Celebrada la votación en el Congreso en este 16 de noviembre para elegir al presidente de Gobierno de acuerdo con la Constitución lo será de nuevo Pedro Sánchez, mal que les pese al PP, a Vox y, probablemente, al rey Felipe VI. Al presidente del PP no le dieron los votos en el Congreso a resultas de las elecciones democráticas del 23 de julio, pero al secretario del PSOE sí, y por 179 escaños frente a 171 del de momento líder oficial -valga el oximorón- del PP. En el momento que esto escribo el nombramiento de presidente de Gobierno ya ha sido ratificado por el jefe del Estado y falta que el Sr. Sánchez nombre los ministros, sobre los cuales ya están haciendo los medios de comunicación quinielas que luego aciertan poco. Lo notable de la situación respecto a los dos gobiernos de coalición anteriores es la exacerbación verbal golpista del PP. Por un lado, Vox ya se ha desnudado, se ha quitado la careta de su patriotismo constitucional de guardarropía y apuesta y jalea un golpe de Estado. El problema es que el PP se ha quedado con la verbalización golpista, dando la razón a Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuando dice aquello de que la historia se repite una vez como tragedia y otra como farsa, esta vez y a la vez como ridícula arenga al golpe (Vox) y como farsa mímesis (PP). Pero por muchos que sean los que lo deseen -de acuerdo con las palabras del falangista tardío Aznar-, sean jueces y fiscales reaccionarios, prensa mediática (ABC, El Mundo, La Razón), militares retirados, etc., esta vez no estamos en el siglo de los pronunciamientos para acabar con la democracia (siglo XIX); ni siquiera estamos en el final de una dictadura como la franquista. Por contra, estamos en la UE, en la OTAN, en el siglo XXI, en el mundo de internet y las redes, en You Tube y Netflix, etc. No parece, además, que al posible golpe de Estado se puedan sumar de verdad los miles y miles de cargos del PP en ayuntamientos, diputaciones, cabildos, Comunidades, etc., poniendo en peligro sus puestos bien retribuidos por la incertidumbre de una intentona. Recordemos que ya se intentó un golpe de Estado -fueron varios non natos- o de Gobierno en 1981 por Tejero, Milans del Bosch, Armada, etc., y el resultado fue que se mantuvo la Constitución -con ayuda de la mayor manifestación jamás hecha en este país- y, al año siguiente, el PSOE obtuvo la mayor mayoría absoluta de la historia democrática con 202 diputados en el Congreso. Por ello los intentos golpistas con más o menos convencimiento de la triple A -Aznar, Ayuso, Abascal- no parece que pueda prosperar. Por otro lado, y a medida que se forme gobierno y se vayan publicando las nuevas leyes en el BOE, gran parte de los ciudadanos que se manifiestan en contra de la amnistía -lo cual no significa que estén necesariamente a favor de un gobierno PP-Vox- se desinflarán porque se irán dando cuenta que ni se rompe España ni la democracia se para.
Lo que sí ocurre es que se abre un tiempo nuevo y el gobierno que se forme tendrá que demostrar que es, por un lado, de izquierdas en los hechos, y, por otro, que aborda algunos de los problemas que están soterrados o aparcados en estos años. El primero de ellos es mejorar las condiciones laborales de los asalariados como son la subida del salarios mínimos hasta llegar al 60% del salario medio (Carta Europea) y la bajada de las horas de trabajo mensuales. Las promesas están hechas, pero hay que cumplirlas. Es verdad que contarán con la oposición de la patronal, razón por la cual no será posible eso que se llama ingenuamente “negociación de los agentes sociales”, como si estos agentes operaran en condiciones de igualdad, como si todos tuvieran las mismas armas jurídicas y posibilidades económicas. Ahora no será posible ni se podrá esperar a la negociación. Hay otras medidas laborales pero estas dos son imprescindibles para que Sumar forme parte del Gobierno. Se anuncia también la reforma del Estatuto de los Trabajadores pero, por sí solo, esta supuesta reforma no garantiza mejoras para los asalariados. Esperemos que sí lo sea porque carecería de sentido meterse en ese fregado para que la parte débil -los asalariados- pierdan posiciones. Con ello, además, se podrá arrebatar al PP y a Vox una parte de los votos de los asalariados que recalan -por increíble que parezca- en estos dos partidos. La segunda pata de las nuevas tareas son los temas fiscales y autonómicos, que ambos están en enlodado maridaje. No es posible seguir manteniendo un sistema de impuestos que permite el dumping fiscal, cosa que ya practican de forma generalizada el PP en las Comunidades donde gobiernan. Hay