La intervención de Pedro Sánchez en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE del 28 de octubre ha aclarado la voluntad de este partido de incluir en el pacto de investidura la amnistía por los delitos cometidos por los independentistas durante el proceso de declaración de independencia en Cataluña en el otoño de 2017. La prensa y los políticos llevan semanas hablando de la amnistía y es el pretexto que ha tomado la derecha para aflorar su frustración por los resultados electorales de julio de 2023, resultados que lo alejan del Gobierno que creía tener ya entre las manos. Habrá ocasión de explicar los rasgos jurídicos de la amnistía cuando se hagan públicos sus perfiles jurídicos, aunque ya es hora de adelantar, frente a los juristas que se han puesto al servicio de la derecha, que la Constitución no prohíbe de entrada la amnistía y que el hecho de que no se mencione la amnistía en el texto constitucional no significa que esté vedada: la Constitución tampoco menciona los tomates ni el melocotón en almíbar y no por eso está prohibido su consumo.
A mi juicio, toda la intervención de Pedro Sánchez descansa sobre una idea que conviene valorar. La intervención del Secretario General del PSOE puso el acento en una idea que es la primera que debemos poner por delante: con la amnistía es posible formar un Gobierno progresista de coalición en España y sin la amnistía es posible que se forme un Gobierno de coalición Partido Popular–Vox, donde este último partido desempeñaría probablemente una función directiva superior a los escaños con que contaría, como estamos viendo en algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Eso es lo que está latiendo detrás de la amnistía que el PSOE y Sumar quizá pacten con Esquerra Republicana y con Junts.
La Constitución no prohíbe de entrada la amnistía y que el hecho de que no se mencione la amnistía en el texto constitucional no significa que esté vedada
El sistema de partidos en España se ha transformado radicalmente desde diciembre de 2015, hasta el punto de que en 2016 y 2019 hubo que acudir a segundas elecciones tras el fracaso de la investidura de varios candidatos. Desde entonces, el marco político español se ha articulado en torno a dos polos que es de las posibles coaliciones de uno de los dos grandes partidos (Partido Popular y PSOE) con otros menores (en la izquierda Sumar y antes Podemos y en la derecha Vox), con el eventual apoyo parlamentario de otros partidos territoriales de menor importancia en número de escaños. Ese es el panorama político español de cara a formar Gobierno en la actualidad. Por consiguiente, sólo cabe que gobierne la izquierda de PSOE y Sumar o la derecha del Partido Popular y Vox.
En esa alternativa, y después del fracaso de la investidura de Núñez Feijóo, la izquierda puede gobernar si logra pactar una amnistía (cuyos rasgos jurídicos aún no se conocen) con los dos partidos independentistas catalanes (Junts y Esquerra Republicana). Es posible que la idea de amnistiar a los dirigentes que pusieron en marcha la ruptura unilateral de Cataluña a través de las dos Leyes de independencia de septiembre de 2017 y el subsiguiente referéndum unilateral del 1 de octubre repugne a muchos demócratas. Pero el principio de realidad manda: o aceptamos la idea de una amnistía, que en todo caso será conforme a la Constitución, o asumimos que puede gobernar el Partido Popular en coalición con Vox, con muchas posibilidades de que sea Vox, a pesar de ser el partido minoritario de la eventual coalición, quien marque la agenda de ese Gobierno. Dicho de otra manera: o aceptamos una amnistía conforme al ordenamiento vigente o aceptamos un Gobierno de derecha/extrema derecha que se dedicará, por presión de Vox, a desmantelar la democracia que estableció la Constitución de 1978. No caben terceras vías.
O aceptamos una amnistía conforme al ordenamiento vigente o aceptamos un Gobierno de derecha/extrema derecha
No cabe, por supuesto, una coalición Partido Popular/PSOE porque el partido de la derecha se tiró al monte en junio de 2018, no asumió una moción de censura que era constitucional y políticamente legítima, entró en la dialéctica schmittina amigo/enemigo y está en guerra con los sucesivos Gobiernos presididos por Pedro Sánchez. No se puede pedir a un partido que gobierne con quien le ha declarado la guerra, niega la alternancia democrática y no tiene otro discurso que el de deslegitimar a los Gobiernos de la izquierda y acusarlos de dictatoriales (el 30 de octubre lo reiteró la Secretaria general y Portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, que otra vez volvió a acusar de dictatorial al eventual Gobierno de la izquierda).
Además de esta primera consideración, la idea de amnistía nos lleva a otro escenario igualmente importante, que es la pacificación de Cataluña. Ya sabemos el programa político de Vox sobre Cataluña, que impondría a un posible Gobierno de Núñez Feijóo una política de confrontación y de represión que podría conducir, ahora sí, a la independencia. Frente a esa opción, que es tan rupturista y unilateral como de la Junts y de Esquerra, la idea de amnistía que lanzó Pedro Sánchez el pasado 28 de octubre ofrece dos elementos a tener en cuenta. En primer lugar, como ocurrió hace unos meses con el indulto de los condenados por la operación independentista, ese tipo de medidas debilita política y electoralmente a los partidos independentistas porque atenúa el victimismo que éstos difunden. Y, en segundo lugar, transmite a la opinión pública catalana que el Estado, a diferencia de los independentistas, afronta con medidas jurídicas el sentimiento de despego que una parte de los catalanes vive hacia el resto de España: les trasmite la idea de que el Estado democrático puede afrontar las disfunciones que se originan y se enquistan en las Comunidades Autónomas.
Ese tipo de medidas debilita política y electoralmente a los partidos independentistas porque atenúa el victimismo que éstos difunden
Por otra parte, el Partido Popular es el menos indicado para criticar medidas apaciguadoras en Cataluña, pues los pactos de Aznar con Pujol sacaron a la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña, dieron más impuestos a la Generalidad, disolvieron la figura de los Gobernadores Civiles (¡en toda España!) y hasta eliminaron el servicio militar obligatorio porque así lo exigió Convergència i Unió. Y tampoco está legitimado el Partido Popular para criticar medidas de apaciguamiento cuando el Gobierno de Rajoy, por desidia y por mal cálculo político, fue incapaz de impedir que el Parlamento de Cataluña aprobara dos Leyes de ruptura y el Gobierno catalán convocara un referéndum inconstitucional. Hay que pedir a Núñez Feijóo y a todo su partido más humildad y más honestidad frente a un Gobierno, el de Pedro Sánchez, y unos partidos, PSOE y Sumar, que tratan de arreglar los destrozos que provocó la desidia y la torpeza de Rajoy.
En todo caso, una amnistía conforme a la Constitución es hoy por hoy la única garantía de que no se forme un Gobierno de la derecha, donde el verdadero impulsor de su política sería Vox. Es legítimo que los votantes de la derecha prefieran el Gobierno de los Populares y de Vox, pero que nadie nos engañe desde una supuesta izquierda criticando la amnistía porque, aunque no se diga, rechazar ésta es votar por un Gobierno de preponderancia de Vox que, este sí,trataría de debilitar la democracia española. La amnistía conforme a la Constitución, como antes el indulto, no debilita a la democracia española, pero un Gobierno Partido Popular/Vox sí la pone en peligro. Que cada cual elija la opción política que prefiera, pero sin subterfugios.
