sábado. 27.04.2024
  1. Los hackers
  2. El Partido Popular
  3. El problema
  4. La solución
  5. El remiendo
  6. Vísteme despacio, que tengo prisa
  7. Epílogo

Los hackers

Un jueves al mes nos vemos unos cuantos jubilados,más uno que está en el disparadero, para comer y aprovechar el momento para dedicarnos al deporte nacional de los ya licenciados: despotricar de los que todavía trabajan, eso sí, desde el cariño...

El que está en el disparadero fue mi segundo para temas de seguridad informática, aportando a mi labor como jefe su conocimiento, formación y experiencia, y es que entonces yo era poco más que un bisoño principiante en esa concreta disciplina. Es una suerte que un lego se pueda rodear de técnicos versados para poder conducirte por eso piélagos que son, por definición, profundos, oscuros y traicioneros.

Para abordar los contratiempos con los que los malos trufan la vida a los de seguridad (informática y no informática), de casi lo primero en que fui adiestrado fue que, ante un percance, máxime si es grave y puede poner en jaque a la empresa, lo primero es apagar el fuego, hacer control de daños y a la mayor brevedad remediarlos en lo posible (o sea, tratar lo urgente), pero luego se debe pasar a lo importante, esto es, averiguar la flaqueza que ha permitido el ataque y enmendarla, y así poder rectificar la debilidad que permitió el ataque.

Lo segundo que aprendí es que los malos siempre, siempre, siempre usarán nuestras debilidades para atacarnos, y que pensar que hay alguna línea roja que no cruzarán, alguna debilidad que no aprovecharán, algún flanco que no machacarán, más que de inocentes, es de ilusos, cuando no de irresponsables.

Y además, en política, como en casi todo lo humano, otra de las peores debilidades es contagiarse de los defectos del enemigo.

«La crueldad es contagiosa. El odio es contagioso. La fe es contagiosa. La locura es contagiosa. La estupidez es contagiosa. En nada de eso debemos caer». (Tomás Nevinson, Javier Marías).

Es obvio que estamos hablando, ni que sea indirectamente aún, de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender a través de una medida cautelarísima el trámite legislativo de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Que tanto el PP como los seis magistrados (tildados como conservadores) del TC pudieran hacer lo que han hecho no conlleva que debieran -y mucho menos estuvieran obligados a- hacerlo. Y esto es importante: podían no haberlo hecho.

El PP podía no haber usado la minoría de bloqueo (acción que la LOPJ otorga en este caso a la minoría para evitar que la mayoría imponga perfiles demasiado inclinados) para algo que, aunque sí en la letra, no está en el espíritu de la LOPJ: bloquear alegando interés general, pero en la realidad actuando por intereses particulares."

Y los seis magistrados podían haber esperado a entrar en el fondo de la cuestión (que es opinable, según advierte alguien sin sombra de duda, Joaquim Bosch, en El País, 20/12/2022: “Sin duda, el fondo de la cuestión resulta opinable. Puede ser discutible jurídicamente reformar los órganos constitucionales a través de enmiendas a modificaciones de normas penales, por su falta de conexidad”... y debemos considerar esta suave crítica, por salir de la boca de este magistrado, exportavoz de JJpD, como lo que es, un importante correctivo a la acción del Ejecutivo), tal y como se hizo en casos más graves, pensemos en las llamadas leyes de desconexión, de septiembre de 2017, que se esperó a su publicación para sancionar su evidente inconstitucionalidad.

Pero no. Como los hackers informáticos, si les muestras un flanco débil, ahí que morderán.

El problema

El problema es complejo ¡qué duda cabe! Si no lo fuera, ya estaría solucionado. Es complejo y complicado. Y tanto la complejidad como la complicación tienen algo en común: la falta de lealtad institucional del PP, de la que se deriva, más que un choque de legitimidades, que también, una deslegitimación en el ejercicio de los seis magistrados conservadores del TC. La actuación del PP complica un tema complejo.

¿Por qué decimos magistrados “tildados como conservadores”, o por qué ponemos el adjetivo conservadores en cursiva? Porque como bien advierte Joaquim Bosch en el artículo citado, la herramienta que se diseñó para que, gracias al consenso -digamos- forzado, se pudiera evitar el partidismo en el poder judicial ha provocado precisamente lo contrario: un intercambio de cromos, en forma de puestos en los órganos políticos del Poder Judicial y del TC, en los que han intervenido, o querido o intentado intervenir, todos, absolutamente todos los partidos del arco parlamentario español, sin que ninguno con una mínima opción se haya inhibido de esa politización del Poder Judicial y del TC que, como no podía ser de otra manera, ha acabado con una judicialización de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

La falta de lealtad del PP ha hecho saltar por los aires un sistema en el que, por mor del uso inicuo de ese consenso reforzado por parte de los partidos con posibles, los “espacios de contrapeso [han quedado] muy vinculados a las principales fuerzas políticas [...] con efectos muy lesivos sobre la apariencia de imparcialidad y [...] rigor de sus propias funciones constitucionales de vigilancia” (Bosch, artículo citado). Y que esa falta de lealtad sea cierta nos hace decir que no debemos fiar el buen fin del procedimiento a la buena voluntad de las partes. Y aún menos a la buena voluntad de los hackers. O del PP.

La solución

« Don’t linger or delay». (Tomás Nevinson, Javier Marías).

Como explicábamos al inicio, lo primero es apagar el fuego, hacer control de daños y remediarlos en lo posible a la mayor brevedad. Pero luego toca entender la debilidad del sistema y enmendarla.

