sábado 06.06.2020

¿Por qué urge alcanzar un acuerdo en materia fiscal?

El Gobierno prevé un desplome de la economía superior al 9% y una escalada del déficit público por encima del 10%. En concreto, el “agujero” en la recaudación tributaria que provocará el coronavirus será, según el Ejecutivo, de casi 14.000 millones de euros, aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido de que las previsiones de ingresos son muy optimistas y de que se estarían minusvalorando las estimaciones de déficit, como mínimo, en 8.000 millones de euros. Todo ello, a pesar de que reconoce que la situación de extrema incertidumbre conduce a que cualquier estimación deba ser tratada con mayor cautela de lo habitual, al estar sometida a una continua revisión en función de la nueva información de la que vaya disponiéndose.

Sea como fuere, lo cierto es que España se adentra en la peor crisis económica de su historia más reciente y que el Estado del Bienestar podría debilitarse de manera significativa si Gobierno, partidos políticos del arco parlamentario y organizaciones sociales no acercan posturas para alcanzar un acuerdo que permita recuperar cuanto antes parte de los ingresos públicos que se perderán como consecuencia de la caída de la actividad.

El Gobierno debe enviar al Congreso a la mayor celeridad posible el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude para su tramitación

Pues bien, entre las principales medidas que contribuirían a frenar la sangría en la recaudación destaca la lucha contra el fraude, por lo que el Gobierno debería enviar al Congreso y el legislativo para tramitar a la mayor celeridad posible el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude, que permitirá bajar el límite general de pagos en efectivo a 1.000 euros y el de la inclusión en la lista de morosos a 60 0.000 euros, incluyendo a los responsables solidarios de esas deudas, y otras medidas de colaboración internacional, con las que podrían recaudarse 828 millones adicionales.

No obstante, también tendría que demostrar más ambición a la hora de incluir la responsabilidad solidaria de asesores e instituciones financieras que diseñan o colaboran en los entramados societarios fraudulentos y en los esquemas de planificación fiscal abusiva, así como para aumentar la prescripción tributaria de los 4 a los 10 años, equiparándola a la de los delitos agravados contra la Hacienda Pública para que sea posible investigarlos y denunciarlos a la Fiscalía.

En concreto, los principales responsables de la evasión y elusión fiscal son los grupos empresariales que con un aumento de beneficios del 40,5% desde 2006, ingresaron un 39,4% menos que hace 13 años. Además, la carga real del Impuesto de Sociedades en estos 13 años es menos de la mitad de lo que soportan las pymes.

Por ello, convendría que la AEAT desplazara la lupa del control tributario de autónomos y pequeñas empresas, que están padeciendo en mayor medida la crisis por el confinamiento, hacia el control de los conglomerados empresariales, multinacionales y personas con grandes fortunas.

En este escenario, cabría recordar que a nivel internacional se observa que el cumplimiento de las obligaciones tributarias disminuye cuando aumentan los impuestos y existe una Administración Tributaria poco eficaz, compensando y neutralizando los efectos recaudatorios de esos aumentos impositivos, y que ese cumplimiento aumenta cuando la Administración Tributaria mejora sus procedimientos de gestión y control.

De ahí que el Gobierno tendría que mejorar el anteproyecto de ley antifraude, incluyendo el aumento de las funciones y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para evitar que las obligaciones fiscales de las grandes empresas y fortunas, los futuros impuestos sobre las transacciones financieras, sobre determinados servicios digitales y el catálogo de nuevas figuras impositivas medioambientales se diluyan en los desagües de la evasión.


Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

¿Por qué urge alcanzar un acuerdo en materia fiscal?