El hecho de que para toda la comunidad madrileña haya sólo tres centros públicos, para atender a las 4000 familias, muestra la dificultad añadida que existe para ir hasta el fondo en la solución del problema

La situación de niñas y niños cuando sus progenitores entran en conflicto es muy grave, por lo que es necesaria una exhaustiva investigación para comprobar los desajustes y perjuicios que sufre la infancia y adolescencia cuando esta situación se produce. Es urgente aclarar la atención que se viene prestando en los centros de acogida (casi todos en manos privadas) y las posibles consecuencias posteriores. Investigación que se debe exigir a la Comunidad de Madrid.

Diversos colectivos de madres, abuelos, abuelas y de adolescentes internados en Centros de Menores, vienen denunciando diversos problemas, además de retrasos en los trámites de gestión; retrasos que introducen mayor inseguridad en la ya traumática situación vivida por dicha infancia y adolescencia. Algunos colectivos comenzaron a recabar información sobre los centros conocidos como PEF (punto de encuentro Familiar) encontrándose con una realidad lamentable.

La Consejería de Asuntos Sociales reconoce que, "se ha podido constatar un incremento en los últimos años de los casos de violencia ascendente en el entorno familiar, que no tienen su origen en causas económicas sino en una creciente disfuncionalidad en las relaciones paterno-filiales, fruto de la complejidad de nuestra sociedad actual y que ha supuesto un reto para los servicios sociales y demás instancias intervinientes en el ámbito de la protección del menor".

Los técnicos también reconocen la disfuncionalidad de las relaciones entre progenitores y sus hijos y la necesidad de apoyar a los niños/niñas y a sus familias, como reproduce la Cadena Ser.

A pesar de dicho reconocimiento, la Comunidad de Madrid ha cerrado la mayoría de los puntos de encuentro públicos. Dichos puntos de encuentro acogían más de 850 familias para cumplir el régimen de visitas fijados por el juez, en los casos de separaciones conflictivas. A fecha de hoy, estos son los que aparecen en la propia página de la Consejería:

CAEF ALCORCÓN-MÓSTOLES: Av. de los Castillos s/n(Castillo Grande), 28924 Alcorcón.

CAEF MAJADAHONDA-LAS ROZAS: Av. Guadarrama, 34, 28220 Majada Honda.

CAEF MARIAM SUÁREZ: C/ Donoso Cortés 27, 28015 Madrid.

El hecho de que para toda la comunidad madrileña haya sólo tres centros públicos, para atender a las 4000 familias, muestra la dificultad añadida que existe para ir hasta el fondo en la solución del problema. Máxime cuando el número de menores atendidos por los servicios sociales no deja de aumentar. Los testimonios de madres que han pasado por los servicios sociales, indican la necesidad de una investigación que no podrá hacerse sin la colaboración de la administración y de las personas de buena voluntad capaces de pensar en la infancia más que en sí mismos.  

Hace años, el periodista Jaime Barriento avisó de las consecuencias que tenían para los jóvenes las malas prácticas de determinadas empresas que operaban en el campo de los centros de menores. De la cumplida información que ofrecía la revista extraemos algunos fragmentos:

“La atención a los menores con problemas legales, de drogas o de conducta está llenando los bolsillos de empresarios nada expertos en el tema. Banqueros, constructores y hasta políticos se han metido en un negocio boyante”. (…)

En España hay unos 11.000 menores en residencias y pisos de acogida. Enrique Martínez Reguera, psicólogo y educador con treinta años de experiencia con niños y jóvenes marginados, da algunas cifras: “El cuidado de estos niños aporta, de media, 3.800 euros por chico y mes, y si se trata de un centro público, en torno a 9.000. (…) De los 58 centros terapéuticos existentes en España, 55 están en manos de entidades privadas. Dianova y O’Belén acumulan 12 de ellos. Entre ambas instituciones gestionan cada año unos 17 millones de euros (unos cinco Dianova y cerca de doce O’Belén). Más del 90 por ciento de este dinero procede del pago en concepto de servicios sociales que les aportan las administraciones”.(…)

Según José Luis Calvo, de Prodeni, Asociación de Defensa de los Derechos de los Niños, “tienen órganos de gobierno desproporcionados, con numerosos cargos directivos, cuyos sueldos, coches oficiales y comidas salen de las subvenciones que reciben de la Administración por gestionar los centros de menores”. Saquen ustedes sus propias conclusiones.

Los informes redactados por los gabinetes psicosociales, son casi siempre parciales y sin un protocolo oficial que se ciña a las circunstancias concretas de cada familia. Conviene tener en cuenta que las familias sometidas a estas situaciones se cierran a la hora de dar detalles o nombres por miedo a ser represaliadas. Hay un aspecto que es sangrante para dichas familias, como es el hecho de que no suelen ser informadas de la retirada de sus criaturas, ni de los pasos que deben dar jurídicamente para recobrarlas, si es que lo desean. La familia suele ser tratada, de antemano, como peligrosa, sin un análisis minucioso de las causas que han motivado la situación que se pretende subsanar. 

En muchos casos, la causa que motiva la pérdida de tutela de hijos e hijas es por falta de recursos económicos, y no por falta de amor o porque exista un situación conflictiva en la pareja. Si se tiene en cuenta que LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL, la Administración debería dotarla de la protección necesaria para que dicho derecho se haga efectivo, descartando la separación del núcleo familiar.

Ante la separación en dichas circunstancias, el desamparo que se produce en la familia es total, ya que el intento de recuperar a sus hijas o hijos se hace prácticamente imposible. Sabemos que la vía judicial es larga y costosa y dichas familias carecen de recursos económicos.

Las mujeres procedentes de violencia machista saben que si van a un piso tutelado corren el riesgo de que se les quiten a sus hijos o hijas, por lo que, a veces, se quedan junto al maltratador para no perderles. En estos casos se produce un desamparo total y con el agravante de que la mujer pueda ser asesinada.

Por otro lado, los datos de las adopciones que se realizan en los centros de acogida (en su mayoría privados) también son opacos. La Ley establece que quienes adoptan guarden un riguroso turno de antigüedad, pero a pesar de ello hay familias que han estado seis o siete años para lograr la adopción, observando cómo se entregan en adopción niñas y niños a familias de reciente inscripción.

En los casos de familias monoparentales (generalmente mujeres), una vez que las criaturas son separadas de la madre, la administración se desentiende de ella. No recibe ningún tipo de auxilio psicológico que le ayude en la dura etapa que tiene que afrontar, entrando así en una espiral de desamparo de la cual será difícil salir.

Sobre la gestión de los llamados Gabinetes Psicosociales se  cierne la sospecha, ya que colaboran con los juzgados de familia, aunque no está claro si estos profesionales salen de algún tipo de oposición general o restringida o si de nutren de bolsas de empleo, sin control alguno. Se debe evaluar qué relación tienen esos asesores con los juzgados donde se emiten los dictámenes que dan o quitan las patrias potestades y las custodias. Urge una exhaustiva investigación, para posteriormente dar solución a este grave problema, donde la infancia es la principal afectada.