que reformar todos los impuestos cedidos y compartidos, como son los de Sucesiones, Patrimonio e IRPF (tramo autonómico). En este punto hay dos posibles soluciones. Una es fácil, no tiene dificultades técnicas aunque sí políticas. La solución sería anular las posibilidades de que las Comunidades puedan bonificar tramos autonómicos (IRPF) o eliminar en la práctica los impuestos de Sucesiones y Patrimonio. El caso que lo hecho por el Gobierno la pasada legislatura creando un impuesto sobre las grandes fortunas, siendo deducible en el mismo los que queden sobre el de Patrimonio, está dando resultado. Tal es así que las Comunidades de Madrid y de Andalucía han reculado y quieren de forma vergonzosa volver a imponer esos impuestos en vista de que perdían la recaudación y se la llevaba la Administración Central del Estado. Por tanto, quedaría una reforma para que los impuestos sobre el Patrimonio e IRPF no fueran bonificables a gusto de la práctica del dumping del PP y se invirtiera la cuestión, de tal forma que estos impuestos ¡sólo pudieran verse aumentados su tipo impositivo por parte de las Comunidades sin posibilidad de bonificación por parte de éstas! La otra manera de abordar el tema fiscal sería asignar uno de los dos grandes impuestos -IRPF e IVA- entre las Comunidades y la Administración Central, dejando el resto para asignarlos de tal forma que se mantenga más o menos la actual asignación entre estos entes estatales. Además, se entregaría la gestión del transferido a las Comunidades una vez decidido cuál de estos dos grandes impuestos ha recalado en ellas. Con ello se resolvería la diversidad fiscal entre algunas Comunidades de tal forma que todas tendrían “el cupo vasco” o similar. Esta es una tarea más difícil incluso que la anterior, porque habrá Comunidades que se contentarán con los traspasos de gestión y recaudación siempre que sea un privilegio. Dicho de otra forma, la mejor y última solución serían ir a una federalización fiscal, lo cual llevaría también a una federalización del gasto hasta que los españoles aprendan a responsabilizar a los entes estatales en función de sus competencias, y no en función de la ignorancia de los sujetos pasivos de los impuestos, es decir, de todos nosotros. Vamos, como ocurre en Alemania o en USA. Y con el esqueleto federal que sería el sistema fiscal y de gasto entraríamos en una España federal con todas las consecuencias, y no como ahora que nos hemos quedado en mitad del puente entre la federal y la centralista. Y no hay marcha atrás porque políticamente no es viable la recentralización del sistema fiscal. Eso sí, lo que no se puede hacer lo mismo con el sistema de pensiones, que debe seguir estando los derechos de los pensionistas y sus cuantías en manos de la Administración Central aun cuando se pueda ceder la mera gestión.
La economía marcha bien en términos macroeconómicos, con registros nunca vistos en cotizantes, cotizaciones e ingresos a la SS y el derivado de los impuestos, inflación contenida, pero sin descuidos, empleo récord, pero con el problema de los fijos discontinuos y crecimiento del PIB por encima de casi todos los países de la UE. Es verdad que la deuda ha aumentado, pero como también lo ha hecho el propio PIB, el resultado es que hay margen para una lenta disminución relativa de ella. Y eso debe ser así porque estamos al límite de lo razonable en intereses de la deuda. En cuanto al déficit no debiera haber problema si no fuera porque la UE marca ese absurdo 3% de máximo, lo cual demuestra lo desafortunado de la legislación comunitaria y sus directivas en este aspecto. Lo que marca la solvencia de un estado no son ni el déficit ni el monto en términos absolutos de la deuda, sino el porcentaje de gasto en términos de PIB que hay que dedicar a los intereses de la misma, pero es de esperar que algún día se den cuenta.
En cuanto a la posible estabilidad del futuro gobierno toda la violencia golpista verbal del PP la facilita porque anula cualquier alternativa posible. También el fracaso de las llamadas golpistas de Vox lo afianzarán porque aún se ve más aterradora la alternativa PP-Vox. Y todo ello facilita que las reivindicaciones nacionalistas en lo social -posible retrocesos- o económicas en los dos partidos nacionalistas de este ámbito queden en un segundo plano ante la amenaza terrible del dúo estatal de la derecha. Si el nuevo gobierno de coalición lo intenta todo en los social y no puede por mor de la oposición de Junts y PNV no tiene más que hacer explícita esa imposibilidad, es decir, dejar el relato en relieve de la culpabilidad con luz y taquígrafos. Y acabo.
