Lo fundamental de una medicina es su principio activo y no su marca
Una de las cuestiones fundamentales de los partidos políticos mayoritarios, desde hace algunos años y de forma progresiva, es el asesoramiento en cuestiones de comunicación externa, o lo que es lo mismo, el marketing, como si se tratara de un artículo de mercado que necesita una publicidad, aunque sea engañosa como es habitual. En ese sentido, los asesores nos tratan como si no existiera la historia o los antecedentes. Parece como si siempre empezáramos de cero: un ejemplo es considerar un prejuicio opinar sobre las políticas que el nuevo gobierno andaluz va a desarrollar de forma más o menos subliminal, como si no conociéramos las decisiones que han tomado en las Comunidades Autónomas donde han gobernado con mayoría absoluta, es decir, donde han hecho todo lo que han deseado. Lo dramático es que esas estrategias publicitarias ¡funcionan!, parece como si estuviésemos anestesiados socialmente.
Una de las decisiones que el gobierno “tricéfalo” ha anunciado es la suspensión de la subasta de medicamentos. Existe una corriente de opinión pública, procurada y alentada desde varios sectores (todos ellos con intereses corporativos o comerciales) que ha convencido a una parte de la población de que las marcas comerciales de los medicamentos son mejores que los genéricos. Se basan en la opinión subjetiva de algunos pacientes, no en razones científicas. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Andalucía siempre ha defendido que lo fundamental de una medicina es su principio activo.
Vamos a recordar la historia que precedió a la subasta de medicamentos. Érase una vez en que los médicos tenían la “libertad” de prescribir los nombres comerciales de los medicamentos en lugar de prescribir un genérico que contenga el mismo principio activo y que esté avalado y controlado por una Agencia de Medicamentos que asegure su efectividad. La industria farmacéutica, buscando exclusivamente que su producto se venda lo más posible, acudía a toda la batería de procedimientos a su alcance (campañas en los medios de comunicación, utilización de referentes nacionales o internacionales, en muchos casos “debidamente incentivados”), para promocionar sus medicamentos, es decir, usando fórmulas de incentivos de muy diversos tipos al personal médico.
Después de diez años, los laboratorios que han comercializado un determinado medicamento, pierden su derecho de patente sobre el mismo y pueden fabricarse genéricos, con idéntico principio activo pero sin el sobrecoste de “la marca” (que llega a un 40% del coste final). Por ello, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía incentivó el uso de los genéricos (que era muy bajo) sobre las marcas comerciales, hecho que nosotros apoyamos porque suponía un ahorro importante para los presupuestos sanitarios.
Esta decisión derivó en que entonces eran las farmacias las que decidían cuál genérico dispensaban (existían varios en cada caso). Ante esto, la industria farmacéutica modificó su estrategia y decidió trabajar con los farmacéuticos y con las grandes distribuidoras de medicamentos y otra vez se origina una pugna inconveniente.
Por ello, la Consejería de Salud tomó otra decisión política (que la ADSP volvió a apoyar), como fue que los genéricos que se iban a dispensar en Andalucía se decidieran mediante una subasta pública. De esta manera el que ganaba la pugna era el que podía ofertar igual calidad al menor precio. Resultado final, el ahorro de más de doscientos millones de euros cada año. Hay que tener en cuenta que el gasto en farmacia es un gran apartado del gasto de la sanidad pública. La sostenibilidad de la sanidad pública exige una eficiencia en el gasto, y la disminución del coste en medicamentos (es el mayor del mundo) ayuda al mantenimiento de nuestro magnífico Sistema Sanitario Público.
La eliminación de la subasta de medicamentos no sólo va a encarecer el precio de la farmacia, sino que únicamente beneficiará a las grandes corporaciones y distribuidoras farmacéuticas
Los enemigos de esta subasta de medicamentos argumentan que los productos finales son de dudosa eficacia, intentando transmitir que no hacen efectos terapéuticos por no ser válidos. Sugerir esto es muy grave porque sería tanto como afirmar que las dolencias de los pacientes estarían descontroladas. No hay ningún estudio ni evidencia científica que muestre datos a favor de esta afirmación. Si así fuera, l@s profesionales nos habríamos encontrado con descompensaciones masivas en pacientes con enfermedades infecciosas, hipertensos, diabéticos, etc. No ha sido así, si hubiera ocurrido, se habrían protagonizado denuncias masivas. El paciente es el centro del sistema y la ADSP y la Marea Blanca Gaditana se lo cree.
Otra cuestión distinta es que cualquier iniciativa, como ocurre con la subasta de medicamentos, hay que acreditarla (Agencia Nacional de Medicamentos), revisarla, auditarla y adecuarla en todo momento. Su eliminación automática, como propone el nuevo gobierno de la triple derecha andaluza, no sólo va a encarecer el precio de la farmacia, sino que únicamente beneficiará a las grandes corporaciones y distribuidoras farmacéuticas. Cabe pues preguntarse si existe algún interés particular en el mencionado gobierno en tomar tan costosa medida.
Auguramos tiempos de reivindicación. Consideramos que las personas y organizaciones que defendemos la sanidad pública, que defendemos lo público, debemos trabajar de forma coordinada y enérgica. Unas de las funciones debe ser la de informar a la ciudadanía, con un vocabulario entendible para la población general, evitando tecnicismos o debates corporativos que confundan más que ayuden. Esto es lo que hemos pretendido en esta tribuna. Nos estamos jugando cuestiones fundamentales como es la Salud y la supervivencia del Sistema Sanitario Público que ha conseguido el prestigio mundial que tiene.
Firman este artículo: Lola Martínez Ruiz, José Antonio Brieva Romero, Manuel Torres Tortosa, Antonio Vergara de Campos, Médica y Médicos, ADSP Andalucía, Marea Blanca Gaditana
