En la noche del 10 de noviembre de 2019, dos antiguos adversarios políticos enterraron sus fantasmas. Pedro Sánchez, el que le producía insomnio al pensar en un gobierno con Podemos, y Pablo Iglesias el que solía recordarle un episodio con cal viva. Ambos sacrificaron sus prejuicios en aras de constituir un gobierno progresista para España, lo que significaba no solo poder promover políticas transformadoras, especialmente en materia social, si no gestionar la administración del Estado de un país con un conjunto de compromisos derivados de su pertenencia a alianzas internacionales, como la Unión Europea o la OTAN.
Lideraban de manera indiscutible sus respectivos grupos políticos. Sánchez tras unas primarias en su partido e Iglesias por acumulación de diversas agrupaciones alrededor de su fuerte personalidad, ambos habían asaltado el cielo del poder aupándose por encima de sus problemas anteriores.
Ello les permitió gobernar durante un tiempo sin mayores sobresaltos que los que producía una cierta competencia por apuntarse los frutos de su acción de gobierno y esquivar los efectos negativos de esa acción. Naturalmente, a eso ayudó un suficiente cumplimiento del acuerdo que habían firmado los dos grupos que formaban la coalición. Hasta que Iglesias, quizás más castigado por el esfuerzo, y adelantándose a los acontecimientos previsibles, tiró la toalla y cruzó su Rubicón particular en la dirección contraria.
Eso dejó a sus huestes, aunque alguien pudiera hablar de sus huestes, con la suficiente libertad como para que afloraran con mayor intensidad sus diferencias con los socialistas. Y, efectivamente, empezaron a aflorar. Primero fue cuestión de cantidades, en la reforma laboral, en el salario mínimo o en las ayudas del estado, porque ya se sabe que la cantidad cualifica, pero ahora parecen haber llegado a una cuestión capital. Con la OTAN hemos topado.
Todo el mundo sabe, y más los ministros/as, que España es país miembro de la Alianza Atlántica. Y, eso, no por imposición de ninguna potencia extranjera (o a lo mejor no solo) si no por decisión soberana del pueblo español manifestada en el referéndum de 1986. Por eso, los opuestos a que eso sea así, se han conformado, simplemente, con manifestar esa oposición pero se han cuidado mucho de no solicitar un nuevo referéndum para promover el abandono de esa alianza. Y, eso, que podrían haber encontrado acomodo para esa petición en el propio acuerdo del gobierno de coalición.
Efectivamente, el punto 11.8 de ese acuerdo habla de promover "una mayor autonomía de la UE y coordinación entre sus estados miembros en materia de seguridad" y se refiere, entre otras amenazas, a los "crecientes conflictos bélicos en nuestra vecindad". O sea, a la guerra. El asunto de la guerra aparecía así al final del documento y de manera casi subrepticia, pero aparece. Nadie puede, ahora, llamarse a engaño.
Eso, si de verdad se promoviera, significaría dos cosas: menos OTAN y más gasto militar. La cosa es obvia. Imaginemos que, en el colmo de nuestra autonomía, tuviéramos que defendernos solos de Rusia en el caso de que vinieran no en forma tan amistosa como lo hacen en Marbella, si no según el modelo ucraniano. El gasto de defensa se comería todo el presupuesto español y aún nos haría falta pedir la ayuda de la force de frappe francesa para que nos prestara alguna bomba nuclear con la que hacer disuasión mutua con Putin.
Autonomía significa hacer bueno el dicho de que el que quiera peces se debe mojar la parte de la espalda en que pierde su honesto nombre
Porque, sin llegar a ese extremo, en ese terreno de la seguridad, autonomía significa hacer bueno el dicho de que el que quiera peces se debe mojar la parte de la espalda en que pierde su honesto nombre. Es decir, armarse al nivel de las amenazas. A no ser que tengamos más vocación de ser Petain que Zelensky, cosa que no voy yo a desacreditar en este momento pero que recuerdo como acabó el mariscal francés.
Y, sin embargo, hay partidarios del loable deseo de que no aumente el gasto de defensa que olvidan la existencia del ya citado artículo 11.8 de ese acuerdo del gobierno de coalición. Probablemente sean partidarios, como yo mismo, de una reducción del presupuesto de defensa no solo de nuestro país sino de todos los países que puedan constituir una amenaza a mí, quiero decir, a nuestra seguridad. Por eso añoro los momentos en que, primero Carter y Brézhnev y luego Reagan y Gorbachov, iniciaron la época del desarme que llegó hasta considerar en la OTAN que Rusia era un socio privilegiado (Lisboa 2010). Incluso recuerdo cuando Nixon jugaba al pingpong con los chinos.
Pero, siempre termina habiendo un pero, el presente de Ucrania y el futuro de Taiwán han cambiado las cosas. Se acabó el desarme mutuo y toca, o más OTAN o más artículo 11.8 pero, desgraciadamente, no parece que ninguna de esas dos posibilidades nos permita tener un presupuesto de defensa a nivel luxemburgués.
Sin embargo, al menos en apariencia, anda discutiendo el gobierno por evitar que su presidente cumpla con el compromiso de aumentar el gasto en defensa de nuestro país. Y no se trata de que cada cual exprese su posición, de manera secreta en el Consejo de Gobierno y de forma publica en el Congreso, si no de si todos terminarán aceptando la decisión de la mayoría en ambos ámbitos.
¿Se estará jugando el futuro inmediato del gobierno de coalición? Yo no lo creo, porque cometo la ingenuidad de confiar en la inteligencia de quien llega a ministro, pero vete a saber si no hay elecciones antes de lo previsto. Feijoo ya debe estar ojeando el catálogo de coches para elegir su nuevo vehículo oficial de presidente del gobierno, como cuando se hizo cargo de la Xunta.
