miércoles 27.05.2020
IRRESPONSABLE SENTENCIA

El Tribunal Constitucional alemán versus la Unión Europea

Una parte de las elites económicas alemanas está tratando de instrumentalizar al TC alemán para limitar y maniatar la futura política monetaria del BCE. 
Christine Lagarde. Presidenta del Banco Central Europeo (BCE)
Christine Lagarde. Presidenta del Banco Central Europeo (BCE)

Aunque parezcan temas esotéricos y lejanos, el programa de emergencia de compra de deuda pública emitida por los Estados miembros que lleva a cabo el Banco Central Europeo (BCE) y la impugnación realizada el pasado martes, 5 de mayo, por parte del Tribunal Constitucional alemán a dichas compras son asuntos fundamentales para la supervivencia del proyecto de unidad europea. También son claves para evitar o contribuir a la catástrofe económica que sufrirían España y el resto de las economías del Sur de la eurozona si ese programa se suspendiera.  

La importancia de esta confrontación se comprenderá enseguida, tras conocer su potencial impacto sobre los programas de compra de deuda pública aprobados por el BCE y sobre nuestras vidas y futuro.

El BCE garantiza, mediante la compra masiva de deuda pública, que los Estados miembros puedan financiar el ingente aumento del déficit público que originan los gastos públicos de carácter sanitario, la protección social de los sectores afectados por las consecuencias económicas de la pandemia y la imprescindible ayuda a las empresas obligadas por el confinamiento a cerrar sus puertas. Garantiza también, lo que no es menos importante, que las tasas de interés de la deuda pública y las correspondientes primas de riesgo se mantengan en niveles moderados y supongan costes financieros soportables. Sin ese programa de emergencia del BCE, España y el resto de los países del Sur de la eurozona, con escasos márgenes de acción fiscal y altos niveles de endeudamiento público, no habrían podido aprobar ningún plan de rescate social, medidas de apoyo a empresas y autónomos ni, si se me apura, realizar una parte significativa del gasto público sanitario que está suponiendo la lucha por preservar la vida y la salud de las personas contagiadas por el coronavirus.

Recientemente, el pasado 6 de mayo, una sentencia del Tribunal Constitucional alemán impugnó esa compra de deuda pública, por considerar que no respeta el principio de proporcionalidad en función del peso económico de cada país, y que, en consecuencia, podría estar perjudicando los intereses de la ciudadanía alemana. Las respuestas del BCE y la Comisión Europea han sido inmediatas, resaltando la primacía de la normativa legal comunitaria respecto a la alemana, remarcando la independencia del BCE en la definición de la política monetaria de la UE y descartando cualquier tipo de consecuencias sobre la continuidad de los programas de compra de deuda pública, puesto que el Tribunal de Justicia de la UE ya determinó, en diciembre de 2018, su legalidad. El BCE ha decidido también dejar en manos del Bundesbank (el banco central alemán que es el único concernido por la autoridad jurisdiccional del TC alemán) la correspondiente respuesta y justificación, en los 3 meses de plazo establecido por el TC alemán, de los programas de compra de deuda pública que desarrolla.  

El fallo del TC alemán es una carga de profundidad que podría obstaculizar o retrasar decisiones muy importantes ya anunciadas por el BCE y que son imprescindibles para superar la gran recesión económica

Se abre así un complejo y tenso debate jurídico y económico sobre la herramienta clave que permite en estos momentos, en ausencia de instrumentos comunes de política fiscal a cuya creación también llevan tiempo negándose los países del Norte de la eurozona, sostener el funcionamiento y la propia supervivencia de la UE mediante la política monetaria expansionista del BCE. Pero, por mucho que el BCE logre mantener su actual política monetaria y sus programas de compra de deuda pública, el fallo del TC alemán es una carga de profundidad que podría obstaculizar o retrasar decisiones muy importantes, ya anunciadas por el BCE, que son imprescindibles para superar la gran recesión económica en la que ya estamos inmersos e impedir su conversión en una destructiva y duradera depresión económica: primera, elevar hasta el nivel que haga falta, más allá de los 750.000 millones de euros actuales, el programa de emergencia de compra de deuda pública; segunda, ampliar su periodo de vigencia, que ahora solo llega hasta diciembre de 2020, a los años 2021 y 2022, porque seguirá siendo imprescindible compaginar el futuro plan de reconstrucción económica, aún pendiente de negociar, concretar y aprobar por parte del Consejo Europeo, con unos costes financieros de la deuda pública asumibles; y tercero, decidir a efectos económicos prácticos (no contables) la conversión de la nueva deuda pública originada por la lucha contra la pandemia y la recesión en deuda perpetua o a larguísimo plazo, mediante la recompra permanente de la nueva deuda pública que vaya sustituyendo a la que venza.  

La monetización de la deuda que están practicando en esta crisis global todos los Bancos Centrales de todos los países capitalistas desarrollados es una exigencia que en la UE es aún más importante, porque no ha sido capaz de formalizar ningún avance hacia una unión fiscal y porque el carácter tan desequilibrado de los márgenes fiscales y presupuestarios de los países del Norte de la eurozona y los países del Sur no dejan otra opción.

Sólo una doble hipótesis explicativa descabellada podría explicar la irresponsable sentencia del TC alemán: por un lado, un desconocimiento abismal de lo que supondría paralizar el programa de compras de deuda pública del BCE, sin que las instituciones comunitarias cuenten con herramientas alternativas, de carácter fiscal, presupuestario o de mutualización de la deuda pública, para preservar la unidad del mercado único; y por otro, que pretenda una implosión desordenada de la UE a corto plazo o, en diferido, un aumento insostenible e inadmisible de las divergencias de estructuras productivas y niveles de renta por habitante entre el Norte y el Sur de la eurozona que acabaría teniendo el mismo resultado. Ninguna de esas dos hipótesis es creíble por separado, pero menos aún, juntas. Tal situación da cuenta de los inextricables territorios en los que puede meter la pata el poder judicial en tiempos que requieren mudanzas políticas mayores y cierta prudencia de los tribunales. Sólo cabe pensar en que una parte de las elites económicas alemanas está tratando de instrumentalizar al TC alemán para limitar y maniatar la futura política monetaria del BCE. 

Los vientos nacionalistas que tanto eco alcanzan en la derecha conservadora alemana, no solo en la extrema derecha neosoberanista y xenófoba, pueden terminar arruinando el sueño europeo, pero también los aires de grandeza recuperados por la nación alemana gracias al mercado único y al euro. Los nacionalismo identitarios y excluyentes, al igual que los intereses económicos inmediatos de elites que no cuentan con una mirada más completa de los contextos sociales, ecológicos o geopolíticos, tienden a nublar el sentido común e, incluso, a distorsionar la naturaleza de los propios intereses nacionales y la comprensión de cómo esos intereses se han asentado durante décadas, en el caso de Alemania, en el desarrollo del proyecto de unidad europea. Habrá que ayudarles a que recuperen la vista. Y para ello, lo primero es no transigir con elites económicas antipopulares e irresponsables que practican el chantaje.  

Más artículos sobre la crisis de la COVID-19 y la UE

El Tribunal Constitucional alemán versus la Unión Europea
Comentarios