La vicepresidenta de España, representando al Gobierno de la nación, vuelve a «excursionar» al Vaticano y con «emoción» intercambia distintos regalos y conversa con el papa sobre asuntos en los que el representante de la Iglesia católica no tiene nada relevante que decir al conjunto de la ciudadanía.
Dice la sra. Díaz que el papa es: «el mejor embajador del trabajo decente en el mundo», una calificación bastante chocante en una institución donde sus trabajadores y trabajadoras «consagradas» se inician a edades muy tempranas y trabajan en condiciones de pseudoesclavitud, donde la vida laboral y privada se confunden, prohibiéndoles formar sus propias familias.
Una institución donde sus trabajadores y trabajadoras «consagradas» se inician a edades muy tempranas y trabajan en condiciones de pseudoesclavitud
Sus declaraciones y actitud hacia el representante de una teocracia más parecen de una groupie-hincha que de la enviada gubernamental de un país democrático con graves conflictos en la aconfesionalidad que se plasman en privilegios antidemocráticos que ni siquiera se han mencionado y podrían resumirse en:
• Derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede.
• La Iglesia católica se debe autofinanciar y pagar impuestos.
• La religión debe salir del currículo y de la escuela.
• El escándalo monumental de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.
• La pederastia en el seno de la Iglesia española.
Que la vicepresidenta visite el Vaticano a conversar y deje de tratar los graves privilegios mantenidos desde la dictadura católica parece una broma pesada
Que la vicepresidenta visite el Vaticano a conversar informalmente de asuntos que no le competen y deje de tratar los graves privilegios mantenidos desde la dictadura católica parece una broma pesada y una muestra más de la nula intención gubernamental de darles solución con legitimidad y responsabilidad.
Europa Laica, desde su defensa de una laicidad del Estado, que no entiende de creencias particulares sino de simple democracia y defensa de lo público, denuncia el encuentro con el responsable de una organización absolutista y machista como una casposa operación de imagen, contraria a los intereses generales, y exige que el Gobierno de España cumpla con la aconfesionalidad del Estado que proclama la Constitución.
