse en el tribunal usó su cuenta de Twitter para afirmar que el objetivo es “colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.
Esta primera audiencia no fue suficiente para leer el escrito de los fiscales que respaldan su acusación y se cree que van a necesitarse al menos cuatro audiencias. Por el estrado pasarán 160 testigos, entre ellos Alberto Fernández, que fuera su primer jefe de Gabinete y que encabezará la fórmula presidencial en las elecciones de octubre, en la que la propia Cristina figura como candidata a vicepresidente.
La exmandataria no cruzó siquiera la mirada con los otros doce acusados, a pesar de que fueron funcionarios durante muchos años, nombrados por ella o por su marido, el difunto expresidente Néstor Kirchner y, por tanto, de su extrema confianza. Se sabe del malestar de la mayoría de ellos, que llevan varios meses en prisión preventiva, porque su exjefa no tuvo en este tiempo ningún gesto hacia ellos: ninguna visita, ningún mensaje, ni siquiera por personas interpuestas.
En esta primera sesión fueron numerosos los personajes ligados al kirchnerismo los que asistieron a la misma. La exmandataria pidió al tribunal la reserva de 67 lugares para sus invitados. Entre ellos, madres y abuelas de la Plaza de Mayo y dirigentes de La Cámpora, la organización juvenil que dirige su hijo Máximo.
Si fuera encontrada culpable, la pena que le cabría sería de 5 a 16 años de prisión
Si fuera encontrada culpable, la pena que le cabría sería de 5 a 16 años de prisión. El juicio durará no menos de un año -a una audiencia por semana- y, en caso de condena, cabe la revisión en instancias superiores. A pesar de que el proceso coincide con la campaña y con las elecciones, no se cree que tenga una influencia en el voto. En Argentina se ha demostrado que hay una gran tolerancia con la corrupción y que la gente vota con el bolsillo.
A ello apuesta Cristina, que empieza a soñar con la derrota del presidente Macri en las urnas, víctima de la profunda crisis social y económica que golpea al país. Si llegase a vencer en octubre la fórmula Fernández (Alberto)-Fernández (Cristina), la maleabilidad de la Justicia argentina podría manifestarse en todo su vigor. Durante los doce años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, lograron doblegar a la mayoría de los jueces y fiscales.
La posibilidad de que haya cambios en la Casa Rosada a partir de octubre ya ha tenido consecuencias. No otra es la interpretación que se puede dar a la decisión de la Corte Suprema, de hace unos días, que pidió el expediente del caso al tribunal, amenazando con la suspensión del juicio. Solo la firme reacción de sectores políticos y judiciales, pero también los caceroleos de la población, despejaron el camino al inicio del proceso.
Alberto Fernández, el candidato presidencial del kirchnerismo y notable operador político y judicial, estuvo detrás de la movida de la Corte. Y hubo más por su parte, ya que llegó a amenazar a los jueces que están interviniendo en los distintos casos que enfrenta la ex presidente: “Algún día Ercolini, Irurzun, Hornos y Geminiani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”, afirmó. Poco antes había anunciado que estaba preparando un libro sobre el tema, considerando que “es escandaloso lo que hicieron” los jueces y fiscales.
El primer juez de los nombrados, Julián Ercolini, es el que investigó el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, cuyo juicio comenzó este lunes. Este magistrado fue alumno de Fernández, “pero no entiendo como desvió su conocimiento para firmar estas cosas”, dijo el ahora candidato presidencial.
Algunos observadores y analistas de la política argentina han sugerido también que, si el kirchnerismo vence en las elecciones de octubre, el presidente siempre puede indultar a su vicepresidente, en este caso Cristina Fernández. Y hay antecedentes, como sucedió en la presidencia del peronista Carlos Menem, con los genocidas de la dictadura (1976-1983) y los guerrilleros de los 70. El que fuera candidato peronista en las primeras elecciones democráticas (1983), Ítalo Luder, que fue derrotado en las urnas, también estaba dispuesto a aceptar la autoamnistía que se habían concedido los militares.
