viernes 03.07.2020

Eutanasia y suicidio asistido: doce días después

Concentración ante el Congreso el pasado 21  de marzo.
Concentración ante el Congreso el pasado 21 de marzo.

¿Que razones pueden justificar que se prive a una persona del derecho a decidir sobre su propia vida cuando ésta le resulta insoportable y le ocasiona enorme sufrimiento?

El pasado 21 de marzo el pleno del Congreso de los Diputados rechazó por mayoría, pudiese pasar a Comisión para ser debatida la proposición de ley orgánica presentada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la eutanasia. La negativa, incluso para poder debatir el texto, tratándose de un tema que concita un amplísimo apoyo social, me pareció sin duda un secuestro en toda regla de un debate necesario hoy en nuestro país; así lo manifesté públicamente en un artículo en este periódico indicando asimismo qué grupos en mi opinión tenían más responsabilidad en ese rechazo al debate; por una parte el grupo parlamentario Popular que votó en contra, postura coherente con su ADN fundacional poco propenso a favorecer nuevos derechos y con acciones políticas favorecedoras de la restricción de los ya existentes; por otra parte el grupo parlamentario Socialista que adoptando una postura inmovilista posibilitó con su vergonzante abstención que la proposición de ley no prosperase; indicaba también en aquel artículo que las llamadas leyes de muerte digna ya vigentes en nueve autonomías y las proposiciones presentadas por PSOE y C´s en el Congreso no servían para evitar situaciones que una vez conocidas conmueven al tejido social.

Ese pasado día 21 de marzo la Asociación Derecho a Morir Dignamente( DMD) convocó una concentración ante el Congreso de los Diputados, para tratar de sensibilizar a los representantes de la soberanía popular y pedirles permitiesen con su voto positivo mayoritario se pudiera debatir la proposición de ley sobre la eutanasia; a esa concentración acudió en su silla de ruedas José Antonio Arrabal, socio de DMD, enfermo de ELA que había manifestado de manera consciente y libre su deseo de poner fin a una vida que le resultaba insufrible.

Sólo doce días después del rechazo del Congreso de los Diputados a debatir sobre la eutanasia, José Antonio Arrabal puso fin a su vida el día 2 de abril. Se vió obligado a suicidarse en soledad y queriendo dar testimonio de la inhumanidad que ello supone, grabó en un video sus últimos momentos, ese video y sus palabras en él contenidas han abierto ayer la portada de varios diarios e incluso algún informativo de televisión y ha sido recogido en multitud de medios más. Estoy seguro que muchos ciudadanos se habrán sentido conmovidos al leer la noticia y escuchar sus palabras.

El testimonio valiente, honesto y coherente de José Antonio me hace preguntarme:¿Que razones pueden justificar que se prive a una persona del derecho a decidir sobre su propia vida cuando ésta le resulta insoportable y le ocasiona enorme sufrimiento?¿Qué poderes fácticos impiden que los representantes elegidos por los ciudadanos puedan debatir sobre asuntos de trascendencia compartidos por una amplia mayoría social? ¿Por qué algunos representantes de los ciudadanos tienen tanto recelo a ampliar derechos y libertades, si ello es consustancial a la democracia? ¿ Cuántos José Antonio, Antonio , Francisco, Carlos… más, son necesarios para que en nuestro país se pueda ejercer en libertad y de manera plena la autonomía personal?¿Serán hoy capaces, algunos de nuestros representantes políticos en el Congreso, de mirarse en el espejo sin sentir vergüenza?

Señores diputados, los errores, más aún los graves, pueden y deben ser subsanados; es posible en esta legislatura volver a presentar una proposición de ley orgánica sobre la eutanasia y ello es perfectamente compatible con aprobar un texto legislativo que garantice con carácter universal las prestaciones y derechos recogidos en las proposiciones presentadas para garantizar una muerte digna; en algún país se aprobaron al unísono y en el nuestro también podría hacerse.

Señores diputados no actúen contra una mayoría social, ninguna sanción penal por grave que sea puede borrar una realidad social; hoy el derecho a la libre disponibilidad de la propia vida ha sido asumido por la sociedad española, y se evitarán graves sufrimientos innecesarios si asumen ustedes que hay que legislar acorde a esa realidad social. No existe ningún impedimento, sólo es cuestión de voluntad política y creo sinceramente que la actual composición del Congreso permite obtener la mayoría necesaria para conseguirlo.

Eutanasia y suicidio asistido: doce días después