Hay muchos ciudadanos que empiezan a preguntarse hasta dónde van a llegar el Partido Popular y sus aliados políticos y judiciales en la ofensiva que han lanzado para evitar que Pedro Sánchez sea elegido Presidente del Gobierno. Hay demasiados signos preocupantes, muy preocupantes, que nos muestran una derecha en guerra total para impedir que el Congreso de los Diputados pueda investir a un Presidente del Gobierno de izquierdas.
Humanamente hasta se puede entender la frustración, la rabia, la desesperación de Núñez Feijóo. El día 27 del pasado julio por la mañana, engañado por las encuestas que él mismo había propiciado, el político conservador se veía ya Presidente del Gobierno. Pero, sin querer reconocerlo en público, perdió la elección porque en un sistema parlamentario gana o pierde las elecciones el partido que logra o no logra formar Gobierno. Se da además la circunstancia de que Núñez Feijóo sabe que el día en que Pedro Sánchez jure su cargo empezará la cuenta atrás de su final como Presidente del partido de la derecha porque sus compañeros no le van a dejar seguir dirigiéndolo, como ya se vio con Pablo Casado. Se entiende humanamente, pues, la rabia del político gallego, pero políticamente no es admisible la asombrosa campaña bélica que está organizando y que va a dejar heridas profundas en la convivencia democrática de España, igual que las dejó en Cataluña el intento de declarar la independencia.
Hasta dónde van a llegar el Partido Popular y sus aliados políticos y judiciales en la ofensiva que han lanzado para evitar que Pedro Sánchez sea elegido Presidente del Gobierno
Ya es el momento de explicar el título de este artículo. A Núñez Feijóo y al resto de los dirigentes de la derecha y extrema derecha española la amnistía les importa poco. Lo que les importa es no acceder al Gobierno, acceso que la derecha española considera de derecho natural. Sabemos que la amnistía es un pretexto porque ya vimos actuar a José María Aznar en la primavera de 1996, donde entregó a Jordi Pujol y a Xavier Arzallus todo lo que ambos exigieron a cambio de la investidura. En este caso, la unidad de España y el freno a los nacionalismos fueron puestos en cuarentena por Aznar, que sabía que sin cesiones sustantivas no podría ser Presidente del Gobierno. La firmeza de principios de la derecha sólo es un arma contra el adversario. Núñez Feijóo no ha podido imitar a Aznar porque Vox es un lastre que le impide avanzar hacia los nacionalismos conservadores, pero hemos visto gestos desmañados, casi patéticos, por si tocaba la flauta. Sin el lastre de Vox, Núñez Feijóo hubiera firmado la amnistía y dos más que le hubieran pedido.
Como las derechas españolas parecen convencidas de que Pedro Sánchez será investido, han decidido iniciar una guerra en toda regla que difícilmente van a ganar, pero va a dejar muy deteriorada a la democracia española. Y para ello han tomado la amnistía como instrumento de lucha, de desgaste y hasta de destrucción del enemigo de la izquierda. Cinco grandes frentes de batalla han abierto las derechas políticas (Partido Popular y Vox) y judicial para impedir el futuro Gobierno de coalición.
El día en que Pedro Sánchez jure su cargo empezará la cuenta atrás de su final como Presidente del partido de la derecha
El primer frente es el de la opinión pública. Con apoyo de juristas de derechas y de algunos antiguos militantes de la izquierda hoy entregados (cuando no vendidos) a la derecha, el Partido Popular ha montado una monumental campaña mediática destinada a hacer creer a los ciudadanos que: a) la amnistía a los dirigentes independentistas es inconstitucional; b) esa amnistía va a romper España; y c) esa amnistía quiebra la igualdad de los españoles. Todos esos argumentos jurídicos son falaces, pues la amnistía ni es inconstitucional ni rompe España (al revés, la fortalece en Cataluña). Aquí están desempeñando un papel principal los tradicionales diarios de la derecha madrileña (ABC, El Mundo, La Razón) que se han convertido en medios intoxicadores y agresivos que empiezan a poner en peligro la democracia (ABC ya lo hizo durante la Segunda República hasta convertirse en el diario golpista que más propició la guerra civil) porque sirven de resonancia al discurso hiperbólico de Núñez Feijóo, de Abascal y de sus colaboradores.
