viernes 14/8/20
EN EL CENTENARIO DE SU CREACIÓN

Los orígenes del Ministerio de Trabajo

Los orígenes del Ministerio de Trabajo

Ya han pasado cien años desde que Eduardo Dato, Presidente del Consejo de Ministros, ordenara publicar el día 8 de mayo de 1920 el Real Decreto que creaba el Ministerio de Trabajo. En la exposición de motivos del texto legal se reconocía que las circunstancias del momento obligaban a reforzar "la atención que todos los Estados y sus respectivos Gobiernos prestan a las cuestiones sociales, y muy determinadamente a cuanto con el trabajo se relaciona". Carlos Cañal, un diputado sevillano poco conocido en el campo social, era nombrado Ministro de Trabajo al día siguiente. El acontecimiento no despertó gran interés en la prensa nacional, que apenas le dedica algunas líneas. Así comenzó la vida de un ministerio que ha cumplido el siglo.

Fue preciso recorrer un largo trayecto para contravenir uno de los principios fundamentales del liberalismo decimonónico: la no intervención del Estado en las relaciones laborales, que ponía a los trabajadores a merced de los patronos. Un nuevo concepto, la "reforma social", amparó los distintos intentos de mejorar las condiciones de la población en general, y de la clase trabajadora en particular, a través de la legislación social. Comenzó a formarse en el último tercio del siglo XIX, cuando se "descubrieron" las dramáticas condiciones de vida de la mayoría de la población. Los ínfimos salarios no alcanzaban a sostener a los trabajadores y sus familias, las jornadas de trabajo eran interminables, no existía protección para la vejez, la invalidez o cualquier otra contingencia.

El Ministerio de Trabajo agrupó bajo su dirección a todos los organismos con competencias sociales creados los años anteriores pero con un rango administrativo de mayor capacidad, para afrontar la difícil situación que le hizo nacer

El Papa León XIII, en la Encíclica "Rerum Novarum" de 1891, se posicionó al respecto: "Es preciso dar pronto y oportuno auxilio a los hombres de la ínfima clase, puesto caso que inicuamente se hallan la mayor parte de ellos en una condición mísera y calamitosa... de tal suerte, que unos cuantos hombres opulentos y riquísimos, han puesto sobre los hombros de la multitud innumerable de proletarios un yugo que difiere poco de la esclavitud."

Joaquín Costa, en 1912, escribe en "La tierra y la cuestión social", "El régimen liberal ha hecho bancarrota... ¿Y sabéis por qué? Porque esa libertad no se cuidaron más que de escribirla en la “Gaceta”, creyendo que a eso se reducía todo; porque no se cuidaron de afianzarla dándole cuerpo y raíz en el cerebro y en el estómago."

Una generación de políticos e intelectuales reformistas, promovieron, no sin oposición de la patronal, las primeras leyes para proteger a los trabajadores. La Ley de accidentes del trabajo de 1900, que obligaba a los patronos a asegurar a sus empleados para protegerles de los accidentes de trabajo, la Ley de condiciones de trabajo de las mujeres y de los niños de 1900, que, entre otras cosas, prohíbía el trabajo a los menores de 10 años y la Ley de descanso dominical de 1904.

El sentido de estas primeras reformas es "conservador", como afirmaba Eduardo Dato: "Con las leyes reformadoras se defienden los Estados, se conservan los intereses supremos de las naciones, se guarda la paz social... el intervencionismo desempeña asi una doble misión, conservadora y de reforma".

Gumersindo de Azcárate, representante del krausismo español, otra de las corrientes que confluyen en promoción de las reformas sociales, lo expresó también muy sencillamente: "Recientemente, la repetición de las huelgas y las multiplicación de las sociedades de resistencia han dado lugar a que todos reconozcan la necesidad de hacer algo, y de aquí la publicación de algunas leyes de las llamadas sociales u obreras."

