Una de las definiciones más certeras del neoliberalismo que he podido conocer ha sido la de apología del egoísmo.
La ha realizado el exrector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi en diferentes entrevistas. Es una figura muy valorada en Chile, ya que tras 8 años al frente de la principal universidad pública, dejó el rectorado el pasado 17 de junio, por su independencia y su compromiso al proceso constituyente que vive su país tras la revuelta de 2019, que tiene el antecedente en la reivindicación de una enseñanza gratuita y de calidad.
Los estudiantes llevan desde 2006 en las calles, primero con la "Revolución Pingüina" a favor de una mejor educación pública y luego con las marchas de 2011. La ola de protestas del 2019, las más graves desde el fin de la dictadura (1973-1990), la detonaron los secundarios, pero enseguida se unieron los universitarios.
Nos dice Vivaldi en una entrevista realizada en la Universidad de Chile: “Por décadas hemos vivido una apología indecorosa del egoísmo; una exaltación del lucro como una motivación jamás objetable y un menosprecio por el ámbito público en educación, salud o pensiones”. Por mucho tiempo en Chile se ha dado una apología al egoísmo.
Hoy, abiertamente se defiende el interés propio, personal, de una manera manifiesta que para el chileno de unas décadas atrás es increíble. Nadie se hubiera atrevido a proclamar su propio interés sobre el del resto como se hace ahora, hoy el derecho a lucrar es prácticamente sagrado y si alguien quiere hacer un buen negocio, se considera que está en su más absoluto derecho a hacerlo y las medidas reprobatorias tienden a ser mínimas.
Esa apología al egoísmo y al individualismo viene acompañada por un cierto desdén por aquellos que no tienen una situación individual, personal, que les permita acceder a cosas elementales como salud y educación. La idea que queda es que para esa gente lo público provee algo que nadie espera que sea de la mejor calidad.
En ese contexto, no solamente es importante reivindicar lo público como una alternativa para los que no acceden a lo privado (en el Chile pre-dictadura lo público no era aquello para los pobres, era aquello que teníamos todos los chilenos por definición, a menos que quisiéramos otra cosa; a los liceos no iban los pobres, íbamos todos), sino que la idea de lo público es clave porque hay dinámicas cuya complejidad se dan en el ámbito de la sociedad en su conjunto, no en el entorno de cada individuo. La salud y la educación son un ejemplo por antonomasia.
En salud, por ejemplo, insuperable es la vacunación. A la persona más rica y egoísta le conviene que vacunen a los pobres, va en su beneficio directo que los pobres sean vacunados porque de esa manera se pueden controlar las pestes.
En el ámbito de la educación, un mínimo de razonamiento te dice que, si tú tienes un pueblo mejor educado, vas a tener un país mejor capacitado para absorber mejores tecnologías, nuevos métodos productivos; es lo que dice Fernando Mönckeberg, la importancia de tener un pueblo inteligente para vencer el subdesarrollo.
"El hecho de que tengamos un sistema público eficiente y de alta calidad nos beneficia a todos. La contribución a lo público es algo que se da en una dinámica que nos beneficia a todos y ese sentido de pertenencia es algo que debe guiar nuestra conducta. No solamente por lo ético resulta fundamental, sino que también desde lo empírico ya que si nosotros no cuidamos aquello que llamamos el bien común, vamos a salir todos perjudicados”.
Vivaldi profundiza las ideas expuestas en un artículo Universidad pública y reconstrucción del bien común, publicado en la revista Anales del Instituto de Chile Vol. XL. Estudios. Desafíos y mutaciones en la sociedad chilena de 2021. Expongo algunas de ellas.
El principal problema de la actual Constitución de 1980 y del modelo de sociedad que ella ha sustentado y al cual pretendía otorgar coherencia, es su posicionamiento en un extremo inédito del espectro ideológico. En Chile, esto fue posible porque un grupo de profesores universitarios, convencidos de ser poseedores de verdades absolutas, creyeron poder deducir de sus axiomas, los que incluían la primacía de lo individual sobre lo colectivo y de lo privado sobre lo público, a la vez que denostaban al Estado como un ente intrínsecamente ineficiente, arbitrario y prescindible cuya ausencia nadie debería echar de menos, un conjunto de razonamientos que no dudaron en aplicar al conjunto de nuestra sociedad y a cada una de las esferas.
