Miremos a la luna y no al dedo que la señala. La filtración orquestada por El Mundo y el Confidencial de un espionaje detectivesco de Casado a Ayuso, aunque tenga que ver con el pulso de ambos por Madrid, se produce en el momento en el que el Partido Popular tiene que decidir si gobierna en Castilla y León con Vox, o se decide por el clavo ardiendo democrático que les ofrecía el martes y el miércoles -en sendas sedes parlamentarias- Pedro Sánchez.
Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez (muy probablemente orientados por Aznar) han intentado atajar las dudas de Mañueco, simplificando los hechos. En medio de la crisis generada, al PP lo han puesto en la situación de no poder permitirse nuevas elecciones en Castilla y León -a las que tendría que ir cargado de incertidumbres y disensiones-, y de no poder ni siquiera considerar la alternativa de un cordón democrático frente a la ultraderecha en España: tener que meterse en un debate complejo, que obligaría a cambios traumáticos para algunos no es lo que la crisis actualmente diseñada le permite.
Ahora ya está claro que Vox gobernará en Castilla y León, entre o no en el gobierno, porque en medio de una crisis de diseño como la actual, cualquier intento de debatir otras alternativas estratégicas agravaría la crisis con resultados imprevisibles.
Hay quienes piensan que en este diseño estaría incluso previsto un congreso final de refundación de las derechas en el que PP y Vox volverían a fusionarse, y hay quienes piensan que no haría falta ni congreso
Pero el diseño de esa crisis está aún mejor estructurado: si el despiadado conflicto abierto desembocara en la expulsión de Ayuso, el resultado sería precipitar un proceso que es el que previsiblemente se está propiciando: Ayuso, fuera del PP, se enrocaría en Madrid, junto con Vox, y abriría un camino de máxima aproximación PP-Vox, en el que el PP de Castilla y León y el de Andalucía se verían obligados a elegir. Y en esa elección, lo que menos incertidumbres le crearía sería optar por el mismo camino: Vox. Detrás vendrían otros, con toda certeza. En esta opción cabe también un camino menos abrupto: Ayuso heredada por los ayusistas, con el mismo resultado de acercamiento a Vox (más si cabe), permitiendo, mientras se sustancia el recurso de Ayuso, toda una acción más sosegada de ir acopiando fuerzas y seguidores en el resto de España.
Hay quienes piensan que en este diseño estaría incluso previsto un congreso final de refundación de las derechas en el que PP y Vox volverían a fusionarse (no olvidemos de dónde salió Vox), y hay quienes piensan que no haría falta ni congreso. A Moreno Bonilla, por ejemplo, que es quien primero ha de enfrentarse a unas elecciones, si Mañueco, que tiene un mes para decidir, se entrega a Vox, la única alternativa que le quedaría sería si entregarse antes o después de las elecciones. Y tal vez correr el riesgo de perder las elecciones lo coloca en una posición más débil a la hora de negociar la entrega.
Feijóo, como siempre, ha jugado por ahora la baza de la aparente equidistancia, a la espera de que se desgasten a la vez Casado y Ayuso. Aunque tal vez esté barajando la posibilidad de seguir enrocándose en Galicia, porque, por hache o por be, nunca encuentra la correlación de fuerzas propicia para atreverse a disputar el liderazgo de un PP que cada vez va teniendo el camino más incierto.
Mientras tanto, Génova y Ayuso siguen con un pulso, que según avanza el tiempo se revela como más ruin. Por una parte, Casado y su equipo niegan el espionaje, mientras el tal Carromero, presumiblemente pieza clave de tal iniciativa, y mano derecha de Martínez Almeida, dimite de su puesto en el ayuntamiento de Madrid, pocas horas después de que Almeida negara haber utilizado a dicho ayuntamiento para espiar. Por otra, la empresa de detectives parece confirmar que hubo solicitud de espionaje.
Y por otra, lo que ambas partes en litigio dan por supuesto es que hubo un contrato sin concurso alguno adjudicado por el gobierno de Ayuso a una empresa no especializada, propiedad de un amigo personal de Ayuso y de su hermano. Contrato por el que ambas partes coinciden en que el hermano de Ayuso cobró comisiones, aunque cobrar comisiones por el contrato, directo o no, de una Administración pública carece de sentido, a no ser que haya existido un manejo ilegal de influencias.
Hay tres frases muy significativas pronunciadas el jueves públicamente por Ayuso:
- “Él [su hermano] me dijo que era para traer mascarillas cuando no había mascarillas en España”.
- “Sí sé que está la comisión, pero no sé la cantidad”. Génova habla de 283.000 euros, por cierto.
- “Estamos en un momento trascendental para España”.
Y todo esto subrayado por una defensa de la honorabilidad de lo más sagrado: su familia que, en su caso, ya escamoteó un piso a Avalmadrid, compañía de garantías recíprocas creada en el ámbito y por iniciativa de la Comunidad de Madrid.
En la primera afirmación, por una parte, se desmiente a sí misma, que en su primera comparecencia afirmó taxativamente que ni ella ni su gobierno sabían nada de una adjudicación a su amigo de la infancia; y por otra, sí parece haber habido una mediación de su hermano: o sea, influencias.
En la segunda afirmación, reconoce la existencia de comisiones. La cantidad es lo de manos. Aunque anteriormente hubiera afirmado que eran comisiones legales porque estaban liquidadas con Hacienda. Cualquiera puede facturar por cualquier otro concepto dinero percibido por contrabando (por poner un ejemplo), y pagar a Hacienda por esa percepción. Pero eso no blanquea la acción ilegal. Ahí demuestra Ayuso una gran confusión mental, o un intento de confundirnos a los demás.
Y en la tercera frase, tal vez esté mostrando las intenciones que existen detrás de todo el embrollo: aprovechar ese momento “trascendental para España” para buscar una alternativa -desde mi punto de vista nada confesable ni beneficiosa para España- a la sangría del PP, dando un paso definitivo hacia la ultraderecha.
Mientras, Casado y su equipo, parecen no tener una visión estratégica de la jugada, y siguen enzarzados, con palabras cada vez más gruesas e irreversibles, en una batalla local por el control de su organización en Madrid. En lugar de tomar una decisión valiente, primero de cortar con la continuada corrupción de su partido, y segundo de perfilar un partido de derechas, o de centro-derecha, como gustan indebidamente definirse, claramente circunscrito al marco democrático de nuestro Estado de Derecho, a nuestra pertenencia a la Unión Europea, y ajeno a la utilización de los mismos tópicos que la ultraderecha, invadidos de la invocación de retrógradas y simplistas invocaciones a un pasado pre-constitucional y a un concepto antidemocrático de España.
Y no me gustaría terminar sin formular una pregunta: ¿cómo se posicionan ante todo esto nuestros banqueros y demás poderes fácticos? ¿Esos que en su momento jugaron a la alternativa de un Rivera salvador, andarán ahora propiciando las bazas que -aparentemente indiferente a todo este embrollo- está jugando Abascal?
