La pandemia sigue ahí, trabando el crecimiento económico posible y retrasando el momento en el que la recuperación económica pueda considerarse asentada. El control de la pandemia determinará el cuándo, el cómo y el significado de la nueva normalidad; también, los costes que aún quedan por pagar en términos de muertes, daños físicos y mentales, empobrecimiento, desigualdad y reducción del crecimiento potencial.
La persistencia de la covid-19 en nuestras vidas y el retraso de las vacunaciones van a modificar sustancialmente las previsiones económicas sobre las que descansaban los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
Así, mientras las estimaciones gubernamentales de crecimiento del PIB en 2021 eran del 7,2% (que sumado a los efectos de los fondos europeos alcanzaba un 9,8%), las últimas estimaciones, por ejemplo, las del Panel de Funcas publicadas a finales de marzo, las rebajaba hasta un 5,9%, lo que conllevaría asociado un aumento de la tasa de desempleo de 6 décimas, hasta el 16,7%. Un extraño fenómeno, porque ese aún notable crecimiento del producto será acompañado de un pequeño aumento del desempleo, lo que solo puede explicarse a partir del paro encubierto por los ERTE, las ayudas a los autónomos y los créditos a empresas avalados por el ICO.
El déficit público se situaría en 2021 en un todavía alto nivel del 8,3% del PIB (con un significativo descenso respecto al 11% de 2020) que se traduciría en más deuda pública, desde el histórico nivel del 120% del PIB que alcanzaba al finalizar el año 2020.
Conviene recalcar que todas las cifras anteriores sobre el desempeño de la economía española en 2021 son previsiones que dependen de hipótesis subordinadas a un control relativo de la pandemia y de fenómenos nacionales y globales de incierta evolución. Pero sirven, mientras nuevas estimaciones no las desmientan, como una aproximación razonable a los escenarios que acabarán prevaleciendo. Lo más destacable, de cara a la situación de las cuentas públicas que aquí nos ocupa, es que aunque en 2021 comience la recuperación económica, con el consiguiente aumento de la recaudación fiscal, no se reducirán los grandes desequilibrios de partida: al acabar el año, el déficit público se situará muy cerca de triplicar el límite del 3% del PIB que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), mientras la deuda pública, que ya duplicaba el límite del 60% del PIB que marca dicho Pacto, volverá a crecer significativamente.
Y está bien que se produzcan fuertes incrementos del gasto público, porque han evitado que la destrucción de factores productivos y tejido empresarial hayan sido mucho más intensa. Gracias a ese déficit público del 11% en 2020, la reducción de la renta de las familias ha sido mucho menor, un 3,1%, que el hundimiento en un 10,8% del PIB y que el fuerte retroceso de los costes salariales pagados por las empresas, que fue el 8%. Gracias también al déficit público, el crecimiento del número de parados ha sido muy moderado respecto al hundimiento de la actividad económica: compárese, por ejemplo, el aumento en poco más de medio millón del número de personas paradas en 2020, hasta alcanzar un total de 3,7 millones, con el aumento de 3,6 millones durante los 5 años que duró la doble recesión sufrida entre 2008 y 2013, hasta alcanzar un total de alrededor de 6 millones de parados. Y eso que el hundimiento del PIB en 2020, de un 10,8%, fue superior en algo más de 2,5 puntos porcentuales a la caída acumulada durante los 5 años que duró la crisis financiera global iniciada en 2008.
Gracias a la intervención pública, el potencial de crecimiento de la economía española en 2021 seguirá siendo importante a pesar de las muchas incertidumbres
En resumen, el principal y más grave riesgo de la crisis de la covid-19 en 2020 no era el más que previsible fuerte aumento de la deuda pública, sino la gran destrucción de oferta y factores productivos y demanda efectiva que se habría producido si los estados no hubieran intervenido, endeudándose y multiplicando los gastos públicos. Gracias a la intervención pública, el potencial de crecimiento de la economía española en 2021 seguirá siendo importante a pesar de las muchas incertidumbres; gracias al fuerte crecimiento del gasto público, los aumentos del desempleo, la pobreza y la exclusión social en 2020 han sido muy inferiores a los provocados por la crisis financiera global de 2008 y las políticas de austeridad aplicadas. Y lo que ha valido en 2020, seguirá valiendo en 2021.