La combinación de economistas dogmáticos, jurisconsultos fundamentalistas y gobernantes inclementes tuvo como resultado que Chile emprendiera ese viaje que hoy queremos revertir, y que lo hiciera con un ímpetu tal que ni siquiera el retorno a la democracia de 1990 pudo lograr un retorno fluido a la cordura. El origen de la historia de la relación entre académicos, principalmente economistas chilenos y extranjeros, con el gobierno dictatorial ha sido sorprendentemente poco estudiada, constituyendo una notable excepción el recientemente reeditado libro de Juan Gabriel Valdés (2020).
El extremismo consistió en empujar brutalmente las ideas que definen al liberalismo para hacerlas caer en otra cosa, a saber, en la más destemplada apología del egoísmo
El extremismo consistió en empujar brutalmente las ideas que definen al liberalismo para hacerlas caer en otra cosa, a saber, en la más destemplada apología del egoísmo. El liberalismo, en su respetabilísima versión clásica, nos habla del individuo, de sus derechos y de sus deberes, y de ciertos valores que, dicho sea de paso, todos retransmitimos a niñas, niños y jóvenes, tales como intentar primero resolver los problemas por sí mismo o tener ideas propias y mirada crítica. Pero esto poco o nada tiene que ver con el extremismo exhibido en Chile, según el cual el mundo evolucionaba hacia horizontes inéditos, en los que se configuraba una nueva versión del ser humano, ajeno a tutelajes sociales, siendo nuestro país el portaestandarte de esa transformación global. Así como las civilizaciones helénica o romana representaron grandes saltos en la historia universal, ahora parecía que nos tocaba a nosotros hacer nuestro un ideario que indicaría la dirección correcta hacia la cual la humanidad debería dirigirse.
Habríamos tenido que enseñarle al mundo lo que eran, por ejemplo, los programas para atenuar las consecuencias del paro que acompañó a la instauración del modelo económico, a saber, el PEM (Programa de Empleo Mínimo), el POJH (Programa de Ocupación para Jefes de Hogar), explicar las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), las Isapres (Instituciones de Salud Previsional), los colegios particulares subvencionados o el AFI (Aporte Fiscal Indirecto). Posteriormente, si bien con vocación distinta, aparecen el CAE (Crédito con Aval del Estado) y el arancel regulado. Voy a detenerme y explicar brevemente estos programas políticos, que son todo un paradigma del neoliberalismo.
El Programa de Empleo Mínimo (PEM) fue un plan creado por el ministro José Piñera en1974. Fue considerado como "un subempleo institucionalizado, mediante programas especiales de absorción de mano de obra." Si bien se estableció oficialmente con carácter provisional, se mantuvo prácticamente durante todo el régimen militar, desde 1974 hasta 1988. El sueldo percibido por los trabajadores era aproximadamente un tercio del salario mínimo. Los trabajadores adscritos a este programa eran desde jornaleros hasta profesionales universitarios, los cuales se inscribían en los municipios. Se trataba de obreros municipales, pero no eran considerados tales ya que "ni siquiera eran considerados trabajadores, sino personas pobres beneficiadas con un subsidio estatal contra el desempleo. No siempre tenían contrato formal, por lo que no siempre se les pagaban sus derechos previsionales (jubilación) y de salud. Debían realizar las más diversas actividades:
Construcción de plazas y jardines.
Instalación de redes de alcantarillado.
Construcción de calles y caminos.
Labores de aseo y alimentación en jardines infantiles y escuelas.
Atención de enfermos en hospitales y consultorios.
Trabajos administrativos en oficinas públicas, etc.
La productividad de estos trabajadores era aparentemente muy baja, y muchos de sus trabajos implicaban labores calificadas como absurdas e inútiles.
ElPOJH, o Programa de Ocupación para Jefes de Hogar fue un programa de empleos municipales creado en octubrede1982, destinado a satisfacer las necesidades de los trabajadores desempleados durante el régimen militar, debido a la crisis económica por la que atravesaba Chile, que elevó el desempleo a más de un 30% de la fuerza laboral. En mayo de 1983 el POJH empleó a aproximadamente 100.000 trabajadores en el área del Gran Santiago. El programa se caracterizaba por los bajísimos sueldos y por la ineficiencia y pérdida de tiempo durante las faenas, lo que era objeto de burlas y chistes en la época. Los principales trabajos a los cuales se abocaban eran: limpieza de Plazas, pintado de muros, entre otros. En1984 el POJH llegó a emplear 207,639 personas.