A las reformas sociales se sumó una parte del movimiento obrero, que venía creciendo en capacidad organizativa y se preparaba para acciones cada vez más ambiciosas. Los sindicatos de tendencia socialista participaron en los órganos que se crearon para promoverlas. Pablo Iglesias, en La Revista Socialista, n. 55, de 1905 explica así su postura: "Los políticos burgueses intervencionistas, esto es, aquellos que opinan que el Estado debe mediar en las cuestiones suscitadas por el actual régimen de producción entre patronos y obreros, afirman con mucha seriedad que tal sistema, que semejante modo de proceder, es un antídoto contra el Socialismo... En efecto, admitido que cabe legislar sobre la duración de la jornada, sobre el trabajo de la mujer, sobre el que realiza el niño y sobre otros puntos relativos a la forma en que ha de hacerse la producción, ¿dónde está la libertad absoluta del patrono -que eso era y no otra cosa, la libertad del trabajo- para imponer al proletario las condiciones que se le antojaran? En ninguna parte. Si hoy se legisla respecto  de la jornada de trabajo, de los accidentes del mismo, del descanso dominical, del retiro para los obreros viejos, mañana se legislará sobre el salario mínimo y sobre otras condiciones de mayor alcance.

a2La otra gran corriente del movimiento obrero en España, de raíz anarquista, acogió el programa reformista con indiferencia o incluso hostilidad. Anselmo Lorenzo, escribe en La Rebeldía en 1906: "el problema social consiste en la reorganización de la sociedad de modo que la inmanencia del derecho humano sea práctica y universalmente reconocida... ¿Cómo se efectuará esa reorganización? Abrogando esas leyes de clase. ¿Cómo podrá lograrse esa abrogación? Reuniendo el proletariado su inteligencia y su fuerza, desoyendo los partidos y caudillos de tendencia burguesa y reconociendo de una vez para siempre estos inmortales principios sentados por La Internacional. La emancipación social de los trabajadores no es un problema local ni nacional, sino internacional y ha de realizarse por los mismos trabajadores".

El intervencionismo comenzó a institucionalizarse con la creación del Instituto de Reformas Sociales en 1903, "encargado de preparar la legislación del trabajo en su más amplio sentido, cuidar de su ejecución, organizando para elIo los necesarios servicios de inspección y estadística, y favorecer la acción social y gubernativa en beneficio de la mejora o bienestar de las clases obreras". Siguieron la Inspección del Trabajo, en 1906, organizada por el General Marvá dentro del propio IRS para verificar el cumplimiento de las leyes sociales, el Instituto Nacional de Previsión en 1908, para promover la previsión social, el Consejo Superior de Emigración en 1907 y el Patronato de Ingenieros y Obreros Pensionados en el Extranjero en 1910.

Al frente de estos organismos, Azcárate, Álvarez Buylla, Posada, Marvá, Maluquer y Dato, junto con un nutrido grupo de técnicos, juristas, y con la participación de vocales obreros y patronales, se aprestaron a llevar adelante las anheladas reformas sociales, para dar respuesta a la acuciante "cuestión social". 

Pero aunque en muchos aspectos las realizaciones fueron de mucho interés, como la elaboración de series estadísticas sobre huelgas, accidentes de trabajo, o coste de la vida y la producción de una amplísima cantidad de estudios sobre la situación de las condiciones de trabajo, salarios, relaciones laborales, etc. la legislación aprobada tuvo un alcance muy parcial. No tenían capacidad legislativa, y muchos de sus proyectos de ley no fueron aprobados por los gobiernos del turno.

Las leyes aprobadas a menudo estuvieron restringidas a determinados sectores de la industria y del comercio. Otras parecen, vistas a la distancia, un tanto pintorescas, como la conocida como Ley de la silla de 1912, que obligaba al empresario a facilitar una silla a las trabajadoras en los establecimientos no fabriles. Y no era asunto de cortesía, sino de preservar la salud reproductiva del género femenino. La agricultura, que ocupaba a la mayor parte de la población activa en aquella época quedó excluida clamorosamente de cualquier acción protectora.

Lejos de resolverse la cuestión social, entre 1917 y 1920 se produjo en España un nuevo ciclo de conflictos en el campo y las ciudades. Los sindicatos, cada vez más fuertes y mejor organizados, convocan una huelga general en 1917 que convulsiona el país. La revolución soviética de 1917 tiene un fuerte impacto y el temor a su contagio se difunde por Europa mientras que anima a sindicatos y partidos obreros. En 1919, la huelga de “la Canadiense” se extiende por toda Cataluña. La movilización arranca al Gobierno la ansiada jornada de ocho horas para el sector, que se promulga con urgencia echando mano de un Decreto.

Es en este contexto en el que Dato crea el Ministerio de Trabajo, un proyecto en el que los reformistas habían trabajado en varios intentos anteriores y que por distintos motivos se había aplazado. El Ministerio de Trabajo agrupó bajo su dirección a todos los organismos con competencias sociales creados los años anteriores pero con un rango administrativo de mayor capacidad, para afrontar la difícil situación que le hizo nacer.

Los orígenes del Ministerio de Trabajo
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