Colectivos de memoria histórica reclaman a las formaciones políticas que se comprometan a desarrollar una “ley de reconocimiento y protección integral” a las víctimas del franquismo que ponga fin a “80 años de impunidad, de no reconocimiento de las víctimas y de negarles el derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.
Esta Ley Integral de Víctimas del Franquismo incluiría una condena expresa al “régimen criminal” y al “atentado y golpe de Estado a la II República española”, que trajo consigo una cruenta guerra civil, la dictadura franquista y “la represión continuada contra los derechos humanos”.
Medio centenar de colectivos se han adherido a esta petición para una ley integral porque “sólo por decisiones políticas, relacionadas con la forma en que se desarrolló la transición a la democracia, no se reconoce a las víctimas del franquismo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas de la violencia, que sí han sido plenamente reconocidos y reparados mediante una legislación específica a su favor”, señalan.
Los colectivos reclaman que reclaman que “se declare la nulidad de pleno derecho de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista
La futura ley deberá “reconocer y garantizar a las víctimas del franquismo, del nazismo y de la transición política española los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación en los términos exigidos en los tratados y acuerdos internacionales firmados por el Estado español y organismos internacionales”, así como la ratificación por el Estado español de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1968.
También reclaman que “se declare la nulidad de pleno derecho de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista, el carácter ilegal de todos los tribunales y organismos represivos, así como de toda aquella legislación que garantice la impunidad de los crímenes franquistas”.
Asimismo, piden que se apruebe un plan estatal de exhumaciones judicializadas, dirigidas por un juzgado o fiscalía especializada y que se eliminen definitivamente todas las formas de exaltación del franquismo, en calles, monumentos y honores varios.
UNA LEY MÁS AMBICIOSA QUE LA DEL PSOE
Los impulsores de esta iniciativa consideran que la proposición de ley de memoria presentada por el PSOE el pasado mes de enero, aunque recoge avances importantes con respecto a la Ley de Memoria de 2007, como el banco de ADN o el censo de víctimas, entre otras, “sigue sin abordar de una manera integral la problemática de las víctimas del franquismo” y sigue “sin escucharse la voz de los colectivos”.
Recuerdan que instituciones internacionales como la ONU y sus grupos de trabajo y las organizaciones de derechos humanos, continúan reclamando al Estado Español su obligación de investigar, perseguir y sancionar los delitos contra la humanidad cometidos por el franquismo.
En este sentido, subrayan que, en su informe de visita al país en 2014, el relator especial de la ONU “urgió a las autoridades españolas a atender de forma urgente las demandas de las víctimas”.
Hace tiempo que la ONU reclama a España su obligación de investigar, perseguir y sancionar los delitos contra la humanidad cometidos por el franquismo
Con posterioridad, en 2017, el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas también expresó preocupación por la inacción de los tribunales españoles en la judicialización de los casos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura.
Ya en 2018, se instó a España a elaborar planes para buscar a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura y se expresó la esperanza de que esas iniciativas fueran acompañadas de avances en el ámbito judicial, en particular respecto de los procedimientos penales incoados en cualquier país por las desapariciones forzadas cometidas en España.
Además- añaden- el Comité de Derechos Humanos también había recomendado a España que derogara la Ley de Amnistía o la enmendara para hacerla plenamente compatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y los expertos destacaron además la importancia de los procesos de construcción y significación de la memoria histórica sobre violaciones pasadas y recordaron que “dichos procesos deben darse en un marco de transparencia y participación de la sociedad civil, centrarse en las víctimas y aportar el espacio necesario para exponer sus diversos relatos, y promover el pensamiento crítico sobre eventos pasados”.
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