viernes 10.07.2020

La trastienda

Es fácil comprender el espanto que se está viviendo ante la avalancha de muertes que se está produciendo en las residencias de mayores en toda España, especialmente intensa en la Comunidad de Madrid. Espanto que se suma al dolor de la pérdida, la angustia de la soledad ante la muerte de aquellos a quienes amamos y no hemos podido acompañar con un último gesto de reconocimiento y gratitud.

Será más complicado enfrentarse al sentimiento de culpa que aflorará cuando ese espanto por la perdida en esas condiciones inimaginables, de paso al duelo para poderla superar.

De los aproximadamente 183 órganos de participación de familiares que deberían haberse constituido en las residencias públicas y concertadas desde que se promulgó la ley en 2003 en la Comunidad de Madrid, tan solo se han constituido 11

Un sentimiento de culpa asociado a si realmente hicimos lo necesario para garantizar el bienestar de nuestros padres y abuelos o nos conformamos con la apariencia de ese bienestar que ofrecían excelentes recepciones de comodísimos sofás y habitaciones individuales y muy luminosas que nos procuraban una “verdad” en la que poder justificar la decisión de que mejor que allí no iban a estar en ningún sitio.

Sobre esa “verdad” descansa el negocio de las residencias privadas de mayores, que durante 2020 gestionarán en la Comunidad de Madrid 31000 plazas del total de las 52030 ofertadas a un coste medio de 2000 euros mensuales, mientras la pensión media para este año se sitúa en 1050 euros, descendiendo esta cantidad hasta los 720 euros para los 2,3 millones de viudas que hay en España.

Un negocio en el que la explotación de los trabajadores tiene consecuencias nefastas para la vida y el bienestar de los residentes.

Las claves de esta explotación las daba en estas mismas páginas en fechas recientes Luis Paramo, miembro del movimiento ”La Marea de Residencias”, que situaba en 0,15 la ratio de número de trabajadores por residente. Es decir, cada gericultora o gericultor se hacen cargo durante su jornada laboral de entre 10 y 15 residentes, buena parte de ellos grandes dependientes. Las consecuencias las describe así Miguel Vázquez director de la revista 65yMas.com; “la atención, se resiente. Es una forma de maltrato. Se producen caídas, accidentes, no se presta la debida ayuda para la higiene, la alimentación, el aseo personal, se extravían prendas, prótesis, no existe la adecuada asistencia sanitaria o farmacéutica, así como la vigilancia o cuidado especial que necesita el residente, se producen escaras y úlceras por presión por no realizarse los cambios posturales debidos, ingresos hospitalarios desnutridos y deshidratados y con infecciones de orina, por no efectuarse los cambios de pañales necesarios o por no llevarles al servicio, porque los trabajadores no dan abasto”.

Después de esta descripción, cuesta trabajo escuchar estos días a la patronal del sector sobreactuando. Sus trabajadores ya se dejaban la vida por los residentes mucho antes de la pandemia, ahora además de dejársela, se la juegan.

En todas las actividades relacionadas con los servicios sociales, especialmente aquellas que están dirigidas a las personas más vulnerables y dependientes, como es el caso de las Residencias de Mayores, las condiciones laborales cobran una especial relevancia, sobre todo aquellas que están directamente relacionadas con los cuidados más profesionalizados y aquí es urgente dotar a las plantillas del suficiente personal titulado de atención directa y de enfermería, del que hoy carecen, muchas de sus funciones las están realizando  las gericultoras/es de forma habitual, cuando la ley solo permite que las realicen en situaciones de verdadera excepcionalidad.

No soy optimista, pero espero que la estela de pavor que va a dejar esta crisis sin precedentes en las residencias mueva a familiares y usuarios a trascender las recepciones y las habitaciones luminosas y su nivel de implicación y de exigencia tenga el mismo poder de contagio que está teniendo el virus.

No hace falta volverse loco, basta con observar este último dato que facilita Miguel Vázquez en 65yMás.com “de los aproximadamente 183 órganos de participación de familiares que deberían haberse constituido en las residencias públicas y concertadas desde que se promulgó la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, tan solo se han constituido 11.

Como la ley la aprobó el PP esta exigencia no rige para las Residencias Privadas. Obliguémoslas también a constituirlos.

La trastienda