Las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), es un sistema de capitalización individual obligatoria en que las y los trabajadores deben depositar cada mes un porcentaje de su remuneración, sueldo o ingreso imponible en una cuenta personal en una administradora de fondos de pensiones (AFP). Esos recursos tienen como objetivo financiar la pensión futura que recibirá la persona en la etapa de retiro y, en caso de fallecimiento, una pensión de sobrevivencia para sus beneficiarias y beneficiarios. Ha sido un auténtico engaño, ya que las pensiones recibidas son ínfimas. Ejército, carabineros y policías siguieron con el sistema público de pensiones. Este tema lo abordé en un artículo anterior en este medio en 2017, La rebelión de los jubilados chilenos, un aviso para navegantes despistados, en el cual señalaba: “Según la Fundación Sol, más que para beneficiar a los cotizantes el sistema de AFP sirve para dar financiamiento barato a las grandes empresas, en las cuales las administradoras invierten mediante acciones. Según Marco Kremerman, los grupos empresariales son así subsidiados por los trabajadores y obtienen fondos a una tasa de interés más baja que la imperante en el mercado. Unos 170.000 millones de dólares contiene el cofre de las AFPs.
La mayoría de los jubilados cobran una pensión media de 270 euros, inferior al salario mínimo, que es de 346 euros
La mayoría de los jubilados cobran una pensión media de 270 euros, inferior al salario mínimo, que es de 346 euros. Solo entre el 2010 y el 2015 las AFPs duplicaron sus beneficios, ganando en conjunto 765 millones de euros el año pasado. Una comisión creada en 2014 por Michelle Bachelet para estudiar la reforma del sistema de previsión concluyó que el 79% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y el 44% están por debajo de la línea de pobreza. La Fundación Sol estima que, al jubilarse, la mitad de los trabajadores que cotizaron durante tres décadas recibirían una pensión que no superaría el 22% de su último sueldo. Importes alejados de los anunciados por Piñera, que prometió a todo trabajador una jubilación mínima del 70% de su salario.
La plaza de la Constitución de Santiago de Chile simboliza el centro de poder. Allí está el Palacio de la Moneda bombardeado por Pinochet en 1973. En esa plaza falleció de un infarto, hace dos años, Mario Enrique Cortés, de 80 años. Pinochet también bombardeó la tercera edad porque Mario murió en pleno invierno mientras trabajaba para una empresa de jardinería, como muchos ancianos chilenos obligados a seguir trabajando porque cobran pensiones misérrimas. Se levantaba a las 4 de la madrugada para llegar a tiempo a su trabajo desde la comuna de El Bosque; su trabajo iniciaba a las 6 y finalizaba a las 3 de la tarde”.
Las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) son entidades privadas que funcionan en base a un esquema de seguros, las cuales están facultados para recibir y administrar la cotización obligatoria de salud (7% de su remuneración imponible) de los trabajadores y personas, que libre e individualmente optaron por ellas en lugar del sistema de salud estatal (FONASA). A cargo de estas cotizaciones las Isapres financian prestaciones de salud y el pago de licencias médicas. Estas prestaciones de salud se otorgan mediante la contratación de servicios médicos financiados por las Isapres. Las Isapres fueron creadas en 1981 en virtud de la dictación del DFL N°3 del Ministerio de Salud y desde el año 2005 son supervisadas por la Superintendencia de Salud. Hoy otorgan servicios de financiamiento de la salud a un 19% de la población de Chile y permitieron la expansión de la actividad médica privada y el auge de la inversión en clínicas, centros médicos, laboratorios, entre otros.
Los colegios particulares subvencionados. En el contexto de una explicación sobre la privatización de la educación pública en Chile durante la dictadura, la diputada de la Convención Constitucional. Janis Meneses señaló en que “Entre 1981 y 2020 el porcentaje de matrícula privada pasó del 15% a más del 60%, cerrando cientos de escuelas públicas y abriendo cientos de escuelas privadas”.
La promesa inicial de quienes promovieron estos colegios era que producirían ofertas de mejor calidad educativa, expresada en mejores rendimientos académicos de sus alumnos. Sin embargo, a estas alturas, la evidencia acumulada en el sentido contrario es elocuente: a pesar de todas las ventajas con que cuentan, las escuelas particulares subvencionadas no logran superar en promedio a las escuelas públicas; y las que peor lo hacen son justamente las que más se han expandido con este modelo de mercado educativo, es decir, escuelas de reciente creación y con fines de lucro. ¿Por qué entonces las familias preferirían pagar por un servicio educativo que no produce mejor desempeño académico en sus hijos?