No todo se ha hecho bien por parte del Gobierno de coalición progresista; muchas de las políticas aprobadas han sido insuficientes o mejorables, pero sin el fuerte aumento del gasto público los costes económicos y sociales habrían sido mucho más intensos. Si hay algo que criticar en la gestión de la crisis realizada hasta ahora en España es que no se haya puesto más dinero público (y más control en su utilización) para reforzar la sanidad pública y acelerar la campaña de vacunación o más ayudas públicas directas para empresas viables con problemas de liquidez y para hogares cuyas rentas no les permiten llegar a final de mes. Y en este punto, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis financiera global de 2008, hay un amplio consenso académico y político que ha facilitado que las economías capitalistas más desarrolladas de la OCDE, sin excepción, hayan aumentado sustancialmente su deuda pública, que ya ronda el 140% del PIB en el conjunto formado por EEUU, Japón, RU y Zona Euro. Y lo más sobresaliente del caso es que esos altos niveles de endeudamiento público se han producido sin reducir la solvencia de los estados y sin que se hayan producido dificultades de financiación ni incrementos significativos de los gastos financieros asociados al aumento de la deuda.
¿Resucitar o cambiar las reglas fiscales comunitarias?
No hay ni un solo Estado miembro de la UE que haya osado repetir o intentado imponer las destructivas e injustas políticas de austeridad que se aplicaron a partir de 2010 en los países del sur de la eurozona. Las políticas de austeridad y las reglas fiscales que las justificaban han muerto. Las legiones de economistas liberales que las defendían se han retirado ordenadamente a sus palacios de invierno. Ni las instituciones comunitarias ni los políticos responsables de los recortes han reconocido su error o pedido disculpas por los catastróficos impactos económicos y sociales producidos; simplemente, han cambiado las medidas de austeridad por sus contrarias y han congelado las reglas fiscales que habrían impedido el crecimiento del gasto público que ha limitado los impactos negativos de la nueva recesión desatada por la covid-19. Pero la desaparición de las reglas fiscales, como en las grandes controversias teológicas en las que siempre se jugaba algo más que los asuntos espirituales que parecían ser el objeto de debate, no implica que no puedan revivir, cuando la intervención pública haya conseguido superar la crisis y las fuerzas ultraliberales consideren que es el momento de pasar a la ofensiva para resucitarlas.
Mientras tanto, nuestros economistas liberales se contentan con señalar los altos niveles que ha alcanzado la deuda pública, como si su crecimiento fuera un hecho azaroso, no evidente o ajeno a la voluntad política de afrontar la nueva gran recesión iniciada en 2020; como si ese mero señalamiento supusiera una propuesta alternativa a las políticas monetarias y presupuestarias expansivas que se han aplicado en 2020 y se seguirán aplicando en la UE en 2021 y, probablemente, en 2022. Mientras permanezcan las amenazas de nuevas recaídas o el crecimiento de la actividad económica sea frágil se contentarán con apuntar la necesidad de ir preparando planes de reducción de la deuda pública que se aplicarían cuando el crecimiento económico sea suficientemente robusto y sostenible. Entiéndase bien, no tratan todavía de iniciar un debate sobre nuevos planes de consolidación presupuestaria, solo les interesa subrayar los altos niveles de la deuda pública y echar la semilla de la necesidad de volver al cauce que indican las reglas fiscales que ahora se encuentran suspendidas.
Aunque de forma incipiente, la gran batalla para resucitar o enterrar definitivamente las reglas fiscales del PEC y sustituirlas por unas nuevas, más flexibles y compatibles con mayores dosis de solidaridad entre los Estados miembros, ya ha empezado.
Para ganar esa batalla al neoliberalismo será imprescindible mejorar el balance de las políticas monetarias y presupuestarias expansivas que se van a seguir aplicando en los próximos dos años al menos y, sobre todo, presentar buenos resultados de los avances conseguidos en la mutualización de la deuda pública y con la inversión modernizadora que facilitarán los fondos europeos. Fondos que recibirán prioritariamente las economías del sur de la eurozona que han sufrido mayores impactos por la recesión, presentan especializaciones productivas más rezagadas y deberán realizar mayores esfuerzos en las tareas de modernización de sus estructuras productivas.
