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El Gobierno sudafricano ha solicitado "urgentemente" a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que considere si la decisión anunciada por Israel de ampliar sus operaciones militares en Rafah, último refugio de los supervivientes en Gaza, exige que el tribunal “utilice su poder” para “impedir nuevas violaciones inminentes de los derechos de los palestinos en Gaza”.
En un comunicado publicado en la web de la Presidencia sudafricana, se recuerda que según el artículo 75(1) del Reglamento de la Corte, "la Corte podrá en cualquier momento decidir examinar motu proprio si las circunstancias del caso requieren la indicación de medidas provisionales que deban ser adoptadas".
La solicitud fue presentado este lunes y en ella, el Gobierno sudafricano manifiesta estar “gravemente preocupado” porque la ofensiva militar “sin precedentes” contra Rafah, anunciada por el Estado de Israel, “ha causado y causará un mayor número de muertos, daños y destrucción”, lo que “supondría una grave e irreparable violación de la Convención del Genocidio y de la orden emitida por el tribunal el 26 de enero”.
El pasado 26 de enero, la CIJ pedía a Israel que tomara “medidas inmediatas” para garantizar que su ejército no violara la Convención sobre Genocidio.
Lo hizo tras la denuncia presentada por Sudáfrica acusando de genocidio a las autoridades israelíes.
En su resolución, la Corte también solicitaba al gobierno de Netanyahu que permitiera la entrada de más ayuda en el enclave palestino. Sin embargo, hasta este momento, no ha ordenado a Israel que detenga sus operaciones militares.
La presidenta de la CIJ, la jueza Joan Donoghue, precisó que el tribunal ordenaba ciertas medidas provisionales porque “la situación humanitaria catastrófica en la Franja de Gaza corre el grave riesgo de empeorar antes de que el tribunal emita su fallo final”, al tiempo que instaba a Israel a presentar un informe en un mes sobre la implementación de esta orden.
A partir de esa declaración, Israel debe presentar un informe a la CIJ en un mes sobre la implementación de esta orden.
En la demanda presentada por Sudáfrica ya se pedía al máximo tribunal de justicia de la ONU “medidas provisionales” en favor de un cese de las hostilidades.
El CIJ celebrará audiencias públicas sobre la solicitud de opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, del 19 al 26 de febrero de 2024.
