miércoles 26/1/22
CRÓNICAS DE AMÉRCIA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

El vicepresidente argentino, Amado Boudou, acorralado por la justicia

Amado Boudou, fue citado a declarar en una causa por corrupción, aunque el juez todavía no lo imputó.

Amado Boudou

@jgonzalezok | Por primera vez en la historia argentina, un vicepresidente en ejercicio ha sido citado a declarar ante la justicia, en este caso por un tema de corrupción. La cita es el 15 de julio, dos días después de que termine el mundial de fútbol, es decir, cuando no habrá ninguna distracción pública posible. Y con un añadido: ese día se celebrará en Fortaleza, Brasil, una cumbre de los países emergentes que integran el BRIC (Brasil, Rusia, India y Sudáfrica), a la que asistirá la presidente, Cristina Fernández, invitada por el presidente ruso, Vladimir Putin. Por tanto, el poder ejecutivo estará en manos del vicepresidente Boudou.

La situación del vicepresidente argentino ha empeorado con la decisión del juez Ariel Lijo, que lo llamó a declarar. Hasta ahora, se sospechaba que Boudou había intervenido para favorecer a unos amigos, eventuales testaferros, para hacerse con el control de una empresa que fabrica papel moneda para el Estado. Ahora, el juez considera que Boudou, junto con sus amigos, directamente se habría apoderado de la empresa mientras era ministro de Economía.

El juez, citando a los dos fiscales que ha tenido el caso, asegura que las medidas probatorias habrían permitido establecer lo siguiente: “Amado Boudou, junto a José María Núñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica (…) a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vanderbroele, con el fin de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes de banco y documentación oficial”.

El juez también imputa al vicepresidente el haber aprovechado su condición de funcionario público para acordar con los antiguos dueños de la empresa la venta del 70 % de la misma, “a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública”.

Boudou, de acuerdo al escrito del juez, habría vuelta a intervenir, esta vez ya en su actual cargo de vicepresidente, para levantar la quiebra de la empresa y permitir que obtuviera el certificado fiscal habilitante para hacer negocios con el Estado.

El vicepresidente y Núñez Carmona, su amigo de adolescencia, con el que ha hecho todos sus negocios, estarían detrás de la empresa The Old Fund, que les aseguraba el anonimato de sus verdaderos dueños, “debido a que estaba integrada por sociedades extranjeras que emiten acciones al portador”.

Y concluye con el siguiente razonamiento: como Boudou era funcionario público y era evidente la relación de Núñez Carmona con el vicepresidente, se le asignó a Vandenbroele el papel de adquirir la empresa que ostenta el monopolio de la fabricación de billetes.

Una encuesta del diario online Infobae, que preguntaba a sus lectores si Boudou debía pedir licencia hasta que se aclare su situación procesal, indicaba una abrumadora mayoría a favor de la licencia: con 39.000 opiniones, el 83,62 % estuvo a favor de esta alternativa.

La reacción de Boudou se conoció a través de varias entrevistas en algunos medios amigos del gobierno. En todas reiteró su inocencia y afirmó que todo era una conspiración mediática, de Clarín y La Nación. Aseguró que no se le perdona que fuera quien impulsó la estatización de las AFJP, los planes privados de pensión. También acusó al juez de querer tapar el acuerdo del gobierno con el Club de París. La citación a indagatoria, afirmó, “se conoció el mismo día que el gobierno resuelve un tema importantísimo para todos los argentinos, como es terminar con la deuda en default con el Club de París”.

El vicepresidente argentino descartó su renuncia o el pedido de licencia, que supondría su apartamiento temporal del cargo, como están pidiendo varios dirigentes opositores. La diputada Elisa Carrió (Frente Amplio Unen), por el contrario, es partidaria de que sea sometido a juicio político.

Una vez que sea interrogado, el juez decidirá si lo imputa formalmente. Sobre el particular no hay nada legalmente establecido. El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, está procesado y continúa en su puesto. Entre los cargos que le podrían endosar está el de asociación ilícita, que conlleva penas de cárcel. Es el caso por el que fue encarcelado en 2001 el ex presidente Carlos Menem.

La decisión del juez Lijo se produjo justo un día después de que circulara intensamente el rumor de que sería recusado por cuestiones formales. En este sentido hay que recordar que el primer juez y el primer fiscal de la causa también fueron apartados, llevándose también por delante, en el embate del vicepresidente, al jefe de los fiscales.

El periodista Federico Mayol, autor del libro Amado. La verdadera historia de Boudou, sostiene que el vicepresidente está preocupado, “porque en el expediente hay indicios y pruebas que lo comprometen”. También consideró que el escándalo no afectará las posibilidades del kirchnerismo en las elecciones del año próximo: “la condena social y política ya la tiene y al gobierno ya lo afectó”, recalcando que Boudou es el dirigente con peor imagen del país.

La ofensiva del gobierno contra los jueces y fiscales que no están en sintonía con la Casa Rosada, se ha agudizado en los últimos meses. Ya fue apartado el fiscal José María Campagnoli, que investigaba al empresario Lázaro Báez, socio de los Kirchner. La misma suerte sufrió el juez Claudio Bonadío, que investigaba una causa relacionada con la transmisión estatizada del fútbol, y que llegó a tomar declaración al ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y al portavoz presidencial, Alfredo Scoccimarro.

Al mismo tiempo está poblando de jueces claramente alineados con el gobierno, las listas de conjueces o jueces suplentes, cambiando las reglas parlamentarias para su designación.

A pesar de esto, en los tribunales se acumulan las malas noticias para el gobierno. Hace unos días, la Cámara Federal de Buenos Aires ratificó una causa contra la presidente, Cristina Fernández, por el acuerdo con la empresa petrolera Chévron. El ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime, fue condenado por un intento de destrucción de pruebas. Y la Cámara de Casación reabrió una causa por enriquecimiento ilícito contra el titular de la cartera de Planificación, Julio de Vido, el ministro más antiguo del kirchnerismo.

La justicia de Suiza, por otra parte, comprobó el desvío de 22 millones de dólares del empresario Lázaro Báez, en la otra causa que desvive al gobierno, ya que afecta directamente a la familia presidencial. 

El vicepresidente argentino, Amado Boudou, acorralado por la justicia