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domingo 29/5/22
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

Impulsan en Argentina una CONADEP de la corrupción

El opositor Frente Amplio considera que la corrupción en la década kirchnerista debe ser investigada cuando dejen el poder.

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Protesta contra la corrupción en Argentina. Foto de archivo. Unión Cívica Radical (UCR).

@jgonzalezok | Algunos dirigentes de la oposición argentina han relanzado la idea de formar una CONADEP de la corrupción, nombre que hace referencia a la histórica Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que, presidida por el escritor Ernesto Sábato, investigó las graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar (1976-1983). La idea fue rescatada por el senador Ernesto Sanz, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) -uno de los partidos que integran el Frente Amplio-UNEN- y uno de sus precandidatos presidenciales.

“Después de todos estos años, en que la corrupción se ha ensañado con nuestro país, es necesario que el próximo gobierno ponga las cosas en claro y pueda determinar un castigo a quienes han lucrado con el Estado”, dijo Sanz. La idea es que haya un organismo que pueda ayudar a la Justicia en la búsqueda de pruebas, como lo hizo la CONADEP en los primeros años de la democracia.

El actual poder judicial ha demostrado poca voluntad de avanzar en las numerosas denuncias contra altos funcionarios del Estado. La lentitud exasperante en las investigaciones se combina con sentencias express que los benefician. La exdiputada Silvia Vázquez recordó que, como el ex presidente Raúl Alfonsín sabía que no tenía jueces y fiscales para juzgar a la dictadura, encontró la salida de convocar a la CONADEP.

La corrupción, endémica en la Argentina, impregna todas las instituciones del país. Y con el avance imparable del narcotráfico, más aún. La dictadura militar (1976-1983), no solo puso en marcha una criminal estructura de aniquilamiento de personas; también levantó un formidable esquema de robo a gran escala. Recuperada la democracia, durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) también se conoció una época de corrupción que tuvo el agravante de su ostentación. Para ello, contó con una justicia adicta, incluyendo al presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, socio del bufete de abogados del expresidente en su provincia natal, La Rioja.

En el caso de los Kirchner, empezaron con buenas intenciones. Un mérito que nadie le discute al fallecido presidente es el saneamiento de la Corte Suprema. Pero, con los años, la práctica lo asemejó con gobiernos anteriores, en su intento de controlar la Justicia. Sobre todo, a medida que empezaron a conocerse casos de corrupción que salpicaron a los más altos niveles.  

A pesar de las denuncias, solo hubo hasta ahora una sentencia y condena contra un alto funcionario. Es el de la exministra de Economía, Felisa Miceli, a la que se le descubrió una bolsa con dinero de dudosa procedencia, escondida en el baño de su propio despacho oficial. La pena que recibió fue de 4 años de prisión y 8 de inhabilitación para ocupar cargos públicos, aunque enseguida se recicló y empezó a trabajar en la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo.

Ahora mismo está siendo juzgado el ex secretario de Transporte de Néstor Kirchner, Ricardo Jaime, que tiene más de 30 causas penales abiertas. Pero la gran mayoría de las denuncias han caído en saco roto y se quedan en los archivos de los medios. Casi todos los altos funcionarios han sido denunciados por causas de corrupción. Y la gran mayoría de los ministros han registrado un aumento estratosférico de sus patrimonios.

Los propios Kirchner fueron denunciados por un incremento patrimonial imposible de justificar. Entre 2003 y 2009, fue del 710 %. Un juez, Norberto Oyarbide, al que suelen caerle en suerte la mayoría de las causas complicadas para el gobierno, desestimó las denuncias, dictando sentencia en tiempo récord, tomando en cuenta solo la información aportada por el contador o contable de los Kirchner y sin que fuera apelada por el fiscal.   

Con 2015 en el horizonte y el temor de perder el poder en las elecciones de octubre de ese año, hay mucha preocupación en el gobierno sobre el futuro de muchos funcionarios. Los jueces y fiscales que se tomaron en serio las denuncias fueron apartados. Es el caso del primer juez y el fiscal de la principal causa que involucra al vicepresidente, Amado Boudou, o el juez que más había avanzado en el caso del empresario Lázaro Báez, presunto testaferro de los Kirchner.

En los últimos días se decidió el procesamiento de dos de los personajes claves en el caso del empresario Lázaro Báez. Se trata de Leonardo Fariña y Federico Elascar, que en un programa de televisión confesaron que lavaron dinero del citado Báez. Aunque después se echaron para atrás, las evidencias fueron abrumadoras. Pero el juez de la causa, después de un año de investigación, decidió no tomar ninguna medida contra el presunto propietario del dinero lavado. 

En su intento por cubrir su retirada y garantizar no ser molestado al dejar el poder, el gobierno tiene éxitos y fracasos. Logró desmontar casi todos los órganos de control. Pero falló en la llamada reforma de la justicia, que pretendía un nuevo Consejo de la Magistratura, que les permitiera mejores herramientas para colonizar la justicia antes de irse. Pero siguen intentando nuevos caminos. El jefe del grupo parlamentario de la UCR  en el Senado, Gerardo Morales, ha denunciado que el gobierno busca colonizar la Justicia llenando las listas de conjueces con gente de La Cámpora y del Frente para la Victoria. En la cámara alta se define estos días una lista de conjueces a la Corte Suprema, que deberían actuar en el caso de magistrados ausentes o recusados.

Un durísimo documento de la iglesia católica, conocido este viernes, afirma que la corrupción, tanto pública como privada, es un verdadero cáncer social, causante de injusticia y muerte: “desviar dineros que deberían destinarse al bien del pueblo provoca ineficiencia en servicios elementales de salud, educación, transporte. Estos delitos habitualmente prescriben o su persecución penal es abandonada, garantizando y afianzando la impunidad. Son estafas económicas y morales que corroen la confianza del pueblo en las instituciones de la República”.

El documento, que hace también hincapié en que “la Argentina está enferma de violencia”, provocó un encontronazo verbal entre el gobierno y la cúpula de la iglesia argentina, que ha roto el clima de romance que reinaba desde la llegada al Vaticano del papa Francisco. 

Impulsan en Argentina una CONADEP de la corrupción