Cuándo y cómo. Permítasenos un símil marinero: “Si piensas que has de poner un rizo, ya has hecho tarde”. Nota bene: se pone rizo cuando llevas demasiada vela para el viento que, más que hay, prevés que va a haber. Así que ni remolonees ni te demores en lo que hay que hacer, le dicen a Nevinson. Y tampoco te contagies de los ardides y triquiñuelas del contrario, le recuerdan. Pues en las dos trampas ha caído nuestro gobierno de coalición. Esperar remoloneando al último momento para colar de forma cuanto menos opinable dos enmiendas a una ley orgánica, obviando así un necesario debate, no sólo político, sino jurídico por el bien a proteger, ha permitido este nuevo ataque que, cual hackers, el mundo conservador ha lanzado contra las instituciones, nuestro bien político más preciado, pues, como Bosch nos recuerda “no hay democracia fuera del ordenamiento jurídico, incluso aunque a veces sus instituciones puedan equivocarse”.

Si el problema es la falta de lealtad, la solución se complica. Si el problema es el procedimiento, la solución es compleja. En todo caso ni valen atajos ni sirve remolonear.

El remiendo

Decimos remiendo, que no remedio, pues nos parece que eso es lo que está pasando.

Y vamos a traer a colación otro remiendo que cumplió lo de ser peor que la enfermedad: la derogación del recurso previo de anticonstitucionalidad.

En 1985, hartos de la deslealtad -nuevamente, la deslealtad- institucional de la que hacía gala AP usando esa herramienta para frenar de forma inicua y torticera los presupuestos generales, se derogó, siendo desde entonces obligatorio que una ley orgánica se perfeccionara a través de su publicación en el BOE para poder ser sometida a recurso de anticonstitucionalidad.

Como efecto indeseado, pero previsible si pensamos que los hackers de las instituciones siempre buscarán los flancos débiles para asestar su dentellada, el PP esperó a que el EAC del 2006 fuera publicado en el BOE, o sea, hasta después de ser votado en referéndum por parte de la ciudadanía en Catalunya, para recurrirlo ante el TC por supuesta anticonstitucionalidad. Y así se produjo un conflicto de legitimidades, conflicto cuyos coletazos aún hoy estamos padeciendo.

Entendamos que, siguiendo a la ley, el PP actuó con absoluta legitimidad al esperar a que el EAC, que es una ley orgánica, se perfeccionara con su publicación en el BOE para proceder al recurso. Y entendamos que, con independencia de sus constantes muestras de deslealtad institucional, no pudo -y, claro, de ello se aprovechó para no- hacerlo de otra manera. El diablo estaba en los detalles del remiendo. En 2015 se volvió a crear la figura de recurso previo de anticonstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía, con el objeto de que puedan ser llevados ante el TC antes de ser sometidos a referéndum en la Autonomía correspondiente, y así evitar el choque entre legitimidades.

Por lo que ojo con que el remedio no sea sino un remiendo y acabe resultando peor que la enfermedad.

Vísteme despacio, que tengo prisa

Esta frase, atribuida a Napoleón, aconseja actuar con calma ante una situación comprometida. Con calma, pues si se procede a todo correr lo normal es producir el efecto contrario, pero sin demora, pues tenemos prisa.

Como pide Xavier Vidal-Folch en El País, el Parlamento español “[d]ebe intentar sus mismos objetivos de desactivar todos los bloqueos y cerrojos institucionales. A ser posible, por mejores, más prístinos y más eficaces mecanismos.”. A los socios que componen el gobierno de coalición es necesario pedirles eficacia, eficiencia y mesura. También es preciso recordarles que todo cambio puede caer en aquello de “pan para hoy, hambre para mañana”, y que deben tener en cuenta que, en relación con lo que pide ahora Podemos, por boca de Echenique, el mero hecho de rebajar las mayorías necesarias para desatascar la renovación de tan altas instituciones puede tener indeseables consecuencias, tanto si PP y allegados consiguen la mayoría absoluta, pues actuarán como apisonadoras, como si se da otro gobierno de coalición progresista, pero minoritario, y pueda pasar que, como ocurrió con la trascendental Reforma Laboral, ganada a pesar de la deslealtad de los socios habituales e irónicamente gracias al voto del diputado del PP, Alberto Casero, quien nos hiera sea el fuego amigo.

Las deslealtades institucionales, así como el intercambio de cromos en el que han intervenido, o querido intervenir, todos los partidos del arco parlamentario español con posibilidad de poner un magistrado, ha provocado tanto la politización del CGPJ y del TC como la judicialización de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El problema es complejo y complicado, así que bienvenida sea la información de que el gobierno de coalición, o por lo menos su parte mayoritaria, se centre en elaborar una ley que mitigue las deficiencias del actual procedimiento, y no sólo enmiendas para salir del paso. Esperamos y deseamos que se escuchen las mejores voces políticas y del ámbito judicial para que la ley sea un buen remedio, y no un mal remiendo.

Epílogo

Corre por los mentideros madrileños, siempre ávidos de rumores, pero también atentos a globos sonda, que, según fuentes generalmente bien informadas del entorno de tan alta magistratura, entre Papa Noel y Reyes nos traerán -ellos, o los del CGPJ, que se reúnen el martes 27- un regalo a los ciudadanos españoles. Estará bien que estos personajes, a veces, de tan lejanos como los vemos, casi míticos, nos obsequien con un poco de magnificencia. Estaría bien.

El Tribunal Constitucional y la seguridad