Los recientes documentos (notas informativas) aparecidos sobre la llamada Operación Cataluña como resultado de la labor de investigación conjunta de dos periódicos: La Vanguardia y El Diario.es, han vuelto a situar una vez más al Partido Popular y su forma de ejercer el poder político cuando lo detenta, en el ojo del huracán, pues vuelven a poner ante la ciudadanía la forma de entender el ejercicio del poder político por parte del Partido Popular.
Hagamos un poco de historia sobre la llamada Operación Cataluña.
Según lo publicado, esas notas informativas se remitían desde distintos equipos policiales a los responsables políticos informando de las investigaciones que llevaban a cabo sin control judicial y que afectaban a políticos catalanes independentistas, sus familiares y personajes de la sociedad civil catalana; algunos de esos informes se dirigían directamente al despacho del entonces Ministro de Interior, Sr. Fernández Díaz, e incluso se ha publicado que otros se habrían reenviado al propio Presidente del Gobierno en sobres cerrados a través de escoltas.
Los informes aparecidos en estos medios confirman aún más que la Operación Cataluña existió y asimismo que el Gobierno del PP con el Sr. Rajoy de Presidente utilizó a una unidad parapolicial para que fabricara pruebas falsas contra políticos catalanes.
Todas esas acciones bajo el mando del Ministerio del Interior dirigido entonces por el Sr. Fernández Díaz, se realizaron al margen de la ley y significaron la utilización de poderes y funcionarios del Estado para realizar actividades ilegales con un fin claramente antidemocrático: el descrédito y la posterior eliminación de adversarios políticos.
Los informes aparecidos confirman que la Operación Cataluña existió y que el Gobierno del PP utilizó a una unidad parapolicial para que fabricara pruebas falsas
La gravedad de estos hechos es tal que, sin duda alguna, suponen uno de los mayores ataques que se pueden llevar a cabo contra un estado democrático, desde las propias instituciones del mismo.
He expresado en anteriores artículos mi opinión sobre el compromiso del Partido Popular con los valores esenciales de la democracia, he manifestado que el Partido Popular tiene a mi juicio un déficit democrático de origen que no ha sabido o querido eliminar, y las notas informativas conocidas gracias a la labor de investigación de La Vanguardia y El Diario.es no hacen sino reafirmarme en estas cuestiones.
Según lo publicado estos días la conocida como policía patriótica, remitió al gobierno del Sr. Rajoy 34 investigaciones a cargos políticos catalanes y a sus familiares; esos informes estaban repletos de falsedades y pretendían vincularlos con todo tipo de corruptelas. Se bucearon en las cuentas e inversiones de estos políticos y de sus familiares, sin la existencia de indicios, al margen de la ley y sin control judicial. Toda esta operación se inició inmediatamente después de la multitudinaria Diada del 12 de septiembre de 2012.
Desde entonces hasta hoy, las personas que junto a sus familiares fueron investigadas de manera ilegal y sobre las que se emitieron informes con graves falsedades, no han conseguido que esos hechos encuadrados en la llamada Operación Cataluña hayan merecido una investigación importante a nivel judicial. Las denuncias del entonces alcalde de Barcelona, Sr. Xabier Trias, por la atribución falsa de una cuenta en Suiza, o la noticia falsa de una cuenta bancaria en un paraíso fiscal del entonces President de la Generalitat Sr. Artur Mas, que fue filtrada y publicada en el diario El Mundo, medio afín al Partido Popular, han quedado sin investigar en profundidad.
Dada la gran gravedad de los hechos que supusieron la utilización de estructuras del Estado para maniobrar, de manera ilegal y al margen de la ley, contra los políticos independentistas catalanes, así como la presunta participación en esas acciones de responsables institucionales y elementos de un cuerpo de seguridad del Estado, resulta ciertamente inconcebible la imposibilidad que ha existido hasta hoy para judicializar esos hechos en el contexto de la justicia española.
La gravedad de estos hechos es tal que, sin duda alguna, suponen uno de los mayores ataques que se pueden llevar a cabo contra un estado democrático
Esa sensación de extrañeza ante la ausencia de judicialización en relación a la llamada Operación Cataluña se hace aún más intensa cuando por el contrario, hemos conocido que algunos jueces y magistrados han mostrado un encomiable celo para admitir e investigar denuncias y querellas que se fundamentaban en argumentos en mi opinión muy poco consistentes e que incluso desprendían un tufo de falsedad evidente, el caso Neurona pudiera ser un ejemplo paradigmático de ello.
