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martes. 05.07.2022
CRÓNICAS DE AMÉRCIA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

Argentina: la inflación se come los salarios y se dispara la protesta social

Según datos oficiales, el 75% de la gente ocupada gana menos de lo que cuesta una canasta básica.

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Tres cuartas partes de los argentinos no llegan a fin de mes y están ingresando en la categoría de pobres

@jgonzalezok | Según datos oficiales del INDEC –el controvertido organismo oficial que en los últimos años se ocupó de maquillar favorablemente las estadísticas oficiales- tres cuartas partes de las personas ocupadas en Argentina, gana menos de 6.500 pesos mensuales, que al cambio negro –el único real-, equivalen a 432 euros o 597 dólares.

Con una inflación que solo en los dos primeros meses del año alcanzó el 7,2% y una importante devaluación en el mes de enero, los bolsillos de la mayoría de la población se quedan vacíos cada vez más pronto. Datos de la Dirección de Estadísticas de la ciudad de Buenos Aires estiman que un matrimonio tipo, con dos hijos, necesita 7.927 pesos para sobrevivir -527 euros, 728 dólares-, siempre que no tengan que pagar alquiler.

Es decir, que tres cuartas partes de los argentinos no llegan a fin de mes y están ingresando en la categoría de pobres, después de algunos años de despreocupado consumismo, alentados por las políticas oficiales. Graciela Bevacqua, que fue directora de precios del INDEC –expulsada por no plegarse a la manipulación de las estadísticas-, hizo un cálculo inquietante: en el mes de febrero, una familia tipo necesitaba 7.353 pesos -489 euros- para no caer por debajo del umbral de la pobreza.

El caso de los jubilados y pensionados es aún más dramático. Por ley reciben dos aumentos al año. El último, del 11,31%, ya fue superado ampliamente por la inflación, y no habrá otra subida hasta el mes de agosto. Pero su situación es aún peor si se tiene en cuenta lo que han subido los medicamentos -21,7% en los dos primeros meses del año- y los alimentos básicos –un 15%-, que representan buena parte de los gastos totales de este sector. De los cinco millones de jubilados y pensionados, cuatro millones cobran entre 1.900 pesos –126 euros, los que cobran pensiones no contributivas- y la paga mínima, que es de 2.600 pesos o 173 euros.

Con este panorama no es de extrañar que la conflictividad social se haya disparado con la vuelta a la actividad, una vez que se acabaron las vacaciones del verano austral. El caso más emblemático es el de los maestros, que llevan más de dos semanas de huelga, impidiendo el comienzo del curso escolar. Los sindicatos no han acatado la conciliación obligatoria, enfrentando sanciones y descuentos que endurecen aún más las posiciones. Y en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país, lanzaron un paro por tiempo indeterminado.

En las próximas semanas otros sectores, que están empezando a negociar sus convenios colectivos de trabajo, pueden provocar aún más convulsiones. Los sindicatos, aún divididos, no pueden contener a las bases. Los gremios opositores han llamado a la huelga general para el próximo 10 de abril, en rechazo al ajuste del gobierno. Hasta los dirigentes aliados del gobierno están presionando para conseguir aumentos que compensen la inflación.

Los últimos datos de pobreza e indigencia señalan que más del 30% de la población se encuentra en esta categoría. Pero la progresiva y acelerada pérdida del poder adquisitivo de los salarios está pauperizando de forma acelerada a sectores asalariados y cuentapropistas que en los últimos años venían surfeando la ola. A esto hay que añadir que sigue siendo muy grande el trabajo en negro, que apenas hay creación de empleos en el sector privado y que el empleo público –desde el 2007 responsable de gran parte de los nuevos puestos de trabajo- ha entrado en una fase descendente. Se estima que hay 3,4 millones de empleados públicos, sumando todas las administraciones, lo que representa un 22% de la ocupación total.

La cara más evidente de la pobreza se ve en Buenos Aires y el conurbano, donde aumenta la gente en situación de calle. Los cartoneros, hijos de la crisis del 2001-2002, y que no habían desaparecido de las calles, a pesar de que el gobierno cree que la pasada fue una década ganada, siguen revolviendo las basuras en busca de algo que reciclar y ganar algunos pesos con los que comprar un pedazo de pizza. Pero donde la crisis demuestra de forma más evidente sus efectos es en el crecimiento de las llamadas villas miseria, que es como se conocen en Argentina los barrios de favelas o asentamientos irregulares, en los que no hay siquiera servicios esenciales como cloacas.

Ya el último censo nacional, en 2010, indicó que el número de personas que vivían en este tipo de asentamientos había crecido un 52,3% desde 2001. Según un informe de la ONG Techo, de noviembre pasado, más de dos millones y medio de personas viven en estas villas, de las que contabilizó 1834 en las zonas más pobladas del país. En el conurbano bonaerense llegan a 624, con 1,2 millones de personas y en la capital federal a 56, que albergan a otros 350.000 habitantes.

En los últimos años, las villas no han hecho más que crecer: se invaden y toman nuevos terrenos, y se crece y construye en vertical en algunos de los asentamientos mejor situados. Con la crisis y el avance del narcotráfico, estos sectores están planteando además otro tipo de desafíos.

La respuesta del gobierno de Cristina Fernández a esta nueva emergencia social es volver a la ortodoxia que tanto combatió, al menos desde el discurso oficial. Ya se ha confirmado que este año se eliminarán los subsidios a servicios como luz, gas y agua, con tarifas prácticamente congeladas desde 2003. Nadie duda que mantener estos millonarios subsidios  -más otros como los que se dedican al transporte, la energía y hasta el fútbol- no es sustentable. Pero el gobierno prefirió estos años una política populista para acumular poder y ganar elecciones. Y, aunque se afirma lo contrario, no llevó a cabo políticas contracíclicas, que habrían minimizado el impacto que se avecina.

Entretanto, para mantener el relato progresista, se mantiene un modelo asistencial que se contradice con los supuestos logros de más de diez años de kirchnerismo. Más de 16,6 millones de personas recibieron el año pasado alguna ayuda del Estado. En enero pasado se añadió un subsidio de 600 pesos mensuales -40 euros- para los jóvenes que ni estudian ni trabajan que justifiquen que están formándose. Los planes sociales ya significan un 13,3% del presupuesto nacional.

En la mayoría de los casos estas ayudas son sin contraprestación o, lo que es peor, a cambio de votos o la asistencia a actos políticos del oficialismo. No es el caso del principal de ellos, la Asignación Universal por Hijo, ni la ayuda para los jóvenes ni-ni, pero sí en muchos de los que manejan los llamados punteros políticos o dirigentes barriales. Ahora mismo están vigentes 60 programas sociales, muchos de los cuales no tienen ningún tipo de control.

Argentina: la inflación se come los salarios y se dispara la protesta social