Gobierno y sindicatos han cerrado este lunes el acuerdo para regular el teletrabajo en las administraciones públicas con la redacción de un nuevo artículo 47 bis del Estatuto Básico del Empleado público.
Con este acuerdo, el personal de todas las administraciones públicas contará con unas bases comunes para aportar seguridad jurídica a la prestación de trabajo mediante teletrabajo, que tendrá carácter voluntario y reversible, salvo en supuestos excepcionales.
Afectará a dos millones y medio de empleados de las diferentes administraciones central, autonómica y local. El texto regula el teletrabajo de forma estable, permanente, al margen de situaciones coyunturales como las ocasionada por la Covid-19, y garantiza la atención presencial y directa a la ciudadanía.
El acuerdo establece que esta nueva modalidad, que se ha instalado en gran parte del mercado laboral español tras el estallido de la pandemia, no podrá implicar una merma de derechos, reducción del empleo ni tampoco privatizaciones ni externalizaciones.
Además, se recogen las garantías en materia de salud laboral, protección de datos y derecho a la desconexión digital, la confidencialidad y el derecho a la intimidad.
El acuerdo recoge la voluntariedad y la reversibilidad, los criterios objetivos en el acceso y la necesidad de salvaguardar la igualdad entre hombres y mujeres
El acuerdo fomenta el uso de las nuevas tecnologías de la información y el desarrollo de la administración digital con las consiguientes ventajas tanto para los empleados públicos como para la administración y la sociedad en general. Entre otras, cabe destacar la reducción del tiempo en desplazamientos, la sostenibilidad ambiental o la mejora de la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y familiar.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA ESPECÍFICA
CCOO y UGT han incidido en que la regulación de esta modalidad para un sector concreto debe ser fruto de una negociación colectiva específica. Por ello, instan a las distintas administraciones públicas a abrir las mesas de negociación en los diferentes ámbitos para desarrollar el acuerdo.
Ambos sindicatos también han emplazado al Gobierno a un nuevo acuerdo para la mejora del empleo y las condiciones laborales de los empleados públicos.
La regulación del teletrabajo era un compromiso de legislatura, cuya ejecución se ha adelantado por la situación originada por la pandemia del COVID-19.
Gracias a este acuerdo -ha señalado el Gobierno- “el personal de todas las administraciones públicas contará con unas bases comunes para aportar seguridad jurídica a la prestación de trabajo mediante teletrabajo, que tendrá carácter voluntario y reversible, salvo en supuestos excepcionales”.