Es cierto que sí existe una causa judicial abierta y viva en relación a las actividades de la policía patriótica del PP en relación a la Operación Cataluña; esta causa judicial abierta se ubica en el Principado de Andorra donde tras la querella presentada en 2020 por la entidad DRETS y el Institut de Drets Humans d´Andorra, a la que se sumaron después el expresidente de la Banca Privada de Andorra.
La querella se presentó por los presuntos delitos de coacciones, amenazas, extorsión , chantaje y falsedad documental y la jueza ha imputado al Sr. Rajoy entonces Presidente del Gobierno, a los ex-ministros Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al Sr. Ignacio Cosidó y a dos miembros de la brigada política del PP por presuntas coacciones al Gobierno de Andorra y falsedad documental para obtener los datos bancarios de la Banca Privada Andorrana de la familia Puyol así como información sobre cuentas en Andorra de líderes independentistas. Actualmente la causa está en un impasse por la paralización de la comisión rogatoria que la jueza solicitó a la justicia española para llamar a declarar a los imputados.
La reacción del Partido Popular ante las noticias publicadas estos días ha vuelto a mostrar la incapacidad de esta derecha reaccionaria de admitir ninguna responsabilidad, sino más bien tratar de minimizar al máximo su enorme trascendencia y atacar al gobierno de utilizarlas como cortina de humo.
Esta es la triste realidad que define al Partido Popular para desgracia de los españoles, también de sus millones de votantes
No cambia nada en el Partido Popular, da igual que lo dirija Aznar, Rajoy, Casado o el fracasado Feijóo. Las virtudes del partido siguen siendo las mismas, a saber: incapacidad para gestionar los episodios y crisis que ha sufrido el país en periodos donde lo gobernaban (Prestige, accidente del Yack-42, atentado del 11-M...), la corrupción generalizada e institucionalizada (Gürtel, el estanque de ranas en la Comunidad de Madrid de la Sra. Aguirre, la corrupción de la Valencia de Zaplana y Camps), las mentiras y falsedades como señas de identidad (Feijóo como buen exponente de ello), la falta de respeto a los mandatos de la Constitución( el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial como exponente paradigmático) y la utilización del poder político allí donde gobierna de forma partidista, practicando políticas regresivas junto a la extrema derecha, recortando derechos y tratando de impedir avances sociales que la sociedad está demandando mayoritariamente.
Esta es la triste realidad que define al Partido Popular para desgracia de los españoles, también de sus millones de votantes.
Un Partido Popular que tras la llegada del Sr. Feijóo, aclamado entre otros por aquellos compañeros del partido que traicionando al Sr. Casado lo defenestraron, se ha escorado de manera indiscutible hacia los terrenos de la extrema derecha, lo que hace que sea muy difícil distinguirlo de VOX, particularmente en algunos territorios como por ejemplo en la Comunidad de Madrid donde las declaraciones de carácter claramente xenófobo de la Presidenta Díaz Ayuso, culpando sin pruebas a los migrantes de agresiones sexuales a personas, han sido avaladas por la dirección del Partido Popular a nivel nacional.
Para concluir, expresar mi pesar por el hecho de que, al igual que otros muchos ciudadanos, llevo años esperando y deseando que el Partido Popular supere ese déficit democrático de origen que en mi opinión tiene, asuma de una vez un elemento esencial en democracia que consiste en aceptar las derrotas electorales y en consecuencia no poner jamás en duda la legitimidad del ejecutivo surgido de las urnas, deje de utilizar el terrorismo como elemento con el que tratar de conseguir un puñado de votos, huya de tratar de desnaturalizar al Congreso de los Diputados que es el órgano donde reside la máxima legitimidad de la soberanía del pueblo español y querer utilizar al Senado para ello, y no volver a utilizar las Instituciones del Estado actuando al margen de la ley para ejercer una guerra sucia contra sus adversarios.
Esto lo deseamos muchos españoles y sinceramente pienso que también muchos votantes conservadores.
