#TEMP
martes. 05.07.2022

La perla de Villarejo: “Solamente he traicionado a mi Gobierno cuando estaba la izquierda”.

Ya lo habíamos ido sabiendo, pero la reciente publicación por parte de El País de unas grabaciones encontradas en el domicilio del excomisario Villarejo por orden judicial con motivo de la operación Tandem, nos lo ha puesto aún más de manifiesto: Villarejo ha ejercido, durante bastantes años el papel del barquero Caronte atravesando la Laguna Estigia de la Corrupción. A bordo solía llevar a diversos políticos dirigentes del Partido Popular, y a algunos personajes del poder financiero y empresarial de nuestro país.

Y ellos se dejaban llevar complacidos, y hasta pagaban por ello, y le buscaban utilizando diversos recursos para llegar a él (incluida la mediación de algún juez, como en el caso de Esperanza Aguirre, que se vale del que hasta tres meses antes había sido juez decano de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, González Armengol). Algunos, como Esperanza Aguirre, cayendo en la trampa del propio Villarejo, que previamente ha promovido una causa judicial contra ella -vía una supuesta “asociación”-, de la que después le vende el favor de servirle en bandeja al juez instructor el motivo para dejar caer el proceso.

En esa conversación se dan varias connotaciones cuando menos chocantes: se juntan Esperanza Aguirre, que va a ser candidata meses más tarde a la alcaldía de Madrid (hablamos de septiembre de 2014), un juez que acaba de jubilarse tres meses antes, siendo decano de los juzgados de Plaza de Castilla (González Armengol), y un expolicía, profesional de la extorsión y los amaños. Y entre los tres hablan con un lenguaje de cómplices que pretenden cambiar -y lo logran, por cierto- la orientación de una instrucción judicial para eximir a Esperanza Aguirre de un procedimiento penal.

El Partido Popular, recurriendo a una muletilla que ya conocemos, nos dice que éstos son hechos del pasado, y que las personas implicadas ya no ostentan puestos de dirección en el partido

Choca la familiaridad del juez y el policía, que dicen ser amigos (¿cuántas reuniones de ese mismo jaez podemos imaginar que habrán celebrado), choca la intervención del juez, que muestra conocer el estado del caso, hasta el punto de saber que ya se ha efectuado por parte del juzgado un envío de documentación a las partes, y choca la familiaridad y desparpajo de los tres, tramando algo que a cualesquiera otros tres ciudadanos normales les haría sentirse nerviosos, sólo de tratar el tema. Una situación aberrante, que altera lo que debería ser la normalidad democrática de un país cuya vida ha de transcurrir en el funcionamiento decente de las instituciones, sin tráfico de influencias ni maniobras torticeras. 

María Dolores de Cospedal incluso enviaba su propio coche, a la acera de enfrente, para que recogiera a Villarejo y lo introdujera en la sede nacional del PP por el garaje, rodeado de una gran discreción, porque todos ellos sabían que el objeto de las reuniones no era precisamente edificante. Se trataba, nada menos, que de alterar el normal funcionamiento de un importante aparato del Estado como es la Policía, para favorecer los intereses del Partido Popular (entonces en el Gobierno), y obligar a modificar -incluso con chantajes- informes policiales en su ejercicio de policía judicial, y de que la secretaria general del PP pudiera supervisar dichos informes antes de enviarlos al juez.

En un reciente artículo en Mundiario ya traté sobre la anomalía de la Justicia frente a este tema. Pero aparte del asalto al funcionamiento de la Justicia, queda por analizar cómo afronta estos hechos, tan probados como que están grabados, un partido político al que -junto con los demás partidos políticos- nuestra Constitución encomienda en su artículo 6 ser “instrumento fundamental para la participación política”.

El Partido Popular, recurriendo a una muletilla que ya conocemos, nos dice que éstos son hechos del pasado, y que las personas implicadas ya no ostentan puestos de dirección en el partido. Pasando interesadamente por alto dos cosas: una, que la Historia es un devenir continuo, y que el presente en buena parte está constituido por la herencia del pasado; y otra -muy importante- que tanto María Dolores de Cospedal como Esperanza Aguirre, siguen militando en el Partido Popular, y son referentes públicos de esa formación.

El Alberto Núñez Feijóo que asume la presidencia del Partido Popular no puede escurrir el hombro ante hechos tan palmarios. Tiene obligación (y no sólo ante sus militantes, sino ante todos los ciudadanos, porque todos financiamos su partido con los impuestos) de pronunciarse sobre los hechos, dejando clara su posición. Y si los considera reprobables, lo más normal es que abra un expediente a las dos militantes aludidas, para determinar su posible expulsión.

Y si no lo hace es que está asumiendo como propia esa herencia del pasado, y dará la impresión de que está dejando la vía abierta para llegar algún día -igual que hicieron ellas- a pedirle al Caronte Villarejo que le transporte en su barca por las turbias aguas de la española Laguna Estigia de la irregularidad democrática.

Una pregunta para Feijóo: ¿qué hacen todavía en el PP Cospedal y Aguirre?