1.- El marco con el que Puigdemont aborda el desafío político que tiene ante sí no es el de una negociación de investidura del presidente del gobierno español. Por el contrario, su figura personal, que él mismo caracteriza como la de un Presidente en el exilio, pretende ser la mejor expresión simbólica de una nación colonizada que negocia sobre las condiciones in progress para conseguir su independencia del Estado colonizador. Algo parecido a lo que fue el proceso de independencia de Irlanda respecto al Reino Unido, con avances y estancamientos, pero siempre con el horizonte de la plena emancipación. En este momento, la ventana de oportunidad que le brinda su rol decisivo para la investidura del presidente del gobierno español hace de la negociación específica para esta investidura una coyuntura de la que beneficiarse, un resquicio táctico por el que colarse, pero solo para seguir avanzando en la guerra de movimientos (el “llarg procès”) que, como renovada estrategia, ahora libra contra el Estado español, al dar por fracasado el choque de trenes y por finiquitada la guerra de posiciones cuyo punto culminante fueron los sucesos de octubre de 2017 (el “procès curt”).
Si Puigdemont consigue alcanzar algún logro sustantivo que pueda ser asimilado como otro paso adelante en el “llarg procès” (amnistía, autodeterminación, etc, con gran valor político y simbólico como avales de la legitimidad de su liderazgo en la lucha contra el Estado colonizador), dará la investidura a Sánchez y tomará nuevo impulso para una nueva etapa. Si no consiguiera estos objetivos, pero aun así asintiera a la investidura, su legitimidad se hundiría ante la base social que le respalda, por cuanto habría transitado del marco de la independencia al de la gobernabilidad del Estado. Una derrota y un viraje en toda regla inaceptable para el independentismo irredento. Cabe a su vez que Puigdemont rechace el apoyo a Sánchez si este último no cediera ante pretensiones de calado. Puigdemont lo justificaría como acto de coherencia con el marco de la liberación nacional, lo que le seguiría aportando legitimidad ante los suyos. En su contra una decisión como esa le haría cargar con el peso de la responsabilidad de la repetición electoral y podría acarrear un posible efecto de crecimiento o consolidación del apoyo al PSOE, sobre todo en Cataluña, ya que este partido haría una nueva llamada al voto útil y de alerta ante el peligro de un gobierno de coalición PP-Vox. Esto, a su vez, podría perjudicar las expectativas electorales del PP, todavía no recuperado del golpe del 23-J. En todo caso, el único escenario que parece factible para que Puigdemont apoye la investidura es que el PSOE acepte en primer término la amnistía y la autodeterminación, o algo que se le parezca mucho, y en consecuencia el marco de la legitimidad de la lucha por la emancipación nacional, así como la interlocución privilegiada con el Gobierno del propio Puigdemont, para dar paso sin solución de continuidad, tras la investidura, a nuevas decisiones sobre bilateralidad y desvinculación de la caja común.
El único escenario que parece factible para que Puigdemont apoye la investidura es que el PSOE acepte la amnistía y la autodeterminación, o algo que se le parezca mucho
2.- En el caso de que el PSOE hiciera concesiones sustanciales concordantes con el marco de liberación nacional que se expresa en el Puigdemont President en el exilio, Sánchez podría conseguir la investidura. Pero ello no sería más que un cierre en falso del problema. Por un lado, respaldaría la legitimidad del marco de Puigdemont, lo que tendría para el PSOE un significado de claudicación ideológica, y además lanzaría un mensaje de derrota ante al menos una parte de su electorado. Por otro, quedaría amarrado a un contexto de permanente negociación y conflicto a lo largo de la legislatura, haciendo frente a las nuevas pretensiones que irían jalonando los períodos de sesiones, no solo desde el lado de Puigdemont sino también del resto de aliados nacionalistas y de SUMAR. Sin olvidar el continuo “chicken game” de Junts con una ERC que se aprestaría a subir la puja en cada ocasión. Financiación, representación internacional, lengua, bilateralismo estructural, símbolos del Estado, etc.
Una decisión de esta naturaleza por parte del PSOE supone un potente incentivo para que Puigdemont persista en la estrategia de guerra de movimientos, pondría muy a la defensiva al PSOE y daría más capacidad de presión a SUMAR, que parece buscar su supervivencia como actor de gobierno con una ambigua aceptación del marco independentista, competiendo así en el espacio electoral de los movimientos soberanistas en Galicia, Comunidad Autónoma Vasca y Cataluña. Sería una legislatura inestable y muy difícil que llegara al final del mandato, más bien lo contrario. En paralelo, ofrecería oportunidades al PP para el despegue definitivo que este partido necesita (cuestión distinta es que sepa aprovecharlas). En consecuencia, parece que el mejor escenario para el PSOE sería el de la repetición electoral si damos por buena la premisa de que Puigdemont no va a ceder en lo fundamental, y no arriesgará ni está dispuesto a pasar del marco de la negociación nacional al de la negociación del gobierno.
SUMAR parece buscar su supervivencia como actor de gobierno con una ambigua aceptación del marco independentista, competiendo así en el espacio electoral de los movimientos soberanistas
3.- La propia negociación, y la forma y fases en las que se materialice, dará pistas sobre el marco que se vaya a imponer. Cada paso será crucial porque si estos se dan en falso las estrategias, una u otra, se desbaratarán por completo. Ni un solo momento es secundario, en cada paso se juega todo. La amnistía debe cerrarse antes de la investidura, porque Puigdemont no puede permitirse un primer error. Si se difiere a un momento posterior significará arriesgar su alcance, contenido y significado a una reinterpretación por parte del Gobierno y a una nueva dinámica de acuerdos para conseguirla, lo que significaría un retroceso en la lógica de la negociación nacional. Si lo consigue, habrá otras pruebas previas a la votación, en el mismo sentido, como la firma de un documento formal que habría de ser suscrito entre lo que pudiera entenderse como “representación del Estado español” y el gobierno catalán en el exilio. Y así sucesivamente. Para el PSOE, por su parte, la aprobación de una ley de amnistía antes de la votación de investidura sería la constatación de un “desbordamiento constitucional” que alentaría la desafección de al menos una parte de su base electoral y le sometería a mayor tensión, con una deriva muy incierta hacia una crisis institucional de fondo. Y esta tendencia al desgaste político probablemente sería más aguda con cada paso que implicara una cesión hacia la estrategia de negociación nacional, más allá incluso de la investidura de Pedro Sánchez, en el supuesto de que finalmente esta se produjera. No hay, por tanto, juego de suma cero general, porque si se impone la lógica de la negociación nacional, el proceso sólo se cerraría, hipotéticamente, con la independencia, ni siquiera en una fase confederal intermedia. No se aprecian incentivos para el acuerdo racional, porque este es imposible dentro de la lógica de la negociación nacional, y el tránsito a la lógica de la negociación de gobierno implicaría un viraje en Puigdemont del que no hay por el momento ninguna evidencia. Pero esta aparente intransigencia de Puigdemont también es una prueba de su limitación, lo que el PSOE podría utilizar, creo yo que en beneficio del país, para mantenerse en la dinámica de negociación del gobierno. Sin miedo a nuevas elecciones.
