CCOO y UGT muestran su “sorpresa” ante el anuncio realizado por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, de que la reforma del sistema de protección por desempleo comprometida por Bruselas se aprobará “en las próximas semanas” y se centrará en “potenciar el acuerdo de actividad que todos los desempleados hacen con los servicios públicos de empleo para que se acepten las ofertas de trabajo”.
Las palabras del número dos de la ministra Nadia Calviño no han gustado a las organizaciones sindicales por cuanto ponen en duda la “honradez” de las personas beneficiarias de los subsidios y estar orientadas a “reforzar el compromiso de los parados para que busquen y acepten un empleo”.
En un comunicado, ambos sindicatos han querido dejar claro que “queda fuera de toda duda que ante un empleo digno, que se ajuste a la normativa laboral, ninguna persona optaría por malvivir con 480 euros mensuales (como máximo) y rechazaría este empleo”, al tiempo que se exigen la convocatoria urgente de la mesa de diálogo social para afrontar dicha reforma, recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y que quedó paralizada con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.
"Ninguna persona optaría por malvivir con 480 euros si se le ofrece un empleo digno"
Para CCOO y UGT, “el mayor problema” no hay que buscarlo en la supuesta negativa del parado a aceptar un empleo sino en problemas más de fondo que vienen de largo como la suficiencia de las prestaciones, los vacíos de cobertura, las personas sin prestación, especialmente personas en paro de larga y muy larga duración; así como la necesidad de mejorar los resultados de las políticas activas de empleo a las que dedica una importante cantidad de recursos pero que no están dando los resultados esperados.
La situación para muchos trabajadores se hace insostenible dada la disminución progresiva de prestaciones que tras los primeros seis meses se reduce para pasar después a convertirse en un subsidio de 480 euros, o incluso menor si se trata de un contrato a tiempo parcial.
Desde 2022, los sindicatos vienen reclamando la apertura de un proceso de diálogo y concertación social para una “revisión en profundidad” de todo el entramado de prestaciones asistenciales con distintos requisitos “que dificultan el acceso y la gestión de los mismos”.
Señalan CCOO y UGT que es necesario “simplificar” el “amplio abanico de subsidios” y facilitar los criterios de acceso para llegar a más beneficiarios. Todos estos problemas que se han mantenido en el tiempo son la principal razón de la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular, avalada por 710.000 firmas, que impulsara una prestación de Ingresos Mínimos con el objetivo de cubrir las lagunas de desatención. Una iniciativa cuya tramitación parlamentaria lleva retrasándose desde 2017.
En 2020, se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), dirigido principalmente a prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social. Sin embargo, esta prestación “no llega a dar cobertura a colectivos que quedan relegados de la protección por desempleo y que serían protegidos por la Prestación de Ingresos Mínimos de la ILP sindical”, señalan los sindicatos que abogan por una mejora de la protección social que atienda de manera pormenorizada los distintos niveles y ámbitos y manteniendo una clara diferenciación entre la protección por desempleo y aquellos subsidios vinculados a una renta mínima como es el IMV.
