jueves 05.12.2019
MAREA BLANCA ANDALUZA

Un nuevo paso en la privatización de la sanidad pública andaluza

El Gobierno andaluz pretende eliminar la exclusividad de los profesionales y cargos intermedios de la sanidad pública.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno durante una visita al hospital granadino de Loja.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno durante una visita al hospital granadino de Loja.

El actual gobierno andaluz, integrado por el Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de VOXpretende eliminar el concepto de exclusividad para el trabajo de los profesionales sanitarios en el Sistema Andaluz de Salud (SAS), específicamente de los facultativos y cargos intermedios. Hasta ahora, mediante este concepto se premiaba a los profesionales que decidieran trabajar “exclusivamente” en la Sanidad Pública (aproximadamente el 87% de los facultativos de los hospitales y la casi totalidad de los de Atención Primaria), mediante la percepción de un incentivo económico denominado “incentivo de exclusividad”. Los nuevos dirigentes políticos quieren eliminar el concepto y extender este incentivo, modificando su denominación, a todos los facultativos, incluidos aquellos que además de trabajar en el Sistema Andaluz de Salud lo hacen también en el sector privado. Esta decisión, que el gobierno explica como una cuestión de justicia, parece más bien deberse a la actual necesidad de mano de obra (médicos) para un sector sanitario privado en expansión. Hay que señalar que este sector padece de sequía de profesionales debido a las deficientes condiciones de trabajo y bajos salarios que ofrece. Al eliminar el concepto de exclusividad y extender el incentivo económico a todos los facultativos, se elimina un factor de persuasión a favor de la pertenencia única a la Sanidad Pública y se favorece el posible paso al sector privado de un mayor número de facultativos. Sea como fuere, esta medida del presente gobierno andaluz, que supondría un gasto adicional de cuarenta millones de euros sobre el ya menguado presupuesto sanitario público, acarreará problemas importantes para los trabajadores sanitarios y para la sociedad, por las razones que se exponen a continuación.

La supresión del concepto de exclusividad es una medida errónea y perjudicial para los trabajadores sanitarios en general y para la ciudadanía

  • Para justificar dicha medida se aduce el principio de que a “a igual trabajo, igual salario” (los médicos del Sistema Andaluz de Salud que comparten ambos sectores y los que trabajan exclusivamente para la Sanidad Pública tienen el mismo horario). A pesar de la aparente obviedad de este principio, hay que tener en cuenta que la doctrina del Tribunal Supremo viene señalando de forma inequívoca que la exigencia de “exclusividad” a un trabajador por su empresa requiere compensación económica. Pero, además, un análisis detallado de la aplicabilidad de este principio en este caso plantea un buen número de interrogantes: ¿puede un médico trabajar a pleno rendimiento con dos jornadas laborales diarias? ¿existe un riesgo de que en una de esas jornadas se trabaje con menor intensidad para así reservarse para la siguiente? ¿existe el riesgo de que sea la jornada de trabajo público la de menor compromiso? ¿existe el riesgo de perversiones en esta dinámica, aprovechando la Sanidad Pública como lugar de reclutamiento de pacientes para la actividad privada? ¿existe el riesgo de parasitismo, es decir, utilización de la Sanidad Pública para los análisis, las exploraciones complementarias y las medicaciones costosas necesarias en la práctica privada? ¿y dado que hay pacientes y médicos que comparten ambos sistemas, existe el riesgo de que el profesional pueda adelantar en las listas de espera públicas a su paciente privado? ¿éste sistema de doble trabajo (doble fidelidad), no exigiría de la administración del Sistema Andaluz de Salud la implantación de sistemas de control difíciles y costosos para evitar posibles irregularidades? Si las respuestas a estos interrogantes fueran afirmativas, sería razonable preguntarse: ¿por qué la sociedad, que es quien financia el sistema, tiene que asumir dichos riesgos? ¿los asumen las entidades privadas? ¿se puede trabajar en dos entidades privadas simultáneamente? ¿pueden los trabajadores de Coca Cola trabajar además en Pepsi Cola? Es seguro que hay facultativos que hacen trabajo compartido de forma honesta, pero no cabe duda de que existen conflictos de intereses y un alto porcentaje de probabilidad de perversiones. Muchas de las situaciones perversas comentadas previamente han acaecido repetidamente en la historia real, no se trata de opiniones.
  • Hay aspectos legales implicados con esta medida que no se pueden soslayar, máxime si se piensa que con ella, se abre la posibilidad de que un número cuantioso de profesionales compartan la actividad pública y privada. En primer lugar se pueden plantear situaciones de vulneración del sistema de incompatibilidades legal, ya que sería frecuente el caso de facultativos que cobran dos salarios de la misma administración, uno directo (Sanidad Pública) y otro indirecto (sanidad privada concertada). ¿Es esto legal? En segundo lugar se plantea un problema de orden funcional, ya que si un facultativo trabaja dos jornadas laborales diarias, se podría alcanzar una situación de exceso de fatiga laboral, que en ciertos casos está prohibida por la ley, como por ejemplo ocurre con los conductores. ¿Puede este principio ser aplicable a un médico?  Además, el doble trabajo podría plantear graves problemas funcionales en la Sanidad Pública si, como se pretende, un número significativo de facultativos optaran por la actividad compartida. ¿Podrá la actividad funcional de nuestros centros públicos soportar el exceso de fatiga que supone estas dobles jornadas? En tercer lugar, el cambio de nombre del incentivo de exclusividad que ineludiblemente ocurriría al eliminar el concepto conservando el incentivo económico, generaría problemas entre distintos colectivos de trabajadores sanitarios, ya que el único grupo beneficiado sería el reducido número de facultativos que actualmente realizan actividad compartida en el sector público y en el privado, que ahora pasarían a percibir un incentivo que antes no recibían. Tanto la mayoría de los facultativos, pero sobretodo el resto del personal sanitario (enfermería, etc.), se sentirían discriminados por esta medida.
  • Es sabido que el sentimiento de pertenencia  a una colectividad laboral es un factor de estímulo para el desarrollo de cualquier trabajo. Las empresas privadas lo promueven e inducen de forma intensa entre sus trabajadores. Este sentimiento en el sector público, y de forma especial en la Sanidad Pública, se convierte en un factor socialmente esencial, adquiere una clara dimensión moral y ética: se trata de asumir la responsabilidad de cuidar la salud de todos los ciudadanos por igual. En este sentido cabe preguntarse si una medida como esta no afecta de forma disolvente este principio de gran trascendencia para todos. ¿no debiera incentivarse el valor de pertenencia de los trabajadores a la Sanidad Pública, de la misma forma que lo hacen las empresas privadas, y por motivos más elevados?  Y de nuevo, ¿permitiría la SEAT que sus ingenieros compartieran sus principios, valores y trabajo con los de la RENAULT?
  • Especial gravedad reviste la intención del actual gobierno de suprimir el concepto de exclusividad para los cargos intermedios de los centros sanitarios públicos, como queda recogido en el borrador del decreto que regula la selección de estos cargos, que pretenden aprobar. Hay que especificar que estos cargos tienen capacidad de gestión sobre listas de espera públicas y sobre posibles desvíos de pacientes a centros privados, con las repercusiones económicas consiguientes para los agentes privados seleccionados. El hecho de que estos directivos puedan participar simultáneamente en ámbitos de decisión en la esfera pública y privada, podría eventualmente dar lugar a situaciones de colusión y conflictos de intereses de todo punto desaconsejables. Teniendo en cuenta estos hechos ¿es legal suprimir el concepto de exclusividad para estos cargos?

