En el manual de estrategias de las derechas latinoamericanas destaca como acción la construcción de un enemigo interno sobre quien caerá todo el peso de la demonización. Los objetivos son siempre los mismos. Es un modus operandi que requiere de una guerra cultural en la que los medios de comunicación hegemónicos tendrán un rol fundamental. Criminalizar al rival, demonizar al oponente, estigmatizar a un sector social, a un colectivo en particular o una facción determinada de la sociedad que democráticamente exige el cumplimientos de sus derechos.
Este ejercicio requiere de un constante refuerzo de la batalla que se libra desde los titulares de los medios de comunicación del poder económico concentrado, en cuyas páginas los escribas a sueldo irán moldeando realidades que se ajusten a los intereses del amo; convirtiendo -como condición sine qua non- a las víctimas en victimarios. Estando o no en el poder, si en la agenda de la derecha hace falta un chivo expiatorio, pues entonces serán los grandes grupos comunicacionales los encargados de construirlo y de señalarlo con dedo inquisidor. “Terroristas” y/o “subversivos” serán quienes manifiesten disconformidad ante cualquiera de los objetivos que se proponga el conservadurismo retrógrado. Durante el gobierno de Mauricio Macri lo fueron los docentes, los pensionados, el personal de sanidad, los “villeros” y los pobres que reclamaron el derecho a comer dos veces por día. Ahora, en la oposición, la derecha prepara el terreno para el regreso; y para ello despliega el arsenal de falsas realidades en pos de captar la atención del incauto elector a quien, desde la pantalla, se le inoculará una “realidad” que percibirá como auténtica.
El ataque mediático a la comunidad indígena mapuche pretende desacreditar los justos reclamos territoriales que ese pueblo originario del sur argentino viene exigiendo desde hace tiempo. Para el Grupo Clarín la “amenaza” serán ellos y no el multimillonario británico Joe Lewis (amigo íntimo de Macri), propietario de 11 mil hectáreas en Lago Escondido que -según la Ley 15.385 conocida como “Zona de Seguridad de Fronteras”- solo pueden ser adquiridas por argentinos nativos.
“Son terroristas y muy peligrosos”, sostenía el pasado domingo el periodista y vocero del poder económico, Jorge Lanata, al referirse a la comunidad mapuche. Eludiendo la Reforma Constitucional de 1994 que reconoce los derechos de los pueblos originarios y declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originales del país, Lanata dedicó su show mediático a la estigmatización de la comunidad mapuche a cuyos integrantes llamó despectivamente “indios”.
El antecedente más cercano de este ataque se remonta a 2017, cuando Mauricio Macri y su Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no dudaron en pasearse por sus canales de televisión para enfatizar en la supuesta peligrosidad de ese sector de la población que históricamente reclama el derecho que se les niega. “La RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) cuenta con el apoyo de la guerrilla kurda, del IRA irlandés y de las FARC colombianas”, sostuvieron sin ruborizarse ante las cámaras.
Pero Bullrich, a las órdenes de Macri, pasó de las palabras a la acción y comisionó a miembros de su ministerio para promover operaciones armadas contra grupos mapuches movilizados. El más sonoro de ellos fue el operativo realizado en Chubut, en donde un nutrido grupo de gendarmes, con conducción política macrista, se ensañó con quienes protestaban en reclamo de su derecho a la vera de la ruta nacional 40. Fue la madrugada del crimen de Estado; de la desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado, víctima de la brutal represión ordenada por el gobierno de Mauricio Macri, el amigo de Joe Lewis, multimillonario poseedor ilegal de tierras patagónicas.
Rafael Nahuel formaba parte de un acampe en la ladera de una montaña contigua a la ruta. Quienes reclamaban pacíficamente por sus derechos eran esta vez hombres, mujeres y niños; familias mapuches a la espera de una respuesta del gobierno. Y la respuesta del gobierno de Macri llegó en forma de balas. Un grupo de elite disparó a quemarropa asesinando por la espalda a Rafael Nahuel, de 22 años. Los medios del poder económico sostuvieron que Nahuel estaba armado, una mentira que jamás pudo probarse.
Ahora el establishment económico intuye cierta debilidad del gobierno y vuelve a atacar. Todo vale en la contienda, en la batalla cultural emprendida por la derecha dominante. Todo, incluso pretender que entre el gobierno de Alberto Fernández y los “terroristas” del sur existe complicidad. Y a fuerza de repetición de falacias hay quienes deciden formar filas en el ejército de los ricos, aún siendo el más pobre de los pobres.