Desbaratado el argumento de la “calidad” académica, los promotores de las escuelas privadas subvencionadas han vuelto a la carga ahora con la idea de la “libertad de elegir”. Al final –según este razonamiento– lo único que importa es que las familias escojan la educación para sus hijos según sus propios criterios. ¿No es acaso esto lo que ha hecho históricamente la clase alta chilena? Entre laicos –academicistas, alternativos o de colonia– y religiosos –jesuitas u Opus Dei–, el mundo de los colegios particulares ha ofrecido una amplia gama de proyectos educativos donde elegir, elevados aranceles mediante. Pero nada equivalente a esas complejas diferenciaciones de proyectos pedagógicos y curriculares puede encontrarse entre los colegios particulares subvencionados. Y las familias con que hemos conversado lo saben: hay un abismo que separa ese mundo con el Chile “del 93% más pobre”.
Entonces, si no es por rendimiento académico ni por sofisticados proyectos educativos, ¿por qué tantas y crecientes familias de “clase media” eligen pagar por la educación de sus hijos?
Para aclararlo de entrada: no es por “error”, engaño, arribismo ni “aspiracionalismo”; tampoco por casualidad. En vez, encontramos un potente discurso social, coherente y extendido, que hace comprensible lo que de lejos (y desde la economía) hasta parece irracional. Las familias eligen establecimientos particulares subvencionados principalmente por temor a un conjunto de “peligros” que asocian con las escuelas y liceos municipales; y lo hacen fundamentalmente buscando orden y seguridad para sus hijos.
Temen más que aspiran. Más temen lo que pueda ocurrirles y que ponga en riesgo el lugar que han alcanzado, que lo que aspiran a “seguir subiendo” en la escala social. El temor es a la exposición incontrolada o desprotegida que pueda darse en la mezcla popular, de la que sin embargo son parte o vecinos.
El Aporte Fiscal Indirecto (AFI), es un aporte monetario asignado anualmente por el Estado a todas las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, reconocidos por el Ministerio de Educación como Instituciones de Educación Superior (IES), que admitan a los 27.500 mejores puntajes en la Prueba de selección universitaria de los alumnos matriculados en el primer año de estudio. Trataba de aumentar la calidad de la educación superior, a través de la competencia entre las instituciones para captar a los mejores alumnos. El ejecutivo propuso la eliminación del aporte fiscal indirecto (AFI) con el fin de ir eliminando herramientas que no tienen un efectivo potencial para promover la equidad, calidad y eficiencia del sistema de educación superior, ya que tiene un carácter altamente regresivo lo que, sumado a la evolución experimentada por otros mecanismos de financiamiento del sistema de educación superior, ratifican la decisión de terminar con este aporte. El Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, criticó el AFI, al que catalogó como “el peor arquetipo de este modelo universitario que estamos pidiendo cambiar. Se ha prestado para no permitir el crecimiento de las universidades que necesitan apoyo para crecer, porque el dinero se ha destinado a las instituciones que más tienen”. El AFI, dijo Vivaldi, “beneficia obviamente la filosofía de que el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre, en su sentido más burdamente literal”. Finalmente ha desaparecido.
El Crédito con Garantía Estatal se otorga en Unidades de Fomento (UF) con una tasa de interés fija del 2%, se asigna para todos los años que dure la carrera, incluye el seguro de desgravamen e invalidez (sin costo para el beneficiario) y no requiere un aval familiar, ni existe obligación de pago mientras dure la carrera.
Arancel Regulado. La ley establece que el Arancel Regulado deberá dar cuenta del costo de los recursos materiales y humanos que sean necesarios y razonables, de acuerdo a lo previsto en las respectivas bases técnicas, para impartir una carrera o programa de estudios de los grupos de carreras respectivos. Además, dicho arancel deberá considerar tanto los costos anuales directos e indirectos como el costo anualizado de las inversiones en infraestructura, tales como laboratorios, servicios, edificios y uso de dependencias.
Para poder definir el arancel regulado, los derechos básicos de matrícula y los cobros por concepto de titulación o graduación, el Ministerio de Educación debe desarrollar un proceso de diseño de bases técnicas y cálculo de aranceles que son aprobadas, modificadas u observadas, según lo establece la ley, por la Comisión de Expertos de Regulación de Aranceles. Ha habido críticas desde al ámbito universitario, como la representada por Alberto Martínez, Rector Universidad Arturo Prats. esta forma de cálculo, ahora basado en los costos, solamente se consideran los relativos a la docencia, dejando en una incógnita, por ejemplo, los esfuerzos de investigación, postgrado, formación de capital humano avanzado y vinculación, elementos necesarios para el desarrollo del país y del territorio, altamente valorados por nuestra sociedad en estos tiempos de pandemia. La base del modelo, considera un sistema homogéneo, con instituciones semejantes, realidad muy lejana a la de nuestro país, en que tenemos claramente instituciones con diferentes estados de evolución, desarrollo y complejidad. Se basa en antecedentes de carácter histórico, sin considerar escenarios futuros, costos de implementación de mejoras (calidad) y situaciones de contexto, como el actual. La preocupación radica en cómo esto va a afectar al sistema de educación superior completo, generando diferencias entre los estudiantes que están y no adscritos a gratuidad, así como a las instituciones que tendrán nuevamente que enfrentar futuros déficits.
