En medio de masa de informaciones que han rodeado la filtración de ciertas escuchas telefónicas a algunas personas vinculadas al independentismo catalán y su segunda parte con las escuchas sufridas por el Presidente del Gobierno y algunos Ministros, están pasando desapercibido los intentos independentistas de involucrar a Rusia en la operación de declaración de la independencia y subsiguiente referéndum ilegal.
No es un tema irrelevante a pesar de que no haya conducido a ninguna operación efectiva por parte de los servicios de espionaje de la Federación Rusa. Y no es irrelevante porque vistos los contactos que por orden de Puigdemont tuvieron algunos de sus colaboradores con algún representante de Rusia, el horizonte de escuchas telefónicas se amplía bastante, porque no es imaginable que los principales servicios secretos occidentales no estuvieran al tanto de lo que, en definitiva, ha sido un intento de desestabilización de toda la estructura política de la Unión Europea.
Empecemos por el hecho que desencadena (o ha podido desencadenar) el seguimiento telefónico de algunos líderes independentistas. Se sabe que el 26 de octubre de 2017, tras la aprobación de las Leyes de ruptura con España, tras el pseudo-referéndum y a punto de declarar la independencia en el Parlamento autonómico, Puigdemont se reunió en el propio Palacio de la Generalidad con un envido ruso, Viktor Sadovnikov. El ruso fue conducido a la reunión por Víctor Terradellas, antiguo responsable de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya y también asistió otro ruso, Sergey Motin.
La reunión debió tener cierta relevancia, porque parece que el ruso ofreció quinientos millones de dólares y diez mil efectivos militares en apoyo de la Cataluña independiente. También se sabe que el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye (condenado anteriormente por colaboración con ETA), también ha tenido reuniones en Moscú, reuniones que admite pero sin vincularlas al independentismo. Y también se sabe que Puigdemont, tras su fuga a Bruselas, ha tenido más reuniones durante la crisis de orden público motivada por las sentencias del Tribunal Supremo cuando los independentistas se lanzaron a protestar en algunas calles de Barcelona.
Ante estos hechos, no es difícil imaginar que todos los servicios de información de los principales países occidentales (Estados Unidos, Reino Unidos, Francia, Alemania e incluso Israel) hayan estado controlando las comunicaciones telefónicas y de internet de los dirigentes independentistas más conspicuos, sean de Junts o de Esquerra. Porque romper un Estado de la Unión Europea y, para más inri, vincularlo a Rusia, no es un hecho menor. Y ninguno de estos servicios necesita autorización judicial para intervenir las comunicaciones de personas de otros países de quienes se sospecha su conexión con un Estado agresivo y autoritario como es Rusia.
Por eso quienes han jugueteado con Rusia y han pretendido romper un Estado democrático miembro de la Unión Europea no deberían rasgarse las vestiduras, sino más bien agradecer que de esas escuchas (si se han producido) no se hayan desprendido consecuencias penales. El mundo del espionaje no actúa a la luz del día y posiblemente no estaba en condiciones de ofrecer al Gobierno español documentos que éste pudiera entregar al Ministerio Fiscal para formalizar acusaciones que mostrarían la comisión de delitos contra la convivencia y contra las instituciones.
Más valdría que los independentistas de todos los matices bajaran la tensión sobre este tema no vaya a ser que alguien salga trasquilado. Y la relación con la Rusia de Putin tampoco es hoy una carta de presentación adecuada, salvo para grupitos de extrema izquierda que se identifican más con Rusia que con la democracia europea.