El segundo frente es el de la calle. Los citados ABC, El Mundo y La Razón han anunciado que la derecha quiere tomar la calle y, por de pronto, Núñez Feijóo dedica los fines de semana a dar mítines en lugares públicos de municipios gobernados por su partido. Estaba calentando motores para una acción mucho más reprobable que ya ha empezado, que es manifestarse ante las sedes del PSOE, empezando por la sede la Ejecutiva Federal en Madrid, en la calle Ferraz. No es la primera vez porque en la primavera de 2008, frustradas por haber perdido las elecciones, las derechas madrileñas estuvieron manifestándose ante la sede socialista de Ferraz. Pero ahora la acción es más agresiva y además ha traspasado varias líneas rojas, como la guerra de guerrillas de la noche del 7 de noviembre y el hecho sorprendente de que por vez primera en la democracia el máximo dirigente de un partido parlamentario (y no residual), Santiago Abascal, ha acudido a manifestarse ante la sede de un partido con el que convive en las Cortes. Es un precedente peligroso que no sabemos cómo va a acabar por la gravedad en sí misma y por la respuesta del Partido Popular que condena los hechos, pero los justifica por la conducta del Gobierno y del PSOE. Por cierto, que ante estos graves hechos de impulso genovés y de ejecución fascista no hemos visto una sola protesta de los antiguos militantes de la izquierda que tan preocupados están por la democracia.
La firmeza de principios de la derecha sólo es un arma contra el adversario. Feijóo no ha podido imitar a Aznar porque Vox es un lastre que le impide avanzar hacia los nacionalismos conservadores
El tercer frente que las derechas han abierto para impedir la investidura de Pedro Sánchez es éticamente reprobable. Es el intento de dividir al PSOE con mensajes de socialistas buenos que representan al PSOE de los años ochenta y noventa. Como se ha visto en la consulta de la semana pasada, la inmensa mayoría de los militantes socialistas apoya el acuerdo con los independistas, entre otros motivos porque ese acuerdo corta el paso a un Partido Popular cada vez más extremista. Pero el hecho de los intentos populares (con la complicidad de su prensa adicta) de división dentro del PSOE no tengan ningún éxito, no resta gravedad a un procedimiento que rompe principios constitucionales porque dividir a un partido supone vulnerar el artículo 6º de la Constitución que los protege y que otorga relevancia en la vida política y parlamentaria. Es cierto, también, que sólo un grupo ínfimo de militantes y ex militantes se está prestando a esa operación, pero no importa la cantidad sino la intención destructiva de la derecha.
El cuarto frente es quizá el más peligroso a la larga. En pocos días hemos visto a un Consejo General del Poder Judicial en prórroga desde hace cinco años adoptar un acuerdo de contenido injurioso sobre algo que aún no existe. ¿Desde cuándo los juristas actúan a partir de rumores y no de textos jurídicos? Al pronunciamiento, seguramente ilegal, del debilitado órgano de gobierno del Poder Judicial se ha añadido la sorprendente imputación que ha acordado el polémico Magistrado García Castellón (con tantas actuaciones que favorecen al Partido Popular) contra Puigdemont y Marta Rovira por delito de terrorismo. Sobre unos hechos ocurridos hace seis años que al Magistrado de la Audiencia Nacional se le ocurre resolver la semana que están negociando la investidura el PSOE y Junts. Demasiada casualidad. Y todavía la derecha política y la derecha judicial hablan de despolitizar la Justicia, en el sentido de hacer mucho más corporativa su gestión. La coincidencia del acuerdo ilegal del Consejo General del Poder Judicial y de la imputación del Magistrado García Castellón nos da indicios de una operación diseñada por alguien para intentar que la investidura fracase.
La coincidencia del acuerdo ilegal del CGPJ y de la imputación del Magistrado García Castellón nos da indicios de una operación diseñada para intentar que la investidura fracase
El quinto y último frente de oposición a la investidura es el del Senado. Como los republicanos estadounidenses con la Cámara de Representantes, la derecha española utiliza el Senado en su guerra contra Pedro Sánchez, como vimos hace unos días con la convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas con un orden del día inconstitucional a propósito de la aún no decidida ni formalizada amnistía. En los próximos días veremos más iniciativas de una Cámara, como una reforma de su Reglamento para retrasar la tramitación de iniciativas legislativas provenientes del Congreso e impedir que sean declaradas de urgencia.
Estos cinco frentes (como las cinco columnas del Ejército rebelde de que habló el General Mola) están erosionando la democracia, abriendo brechas muy serias en la sociedad y, sobre todo, están dirigidos a impedir que se aplique la Constitución y se celebre la investidura. Con el pretexto de la amnistía, la presión de la derecha está orientada a impedir que se forme un Gobierno de izquierda y a obtener la celebración de nuevas elecciones, a que el Congreso no ejercite sus funciones. Es la misma forma de actuar que Trump y Bolsonaro, pero con carácter preventivo: los derrotados Presidentes de Estados Unidos y Brasil actuaron después de la elección de sus competidores, en tanto que la derecha española actúa antes de la investidura parlamentaria para impedirla. ¿Hasta dónde va a llegar esa presión?
