@jgonzalezok / Eran poco antes de las ocho de la tarde del 20 de diciembre de 2001 cuando un helicóptero Sikorsky S-76 se posaba en el techo de la Casa Rosada de Buenos Aires para evacuar a Fernando De la Rúa, que hacía unos minutos había firmado su renuncia a la presidencia, en medio de una conmoción social que ya había registrado varios muertos. La orden que había recibido el piloto, el brigadier de la Fuerza Aérea Juan Carlos Zarza, es que tuviera el aparato aprovisionado con capacidad de llevar a su pasajero a tres posibles destinos: Uruguay, Campo de Mayo (el principal destacamento del país, en la provincia de Buenos Aires) y la residencia presidencial de Olivos. A último momento se decidió depositar a De la Rúa en Olivos, donde lo esperaba su familia.
Víctima de una crisis social, económica y política de grandes proporciones, y con la ayuda del peronismo, el tercer gobierno después de la recuperación de la democracia (1983), terminaba de forma abrupta y sangrienta, cuando solo había cumplido la mitad de su mandato. La torpe decisión que tomó De la Rúa horas antes de dejar el poder, de declarar el estado de sitio, no hizo más que encrespar los ánimos y echar leña al fuego. En 1989, el presidente Alfonsín también se enfrentó a una crisis similar, con hiperinflación y saqueos, lo que lo obligó a entregar anticipadamente el gobierno al ya electo Carlos Menem (peronista). En ambos casos se trataba de presidentes de la UCR (Unión Cívica Radical), alimentando la teoría de que solo los peronistas garantizaban la gobernabilidad.
Diciembre había comenzado con el corralito, una maniobra desesperada para tratar de parar la retirada masiva de dinero de los bancos. Entre marzo y noviembre habían salido del sistema financiero unos 15.000 millones de dólares.
Diciembre había comenzado con el corralito, una maniobra desesperada para tratar de parar la retirada masiva de dinero de los bancos. Entre marzo y noviembre habían salido del sistema financiero unos 15.000 millones de dólares, aproximadamente el 18% del total del sistema. Con el corralito se limitó a 250 pesos (o dólares, ya que todavía regía la paridad 1 a 1) la cantidad que se podía retirar por semana, sin que de nada sirviese la vigente Ley de Intangibilidad de los Depósitos.
En la primera semana posterior a la entrada en vigor de la medida se redujo un 10% la venta de alimentos. Los trabajadores informales, que formaban gran parte de la fuerza laboral del país, se vieron mortalmente atrapados, por la falta de dinero en efectivo. Comenzó un sistema informal de trueque y cada día miles de personas pasaron a engrosar las filas de los desocupados y las de pobres y miserables.
El corralito fue el principal detonante de la crisis. Pero hay que irse un poco más atrás para comprender qué sucedió. La recesión en diciembre llevaba ya 42 meses seguidos. El 10 de octubre la prensa publicaba que Argentina tenía el riesgo-país más alto del mundo, llegando a 1.916 puntos, sin saber que a fines de diciembre llegaría a superar los 4.000 puntos.
En octubre se habían celebrado elecciones parlamentarias en las que el gobierno sufrió una severa derrota, erosionando aún más la capacidad política de De la Rúa. La deuda externa era inmanejable y el gobierno de Estados Unidos y el FMI le soltaron la mano al gobierno argentino.
Argentina confiaba en que el temor a su propia crisis financiera -con seguras repercusiones en países vecinos- haría reflexionar al establishment mundial y decidiría dar una nueva oportunidad a los argentinos, vía nuevos créditos. Pero los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York dieron paso a un nuevo escenario internacional. El presidente norteamericano, George Bush, empezó a tener problemas más urgentes que atender las peticiones argentinas. Días después del 11-S, el Secretario del Tesoro, Paul O´Neill, dijo expresamente que “el tema argentino evidentemente ya no está a la cabeza de la lista de nuestras prioridades, como era hace una semana”. La receta a partir de ese momento, fue exigirle a Argentina que cumpliese la meta de déficit cero prometido por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que llevó aparejado un recorte del 13 % en salarios de funcionarios públicos y en jubilaciones.
El 19 De la Rúa decretó el estado de sitio y los disturbios se generalizaron, provocando un número de muertos incierto, ya que nunca hubo una cifra oficial, pero que oscila entre 32 y 38.
El 12 de diciembre comenzaron las movilizaciones pidiendo la renuncia del ministro de Economía, el padre del Plan de Convertibilidad. Los sindicados convocaron un paro general para el 13, en protesta por la confiscación de los depósitos. El 14 comenzaron los saqueos, que seguirán en los próximos días, hasta las jornadas cruciales del 19 y 20 de diciembre. El 19 De la Rúa decretó el estado de sitio y los disturbios se generalizaron, provocando un número de muertos incierto, ya que nunca hubo una cifra oficial, pero que oscila entre 32 y 38.