La Sanidad Pública es uno de los elementos más importantes para el mantenimiento de la cohesión social en España, habiendo alcanzado un nivel de desarrollo y calidad incuestionables que la ha convertido en una de las mejores del mundo. Mediante el sistema MIR (Médicos Internos y Residentes) ha generado y financiado un modelo formativo de facultativos especialistas de alta cualificación. Desde 2010, fecha del rescate bancario, la Sanidad Pública afronta recortes constantes en sus presupuestos, lo que está provocando un preocupante deterioro progresivo de sus funciones. En Andalucía, que viene padeciendo el gasto sanitario público por persona más bajo de España, este año, los recortes en dicho gasto se pueden estimar en 500 millones de euros, sumándose a los más de 8000 millones de euros recortados en la última década. En este contexto,  la supresión del concepto de exclusividad para los facultativos y cargos intermedios que trabajan en la Sanidad Pública no puede interpretarse en ningún sentido positivo. Más bien parece que los actuales dirigentes pretendan no corregir el deterioro de la Sanidad Pública y, sin embargo, apoyar en lo que puedan al sector privado, en este caso favoreciendo la incorporación al mismo de facultativos costosamente formados en el sector público y fomentando la posible participación en la gestión del sector público por los intereses del sector privado. 

Por todo lo anterior, la supresión del concepto de exclusividad es una medida errónea y perjudicial para los trabajadores sanitarios en general y para la ciudadanía. 

Pero no podemos ni debemos ser ingenuos. Si dejamos la puerta entreabierta del gallinero, el zorro terminará entrando, más pronto que tarde. El centro de este debate no es el de un complemento de exclusividad sino la aplicación por ley de una incompatibilidad en el ejercicio profesional sanitario entre el sector público y privado. Las razones son las mencionadas en este documento pero además están basadas en la experiencia de años con resultados muy perjudiciales para el Sistema Sanitario Público y muy beneficioso para la sanidad privada. Formar a profesionales sanitarios públicos, convencidos, comprometidos y sin tentaciones perversas es muy conveniente para que la ciudadanía reciba la mejor atención posible.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública lo lleva reivindicando desde hace decenios. Es una buena oportunidad para retomar la cuestión. Todo hasta conseguirlo. Ojalá sea así.  


José Antonio Brieva Romero y Sebastián Martín Recio | Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas
Antonio Vergara de Campos| Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública Andalucía

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