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miércoles. 06.07.2022
CRÓNICAS DE AMÉRCIA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

Con más del 4% en febrero, la inflación se acelera en Argentina

La semana que viene se conocerá el índice oficial, con el desafío de ser creíble.

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Después de Irán y Venezuela, Argentina es el país con mayor inflación del mundo

@jgonzalezok / El llamado IPC Congreso, difundido por la oposición y que hace una media de los estudios de diversas consultoras privadas, ha dado en Argentina un 4,3% de inflación para el mes de febrero, la cifra más alta en los últimos 23 años. En términos interanuales, el aumento sería del 34,88%. Pero, dado que la subida de precios se disparó en los últimos tres meses, 2014 puede acabar con un índice mucho mayor. Después de Irán y Venezuela, Argentina es el país con mayor inflación del mundo.

El gobierno difundirá sus propias cifras el próximo lunes, después de que en enero presentó un nuevo método de medición, que acabó con siete años de falsificación y manipulación de la realidad. Contra toda evidencia empírica, el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), aseguró que el 2013 había terminado con un 10,9% de inflación, contra el 28,38% del IPC Congreso.

La diputada Patricia Bullrich (Unión PRO), que presentó el último dato no oficial de la inflación, dijo que seguirán presentando sus propios datos en los próximos meses, hasta que los datos oficiales prueben su veracidad. En su opinión, el mantenimiento del IPC Congreso fue una de las razones que obligó al gobierno a cambiar su propio índice.

Desde la oposición se dice también que para que sea creíble el dato de inflación de febrero del gobierno, tiene que ser superior al extraoficial, ya que las consultoras privadas solo miden Buenos Aires y su conurbano, y el aumento de precios en los alimentos fue mayor en el resto del país. 

El economista Martín Lousteau, que fuera ministro de Economía de Cristina Fernández –solo cinco meses, entre diciembre de 2007 y abril de 2008- , hoy en las filas de la opositora UNEN, señaló que el único culpable de la “inflación galopante” que tiene Argentina es el gobierno, porque “tenemos un Estado que gasta fortuna, pero que no brinda nada”. 

El gasto público se ha acelerado en los últimos años, pasó del 30,9% del PIB en 2006 al 45,3% en 2013. Según el economista Juan José Llach, era necesario aumentar el gasto social, pero su valor actual no es financiable: “su eficiencia es baja y sus resultados sociales, solo mediocres”.

Mientras sigue a todo vapor la máquina de imprimir pesos para financiar los gastos del gobierno y tapar el agujero fiscal, la única medida que ha tomado el gobierno para tratar de controlar los precios ha sido poner en marcha un programa, Precios Cuidados, basado en acuerdos con los grandes supermercados para armar una canasta de productos a bajo costo, pero que está demostrando su inoperancia. En la mayoría de los casos los productos no están o desaparecen de los establecimientos a primera hora de la mañana.

En las últimas semanas el gobierno ha tomado una serie de medidas importantes: en enero devaluó el peso un 22%; aumentó las tasas de interés; subió impuestos a niveles asfixiantes y propios de una economía nórdica (41% del PIB). Al mismo tiempo ha dejado que la inflación se coma buena parte de los sueldos, mediante la no actualización del mínimo no imponible en los ingresos de los asalariados; tampoco actualizó ayudas sociales ni jubilaciones al ritmo inflacionario.

Pero lo peor está por llegar. La negociación de las paritarias o convenciones salariales comenzaron con la presión directa del gobierno de aumentos muy por debajo de la inflación, con la advertencia de que es la única forma de sostener el actual nivel de empleo. Y se anuncia que los ingentes subsidios que reciben el transporte metropolitano, el gas, el agua y la luz, serán paulatinamente retirados.

La quita de estos subsidios –unos 13.000 millones de dólares en 2013-, que mantienen artificialmente bajas las tarifas de dichos servicios, echará más leña al fuego a la inflación. Y alimentará la crisis social que se viene anunciando, con una caída en el nivel de actividad y un nivel de empleo que solo se mantiene gracias al sector público, que ha crecido en los últimos años un 50 %.

Estas medidas de ajuste se suman a otras políticas ortodoxas que el gobierno se ha visto obligado a tomar, a pesar de mantener su discurso crítico con los organismos internacionales de crédito y las habituales recetas neoliberales. No obstante, en octubre anunció que pagaría a cinco empresas que hace años ganaron un juicio contra Argentina en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones). También se iniciaron negociaciones con el Club de París, con el que Argentina mantiene una deuda importante, de más de 9.000 millones de dólares. En este mismo escenario hay que colocar el acuerdo con Repsol. 

“Veo al gobierno tratando de hacer todos los deberes de un ajuste ortodoxo para tratar de llegar a 2015”, dijo hace unos días el politólogo José Nun, que fuera secretario de Cultura entre 2004 y 2009, es decir, buena parte del gobierno de Néstor Kirchner y el comienzo del primer mandato de Cristina Fernández. “Se está haciendo todo lo que se juró que jamás iba a hacer”, añadió.

Este retorno a cierta ortodoxia es necesario –aunque quizá no suficiente- para que Argentina pueda acceder a los mercados internacionales de créditos a tasas razonables, como las que tienen países de la región, como Uruguay o Bolivia. El financiamiento externo es indispensable para hacer frente a un déficit fiscal que alcanza el 6 % del PBI, al déficit en la balanza de pagos y a la pérdida de reservas para hacer frente a la abultada factura energética.

Con más del 4% en febrero, la inflación se acelera en Argentina