Siete murieron en la Plaza de Mayo y alrededores. Pero no todos, ni siquiera la mayoría, pueden ser achacados al gobierno de De la Rúa. Como recordó el diputado opositor Fernando Iglesias estos días, los muertos de la capital federal fueron los únicos que podrían achacarse al gobierno central. Los otros 31 cayeron en distritos controlados por el peronismo: 11 en la provincia de Buenos Aires (gobernador Carlos Ruckauf); 10 en la provincia de Santa Fe (Carlos Reutemann); 3 en Córdoba (José Manuel de la Sota); y 1 en Tucumán (Julio Miranda). El único que fue a juicio, recordó también Iglesias, fue el fallecido presidente De la Rúa y fue sobreseído.
Los disturbios volvieron a producirse los día 28 y 29 de diciembre, provocando la caída de uno de los cinco presidentes de esos días, Adolfo Rodríguez Saá. Después de graves enfrentamientos en la Plaza de Mayo, grupos violentos se dirigieron al Congreso, lograron entrar al edificio e incendiaron algunos muebles, y tiraban cuadros y estatuas a la calle.
El gobierno de Fernando De la Rúa era una coalición conocida como la Alianza, que integraban la UCR (Unión Cívica Radical) y el Frepaso (Frente País Solidario, fundamentalmente peronistas que rompieron con Menem). Solo dos años antes había logrado vencer con el 48,37 % de los votos (frente al 38,28 % del peronista Eduardo Duhalde), siendo la segunda vez -la primera fue en 1983, con Alfonsín- en que el peronismo había sido derrotado en elecciones sin proscripciones. Una de sus principales promesas de campaña había sido mantener el Plan de Convertibilidad, puesto en marcha por el gobierno anterior y que ataba la paridad del peso al dólar. Un programa que dio estabilidad durante una primera fase, acabando con el gran problema de la economía argentina, la inflación. Pero que se fue desgastando y demostró ser insostenible.
El politólogo Andrés Malamud escribió en su libro El oficio más antiguo del mundo, que “a De la Rúa lo volteó la fatalidad, el agotamiento de la Convertibilidad, combinada con su propia incompetencia. La oposición no ayudó pero tampoco definió”. Y sostiene también que es imposible entender la evolución de la protesta de esos días sin analizar el rol de los intendentes (alcaldes) del conurbano: “En los distritos más populares, gobernados por el peronismo, se percibía la mano de los intendentes y sus aparatos políticos en la organización de la protesta”.
La entonces presidenta Cristina Kirchner, en un discurso en el año 2012 -casi se podría decir un sincericidio-, reconoció que parte del peronismo y del sindicalismo atizaron los revueltas que acabaron con De la Rúa. Reaccionando a disturbios similares que ahora golpeaban a su propio gobierno, hizo un paralelismo y reconoció que hubo “un manual de instrucciones políticas para saqueos, violencia y desestabilización de gobiernos que tiene su historia. Tampoco fueron espontáneos aquellos saqueos que terminaron luego sí, muy mal, y que obligaron a la salida anticipada del doctor Alfonsín. Todos sabemos, lo mismo pasó en el año 2001, sabemos cómo se organizó eso, sabemos quiénes eran los actores, sabemos que comenzó en la provincia de Buenos Aires. Bueno, toda la vieja historia que conocemos los argentinos. Y yo quiero ser absolutamente sincera. Se inauguró en el gobierno de Alfonsín con sectores políticos y fundamentalmente del PJ (peronismo) también”. Aclaró que siempre había sido peronista, “pero antes que peronista soy argentina y la verdad no debe ofender a nadie”.
Hay quienes comparan la nueva crisis que vive Argentina con la del 2001-2002. Si bien la situación económica y social es igualmente dramática, la diferencia es que no hay violencia y que las recientes elecciones parlamentarias, en las que el gobierno fue derrotado, demuestran que hay mecanismos institucionales para resolver los conflictos.
El politólogo Javier Auyero habló en un libro de la dinámica política de los saqueos. En una entrevista para Página 12 en 2007, aclaró: “Esto significa que hay un conjunto de redes que se activan, no solo desde el lado de quienes saquean sino también de los encargados de la represión y en interacción con represores y organizadores, saqueadores, vecinos, etc.”. En lenguaje más claro, habría “zonas liberadas” por la policía para permitir los saqueos. Incluso mostró al intendente de la localidad de Moreno, Mariano West, al frente de una columna de manifestantes mientras sus asistentes organizaban ataques contra negocios de comida.
A la caída de De la Rúa le sucedieron jornadas dramáticas, en las que se sucedieron cuatro presidentes, antes de encontrar una solución de compromiso. Eduardo Duhalde, que había sido vicepresidente de Menem y candidato a la presidencia derrotado frente a De la Rúa, fue elegido por el parlamento para cumplir el resto del mandato. A él se debe el mayor ajuste de la historia reciente de Argentina, con una megadevaluación, que siguió alimentando las masas de pobres. Hizo el trabajo sucio para que su sucesor, Néstor Kirchner, iniciara la recuperación. El surgimiento del kirchnerismo se explica por la crisis del 2001. Lo mismo se puede decir del PRO, el partido fundado por Mauricio Macri, que llegaría a la presidencia en 2015.
Hay quienes comparan la nueva crisis que vive Argentina con la del 2001-2002. Si bien la situación económica y social es igualmente dramática, la diferencia es que no hay violencia y que las recientes elecciones parlamentarias, en las que el gobierno fue derrotado, demuestran que hay mecanismos institucionales para resolver los conflictos.