Por ahora, se trata de una guerra ideológica de baja intensidad, porque la actuación del Estado en la superación de la actual crisis multidimensional es insustituible, tanto en el control de la pandemia como en la ayuda a las empresas con problemas de liquidez y el sostenimiento de la demanda de los hogares afectados por el paro y la precariedad. Y más decisivo aún en la preparación, selección, control y gestión de los proyectos de inversión destinados a desarrollar nuevos productos y actividades sostenibles, gracias a los fondos europeos.
Lo que se dirimirá en la guerrilla ideológica que observaremos en los próximos meses es la definición del marco conceptual, los límites y acentos del debate pendiente sobre la valoración de las políticas presupuestarias expansivas y, en consecuencia, sobre las reglas fiscales pertinentes para facilitar o impedir esas políticas expansivas.
BATALLA AL NEOLIBERALISMO EN MADRID
En España y, especialmente, en la Comunidad de Madrid, los políticos ultraliberales contrarios a la intervención del Estado y partidarios de la reducción de impuestos y gastos públicos guardan buena parte de su arsenal de medidas neoliberales para mejor ocasión; hasta ahora, todo su interés se ha concentrado en encauzar buena parte del dinero público que manejan hacia proyectos impulsados por los poderes económicos, religiosos o mediáticos privados que tradicionalmente les sirven de apoyo. Su acción política se concentra en enzarzarse en guerras “culturales” que les permitan polarizar el debate público (contra el comunismo, los bolivarianos, el feminismo, la ideología de género, etc.) y agudizar la confrontación social, desplazándola hacia temas en los que pueden obtener algún rédito político, evitando así dar explicaciones sobre su gestión durante la pandemia, las políticas que aplican o el destino dado al dinero público que han desviado o malgastado. Ese es el campo de la batalla electoral que han elegido el PP y Vox para ganar las próximas elecciones autonómicas del 4-M.
No convendría que los partidos progresistas madrileños se dejen enredar en la confrontación mediática y las riñas discursivas que tanto gustan a las reaccionarias y neoliberales derechas madrileñas
No convendría que los partidos progresistas madrileños se dejen enredar en la confrontación mediática y las riñas discursivas que tanto gustan a las reaccionarias y neoliberales derechas madrileñas. Lo decisivo son los hechos y las propuestas que cambian a mejor la vida de las mayorías sociales y eso es lo que hay que destacar y revalorizar en la campaña electoral. Pero no estaría de más que las izquierdas madrileñas fueran también capaces de alzar la mirada para ofrecer claves a la ciudadanía sobre lo que está en juego en Europa y la importancia de contribuir desde Madrid, con un nuevo gobierno de coalición progresista entre el PSOE, Más Madrid y UP, a la gobernabilidad y la convivencia en España y a la consolidación de los avances realizados por la UE en 2020 a favor de una mayor solidaridad entre los Estados miembros y de una financiación común de proyectos de inversión que tengan por objetivo impulsar las transiciones ecológica y digital.
No hay fórmulas mágicas que puedan resolver los grandes desequilibrios de las cuentas públicas ni los problemas económicos e institucionales que afrontan España y la UE. La pugna política democrática y la concertación entre grandes espacios políticos y sociales son las herramientas básicas para construir soluciones progresistas viables que, necesariamente, implicarán costes de envergadura, cesiones por parte de todos los participantes y amplios acuerdos trasversales. Por mucho que circulen en los medios de comunicación y las redes sociales, desconfíen de las soluciones fáciles o de aquellas propuestas que imputan todos los costes a los otros, sean esos otros países o sectores sociales. Toda solución requiere, para ser perdurable, que sus costes y beneficios se repartan con equidad, justicia y acuerdo.
Espero en un próximo artículo señalar las posibles soluciones a tres problemas que afectan especialmente a la superación de la crisis económica y a la marcha de la unidad europea en este terreno de las cuentas públicas: qué opciones existen para la futura reducción de las altas deudas públicas de los Estados miembros de la UE y, muy especialmente, de los países del sur de la eurozona; qué reglas fiscales comunitarias sustituirán a las que actualmente están suspendidas; qué reforma fiscal progresista es necesario impulsar para mejorar la especialización productiva de la economía española.
