La disparatada proporción de trabajadores eventuales empleados en la administración pública española viene llamando la atención de la Unión Europea desde hace tiempo. Una reciente sentencia de su Tribunal de Justicia ahonda incluso en la posibilidad de que se apliquen sanciones al estado e indemnizaciones a los trabajadores irregularmente contratados. Sin embargo, también rechaza una histórica reivindicación de los interinos, que ya no podrán obtener su plaza fija sin someterse a un proceso selectivo común. Algo así supondría conculcar la ley e ignorar los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad que rigen en el acceso a la función pública. Con todo, la nitidez del pronunciamiento no ha logrado detener la larga campaña de los afectados contra el sistema de oposición, que siguen desautorizando por "anticuado, discriminatorio e ineficaz". En estas condiciones, me parece conveniente defender la pertinencia de estas pruebas objetivas y evitar el debilitamiento que dichas críticas suponen para la imagen de la función pública.
Podríamos comenzar identificando a las víctimas menos visibles de tanta irregularidad endémica, esos miles de opositores anónimos a los que se les ha estado hurtando durante años el acceso legítimo a plazas de funcionarios titulares. Porque son otras presuntas víctimas las que ocupan esos puestos: los interinos, muchos de los cuales gozan de un empleo durante decenios solo por constar inscritos en una lista con un título académico básico. A ese agravio habría que añadirle las prácticas indeseables que conlleva tanta desregulación, como la concesión de puestos sin validar las competencias del trabajador o la adjudicación a dedo mediante arbitrariedades e influencias de toda especie. Cabría preguntarles a los citados objetores si la selección "moderna, igualitaria y eficaz" que propugnan se parece a esta.
Recordemos que hablamos de cargos del estado, concebidos para dotar al sistema de trabajadores que cumplan su cometido de manera independiente y estable en las cambiantes coyunturas políticas y sociales, tal como asumen todos los países de nuestro entorno. Precisamente para garantizarlo se han establecido criterios rigurosos y ecuánimes en el acceso al empleo público, único modo de erradicar favoritismos y corruptelas.
La oposición facilita la objetividad y el rigor, por eso me atrevo a defenderla como la mejor herramienta frente a las irregularidades y la mejor garantía de cualificación e igualdad en la función pública
El caso es que, en medio de tanto desorden, los interinos han ido integrándose y equiparando sus derechos laborales con los de los titulares. Como resultado, miles de ellos, en sus plazas invisibles a la oferta pública y a resguardo de la “amenaza” de competidores externos, se postulan hoy como legítimos acreedores de aquéllas aportando como único aval el de su experiencia. Incluso a pesar del citado varapalo, muchos todavía albergan la esperanza de que las cuantiosas multas e indemnizaciones hagan ceder al estado hasta facilitarles un acceso atípico.
Pero conviene recalcar que el interino aceptó un vínculo expresamente temporal con la administración, por más que una negligencia institucional sostenida lo haya distraído de su propia condición. Ocupa una plaza ajena por un motivo excepcional y para cubrir ausencias limitadas. Solo la fortuna o unos requisitos muy rebajados le han permitido ser contratado o recontratado durante años. Y habitualmente en su propia localidad, todo un sueño inalcanzable para funcionarios emigrantes. No sería justo ignorar ahora las limitaciones de su contrato provisional para instalarlo, sin más, en una relación institucional de naturaleza distinta para la que no está legitimado.
Centrándonos ya en las oposiciones, sostienen los abolicionistas que los exámenes son memorísticos y no detectan las capacidades necesarias, que los opositores parten de una situación económica privilegiada o que los aspirantes a puestos de élite logran plazas gracias a su origen influyente. Para empezar, sorprende que algunos de ellos propongan seleccionar al opositor mediante un escrutinio exhaustivo y especializado de sus capacidades mientras al interino que pretenda consolidar su plaza le admitan como única prueba objetiva e integral de todas sus competencias el tiempo trabajado.
Además, olvida que la oposición más sencilla requiere la asimilación de muchos conceptos, procesos y nociones organizativas e, inevitablemente, el uso de destrezas intelectuales complejas más allá de la memoria. Eso por no hablar de las aptitudes personales que moviliza, como el esfuerzo, el riesgo o la constancia. Estas pruebas, de uso generalizado en todos los ámbitos, no solo exigen recordar datos, también incluyen ejercicios prácticos y, a menudo, test psicológicos o exposiciones orales, elementos más que sobrados para determinar la idoneidad de un aspirante.
Es cierto que los empleados eventuales desempeñan sus tareas con normalidad sin necesidad de pruebas, pero difícilmente podría lograrse sin el amparo y la colaboración de compañeros previamente cualificados. En general, el conocimiento fundado y estructurado de quien supera la oposición tras formarse durante años le permitirá un enriquecimiento técnico más profundo y una práctica laboral más sólida. Por eso no entiendo que si consideramos profesional a un arquitecto, un analista web o un podólogo que han superado pruebas académicas y requisitos formales, resulte tan ajena la idea del funcionario titular como un profesional cualificado para ejercer en un organismo.
También objetan los críticos que sufragar la propia formación y disponer de un ambiente adecuado acaba por discriminar a los desfavorecidos. Desconozco de dónde sacan los datos que sustentan su acusación, pero en mi experiencia no he visto que estatus social y éxito opositor sigan una relación directa. Es más, tengo claro que el único capital verdaderamente influyente del aspirante es la suma de su voluntad y su capacidad.
Por último, aun aceptando posibilidades de mejora, las formas de selección que priorizan valores personales, logros curriculares u otros elementos subjetivos nos acercan más al elitisimo y a la arbitrariedad. Pagar un máster o atesorar un historial laboral específico gracias a unos buenos contactos podría colocar a más de uno frente a un puesto selecto en el que su perfil encaje como un guante. Y no digamos si quien lo examina tiene interés especial en tan apropiado candidato. Por el contrario, la oposición facilita la objetividad y el rigor, por eso me atrevo a defenderla como la mejor herramienta frente a las irregularidades y la mejor garantía de cualificación e igualdad en la función pública.