A modo de ejemplo, según Vivaldi, recordemos entre tantos excesos que se fueron instalando, la facilidad con que se podían crear nuevas universidades. Está bien retrucar a la burocracia estatal con eficiencia procedimental, pero no al punto de asumir que, como la Ley General de Educación garantiza que el Estado debe resguardar la libertad de enseñanza, y esta incluye el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, el Ministerio habrá de registrar cualquier nueva solicitud en un plazo de no más de 90 días: se deja en el Ministerio copia de una escritura pública obtenida en una Notaría y, tras un máximo de tres meses de gestación, una nueva universidad ve la luz.
Como conclusión tras el golpe de Estado de Pinochet, en 1973, se puso en marcha un experimento económico neoliberal radical, propuesto por el economista Milton Friedman, un anti-keynesiano visceral. Hubo una liberalización total de los mercados y un monetarismo financiero. Se privatizaron empresas públicas, pensiones, servicios de salud, educación, la vivienda protegida… Grupos económicos se adueñaron del agua y de grandes extensiones de tierras de los mapuches. Restablecida la «democracia» continuó la misma Constitución pinochetista y el mismo modelo económico, sin que ningún gobierno cambiara nada.
El gran problema de Chile es la brutal desigualdad. Pensiones y salarios muy bajos, y trabajos precarios. De ahí el endeudamiento de la ciudadanía para sobrevivir. Pero el problema no termina ahí. Según el estudio Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 2017, además de la desigualdad, lo que irrita a los sectores populares es el sentirse víctimas de maltrato. La mitad de las personas de clases bajas dice haberlo sufrido en el trabajo, la educación y la sanidad. El ciudadano normal no solo es pobre y endeudado, también ha de soportar la soberbia de una élite, convencida de que merece los privilegios que goza, ya que, sostiene, son resultado de su esfuerzo.
A pasar de estas secuelas tan graves, poco ha, el egregio escritor y gran adalid del liberalismo, Mario Vargas Llosa, publicaba un artículo titulado El enigma chileno. Según el Diccionario de la RAE, enigma es: Realidad, suceso o comportamiento que no se alcanzan a comprender, o que difícilmente pueden entenderse o interpretarse. La tesis es que no entendía lo que estaba ocurriendo en Chile: el movimiento de contestación social de 2019. Vive en otro mundo, hace mucho tiempo ya. Totalmente desconectado de la realidad.
E insisto, a pesar de las secuelas expuestas, quiero remitirme al artículo La crítica liberal del Estado del Bienestar: David Schmidtz y David Marsland" de Francisco J. Contreras Peláez, y actual diputado de Vox en el Congreso, publicado en 2009 en la Revista Cuadernos de Pensamiento nº 22 Publicación del Seminario «Ángel González Álvarez» de la Fundación Universitaria Española. Dice lo siguiente: el sistema público de pensiones [sistema “de reparto”] está condenado a la quiebra a dos décadas vista, de persistir las actuales tendencias demográficas, en tanto que el sistema de capitalización [pensiones privatizadas, con una garantía pública en caso de no alcanzarse el mínimo prestacional] funciona viento en popa en Chile y otros países…Atentos españoles despistados. Tomen nota, cara a las próximas elecciones.
Afortunadamente se vaticina un futuro positivo en Chile, tras la llegada al poder del Gabriel Boric. Cabe pensar que el proceso constituyente en el que está inmerso, totalmente novedoso a nivel mundial, sirva para revertir tanta injusticia y desigualdad. En el ámbito educativo en el borrador de la nueva Constitución aparece un retorno a una responsabilidad del Estado, con un sistema público estatal gratuito en todos los niveles educativos. Lo más importante es que se articula como un solo concepto la educación parvularia, básica, media, técnico-profesional y universitaria. En el ámbito sanitario se está planteando el derecho a la salud, reconstruyendo un sistema de salud público, que ha sido destrozado.
Chile siempre ha tenido una conciencia muy desarrollada de la importancia de la salud pública Además de otros avances en el tema de género, totalmente presente en la Constitución ya que la Convención Constitucional es paritaria. Asume el problema de los pueblos originarios. Como también el tema territorial, ya que Chile es un país muy centralista y se está barajando en un Senado que represente a los territorios.
Foto de apertura de Martín Landa
